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La vinculación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, al Caso Gasoducto Sur Peruano, data de febrero del 2017. Por entonces, el fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción, inició una investigación preliminar contra la ex primera dama y otras personas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Posteriormente, la pesquisa fiscal siguió su curso. Y ya bajo la tutela del equipo especial Lava Jato, fue la magistrada Geovana Mori quien el último 27 de febrero del 2020 dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Heredia Alarcón y otros bajo los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado, por un plazo de 36 meses. El Comercio tuvo acceso a dicho documento.
En esta etapa del trabajo del Ministerio Público, a la ex primera dama se le atribuyen los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Un aspecto que puede incidir en su situación legal y la tesis fiscal gira, además, en torno a las declaraciones que ex directivos de Odebrecht brindan este martes y miércoles a fiscales peruanos precisamente por el presente caso.
Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, y Rodney Carvalho, exdirector ejecutivo del Consorcio Gasoducto Sur Peruano, son dos de los interrogados.
¿Cómo se ha llegado a tales imputaciones? A continuación, algunos aspectos claves en torno al caso por el cual se ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla.
El proyecto
La iniciativa para transportar gas natural desde La Convención (Cusco) hasta la central térmica de Ilo, cruzando los Andes, responde a un ambicioso proyecto de ingeniería que tuvo como punto de partida la solicitud de la empresa Latin Energy Global S.A.C., en marzo del 2008, para que se le otorgue la concesión del proyecto Gasoducto Sur Andino (o Kuntur). Posteriormente, suscribió un contrato de inversión con el Estado por US$1.330’112.124.
El 1 de abril del 2011, Latin Energy Global S.A.C. pasa a manos de Odebrecht y cambia de nombre a Kuntur Transportadora de Gas. La constructora brasileña adquirió el 51% de acciones de la otra compañía.
Por aquel entonces, el país se encontraba en plena campaña electoral presidencial, resultando ganador Ollanta Humala. En este punto, el documento fiscal recuerda: “Es de conocimiento público que durante la campaña electoral, la empresa Odebrecht hizo entregas de dinero a los candidatos presidenciales, proveniente de la División de Operaciones Estructuradas - Caja 2, siendo mencionado entre ellos Ollanta Humala Tasso; y que según la versión de Jorge Enrique Simoes Barata, los financiamientos de campaña permiten abrir la puerta para tener acceso al gobierno, lo que conllevó a entablar reuniones con Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia”. En otro punto, añade que Humala y Heredia “instrumentalizaron el aparato estatal para favorecer a la empresa Odebrecht”.
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Las acusaciones de corrupción sobre la construcción del Gasoducto Suer Peruano, en la que estaría involucrada Odebrecht, y la posterior demanda de la constructora brasileña contra el Estado por US$1.200 millones, se han convertido en una imagen de la corrupción en el país. (El Comercio / Archivo)
El contrato de concesión por el Gasoducto Sur Andino fue objeto de solicitudes de modificación y, finalmente, no se llegó a ejecutar y fue resuelto. Sin embargo, el gobierno de Humala anunció en el 2012 la convocatoria para el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Dos años después, tras la descalificación de su competidor Gasoducto Peruano del Sur, se otorgó la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht. El acuerdo se firmó en julio del 2014.
Actualmente, el proyecto está paralizado. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió en enero del 2017 dar término a la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que también integraron Enagás y Graña y Montero. Esto debido a que la corporación no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro de plazo previsto, incluso tras dos prórrogas, lo que estaba previsto en una causal del contrato. En medio, además, estaba el estallido del escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht en nuestro país.
ProInversión está a la espera de que la consultora Mott McDonald determine las condiciones para el desarrollo del proyecto, ahora conocido como Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), y su futura licitación.
Los delitos imputados
¿Cuál es el rol de Nadine Heredia en la trama ilícita, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía? Ello se desprende de las imputaciones en torno a dos delitos. El primero es por presunta asociación ilícita para delinquir, pues se le imputa el “haber liderado” junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, una “organización enquistada en el gobierno central, durante el período 2011-2015, cuya finalidad ilícita habría sido la comisión de delitos contra la administración pública”.
El segundo delito imputado es colusión agravada, puesto que “por delegación” de Humala, “habría gestionado desde el Poder Ejecutivo reuniones con representantes del grupo empresarial Odebrecht, con quienes habría concertado en perjuicio de patrimonio del Estado”, ello en torno al proyecto del gasoducto.
En este punto, la fiscalía le atribuye la condición de “funcionaria pública de facto y/o de hecho, por delegación de funciones” de parte del exmandatario.
