Para la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, el requerimiento de impedimento de salida del país para la ex primera dama Nadine Heredia y otros 17 imputados en el Caso Gasoducto del Sur es una medida limitativa de derechos no tan intensa, por lo que ratificó su justificación, necesidad e importancia.
“Todos ellos tienen posibilidades económicas, diversas salidas de país. La investigación es compleja, los hechos son graves y justifica esta medida”, manifestó Mori este viernes luego de la culminación de la audiencia en la que el juez Jorge Chávez Tamariz evaluó su solicitud.
En la sesión de este viernes se continuó con la réplica y dúplica en torno a cuatro imputados. Así, intervinieron los abogados de Juan Valdivia Romero, ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García; Luis Zavaleta Vargas, exdirector de Hideocarburos del Ministerio de Energía y Minas en la gestión de Ollanta Humala; Constantino Galazar, actual vicegobernador del Callao quien, según la fiscalía, habría recibido dinero de Odebrecht a través de una offshore; y el empresario Manlio Alessi Remedi. Todos ellos pidieron al juez que desestime el pedido fiscal.
En esta ocasión no estuvo presente Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, pues culminó sus alegatos el lunes pasado. Aseveró que su patrocinada no tiene ninguna intención de salir del país —ya que, entre otras razones, tiene citas médicas programadas— y descartó que ella busque obstaculizar la investigación. Consultada sobre esa posición luego de la última sesión, la fiscal manifestó a El Comercio: “Flexibiliza la medida, no sería tan intensa la vulneración al derecho fundamental, sería más bien leve esta intervención”.
Chávez Tamariz adelantó que el próximo lunes notificará a las partes para convocar a una audiencia el siguiente jueves o viernes a fin de emitir su resolución vía oral, que será, según dijo, un “pronunciamiento moderado y razonado por la alta complejidad del caso”. “El nivel de comprobación va a desarrollarse en lo que es un ámbito embrionario. He buscado precedentes relacionados con impedimento de salida del país en estadio de investigación preliminar, pero no he encontrado, creo que hay alguno por ahí. Pero los niveles deben ser construidos. Así que este va a ser uno de los primeros o de repente el segundo, pero sobre todo con este nivel de verificación y técnico”, refirió.
A Nadine Heredia y otros investigados se les imputa un presunto acto colusorio para favorecer a la empresa Odebrecht. En el caso específico de la ex primera dama, la representante del Ministerio Público le atribuye presuntos actos de ejecución en el gobierno de su esposo precisamente para favorecer a la constructora brasileña. Además, la responsabiliza de haber tenido injerencia en el proceso de licitación a través de la designación y nombramiento de ministros, concretamente de Eleodoro Mayorga en la cartera de Energía y Minas.
—Vence plazo de investigación preliminar—
Mori coincidió en que se trata de un caso complejo porque tiene aspectos técnicos. Pero precisó que ello queda en segundo plano considerando que se está en diligencias preliminares.
“La ley permite el impedimento de salida de país para asegurar a los investigados en este estadio, que es con fines de averiguación de la verdad, que es diligencias preliminares”, insistió.
En esa línea, consideró que es urgente que se dicte el impedimento de salida del país para Nadine Heredia y los demás investigados, puesto que el 2 de febrero vence el plazo para la investigación preliminar y quedan diligencias pendientes. Entre estas se encuentran la nueva declaración que darán Jorge Barata y otros exfuncionarios de Odebrecht a fines de este mes. Agregó que la fiscalía busca programar más interrogatorios posteriormente.
“Este caso está próximo a vencer en febrero, la primera semana. Estamos tratando de avanzar lo máximo que se puede. Hay muchas diligencias programadas, principalmente de los funcionarios de Odebrecht, que van a tener que revelar de qué manera se han modificado las bases para que sea adjudicada la concesión”, manifestó.
Consultada por cuándo se formalizaría la investigación para pasar a fase preparatoria, respondió: “Tenemos que evaluar toda la documentación que venimos recabando, es bastante la información que viene acoplando”.
Como se sabe, la investigación de la fiscalía comprende la adjudicación de la obra en el 2008 inicialmente al consorcio Gasoducto Andino del Sur —a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas, que luego fue adquirida por Odebrecht— y después el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó la constructora brasileña.
“Nuestra tesis fiscal es que detrás de esta empresa Kuntur está la empresa Odebrecht”, dijo Geovana Mori durante la audiencia.