Para tales fines, la fiscalía también señala que se habría “instrumentalizado” al Partido Nacionalista Peruano. Además, la fiscalía ubica a Heredia y Humala en el primero de tres niveles de una presunta organización criminal.
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El protagonismo de Heredia
De acuerdo a la fiscalía, como parte del proceso para la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano, los miembros del Consejo Directivo de ProInversión “mantuvieron comunicación y reuniones con representantes de la empresa Odebrecht, en algunas oportunidades participaba la primera dama Nadine Heredia Alarcón”.
El protagonismo de la ex primera dama también se desprende del testimonio que dio Jorge Barata el 12 de diciembre en Curitiba (Brasil) ante fiscales peruanos. El empresario aseveró que se reunió “como cuatro veces” con Heredia y detalló que en los encuentros “se buscaban minutos para poder hacer quejas y hablar de la situación del gasoducto”.
Acotó que en los diálogos, en los que también participaban ministros, se abordaban las dificultades del proyecto y resaltó que Nadine Heredia “tenía un nivel de conocimiento sobre la licitación que permitía realizar las conversaciones con ella”. “No sabría decir qué fue solucionado, pero se hacían las gestiones. Al final no se sabía quién fue quien ayudó si todos ayudaron”, dijo en otro momento.
La fiscalía también sostiene que Heredia tuvo intromisión en la designación de funcionarios.
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Medida restrictiva
En enero pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dictó una orden de impedimento de salida del país por 12 meses para Nadine Heredia en el marco del presente caso.
La fiscal Geovana Mori sustentó en su requerimiento que Nadine Heredia habría favorecido a Odebrecht en la licitación de la obra valorizada en más de US$7.000 millones.
El juez consideró que el acuerdo entre Odebrecht y Graña y Montero para que esta última pase a ser socia oculta de la firma brasileña en torno al proyecto, ante un reclamo de Nadine Heredia contra la empresa peruana, “evidencia el poder de la investigada en mención sobre el referido proyecto”.
La defensa legal de Heredia presentó una apelación, que fue evaluada a inicios de marzo por la Sala Penal Anticorrupción. Está pendiente conocer la resolución.
La posición de la defensa
El abogado de Heredia, Jefferdon Moreno, descartó que su patrocinada haya tenido algún tipo de injerencia en el proyecto del gasoducto y aseveró que tampoco ha participado de reuniones en torno a la licitación de la obra.
“Como no tiene ningún cargo han dicho que es una funcionario de facto, pero ella no ha ejercido ninguna función, no puede ser una funcionaria de facto. La ley indica que para que haya un funcionario de facto primero se tiene [que] haber formalizado un cargo. Luego que el investigado desempeñe otro cargo distinto, pero en este caso no se cumple ningún punto”, declaró a Canal N la semana pasada.
Quien se ha pronunciado también es el expresidente Ollanta Humala. En TV Perú el último jueves 5, rechazó el término “funcionaria de facto” atribuido por la fiscal Mori a su esposa y sostuvo que el cargo de primera dama que esta ejerció fue “honorífico”.
“Rechazo el término organización criminal a un gabinete que se ha sacrificado por el bienestar del país. Rechazo el término de funcionario de facto, eso no existe para el cargo honorífico de mi esposa, que era el de primera dama […] Mi esposa no ha cobrado un solo sol del Estado, no ha sido funcionaria pública”, dijo.
Respecto a la presunta injerencia de Heredia en el proceso de licitación, refirió: “Lo importante es preguntarse si en alguna de estas reuniones hay alguien que haya dicho que mi esposa ha querido torcer, hacer un acto colusorio. Ninguno. Quieren criminalizarla porque asistió a una reunión. Lo importante aquí es cuál fue el carácter o la conducta de ella si es que participó en la reunión”.
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Nadine Heredia y Ollanta Humala. (Foto: Archivo)
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Los US$3 millones
En junio del 2019 se reveló que los archivos de la División de Operaciones Estructuradas —la oficina encargada del pago de coimas— de Odebrecht tenía en sus registros pagos por US$3 millones de dólares vinculados al Gasoducto Sur Peruano.
El portal “Convoca” dio cuenta de que se trataban de 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, y que en total suman US$ 3 millones 70 mil. Esto a través de compañías offshore.
El caso contemplaba diez destinatarios del dinero, quienes recibieron montos de entre US$20.000 y US$700.000 y estaban registrados bajo ‘codinomes’ o apodos. Entre estos aparecen ‘princesa’, ‘french’, magali’ o ‘gaza’.
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Rafael Vela aguró desde Curitiba que con el interrogatorio a Rodney Carvalho la fiscalía ha “comprobado la autenticidad de abundante documentación proporcionada”.
