En una reciente columna de opinión en este Diario, el constitucionalista Natale Amprimo hablaba sobre el uso (y abuso) de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, y escribió: “Estas instituciones no son armas que cada poder del Estado puede mostrar al otro, como una forma de neutralizar el ejercicio de sus respectivas competencias. No es parte de los ‘checks and balances’ del sistema”.
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En el caso concreto de la moción de vacancia presentada recientemente por la congresista Patricia Chirinos, aunque Amprimo admite que hubo cierto atolondramiento en la forma en que se tramitó, comenta que –de ser aprobada– implicaría que el presidente Pedro Castillo tenga necesariamente que “dar la cara” y brindar explicaciones sobre recientes hechos que involucran a su entorno más directo.
—Primero, una consulta de carácter formal sobre la moción presentada. Los firmantes de la moción alegan determinados motivos por los cuales piden la vacancia del presidente “por la causal de permanente incapacidad moral”. ¿Esa lista de motivos puede variar, ampliarse, modificarse? ¿El presidente debe remitirse a responder únicamente esos motivos alegados?
La moción cumple las formalidades que el reglamento del Congreso establece en su artículo 89. Pero eso no quiere decir que el debate y, finalmente, la toma de decisión que asuma el Congreso se van a limitar exclusivamente a aquellos temas que están plasmados formalmente en la moción, porque surgen hechos nuevos que ni el presidente de la República ni los parlamentarios van a obviar. Porque finalmente, de darse el caso, lo que emite el Congreso es una resolución que declara la incapacidad moral de quien está en la presidencia. En esa resolución no se hace una referencia a los motivos que sustentan la moción y que, como digo, no se limitan únicamente a lo que está colocado en el documento que le dio origen.
—Es una forma de presión política, entonces.
Hay una tendencia equívoca a considerar que los procesos políticos tienen las mismas formalidades que los procesos judiciales o jurisdiccionales. Aquí la sanción es una decisión política y aquí lo que busca la Constitución es proteger la investidura del cargo por encima de los eventuales derechos que pudiera tener la persona.
—En noviembre del 2020, en el contexto del proceso de vacancia al todavía presidente Martín Vizcarra, usted comentó en una entrevista: “La incapacidad moral es una sensación [...] si en gobiernos anteriores no se tomó esta decisión es porque es parte del juego político, que no se haya hecho no significa que no se haga ahora”. Pero también es una sensación la conducta del Congreso, en un proceso impulsado por quienes perdieron las elecciones.
La figura de la incapacidad moral está colocada como una válvula de escape, justamente para efectos de retirar del cargo a alguien que se considera que no es digno de ejercerlo. No, no es admisible que alguien diga: “No, mira, este es ladrón, es consumidor de drogas, se dedica a la trata de personas, pero como no son los delitos que están en el artículo 117 de la Constitución, puede seguir en el cargo”. Eso no es permisible. Para eso no existe la figura de la incapacidad moral. Sirve para retirar del cargo a quien no está a la altura de la dignidad que el cargo implica.
—¿Estuvo bien planteada la moción? Hay causales sólidas, como las supuestas presiones para los ascensos militares, pero también otras altamente subjetivas o vacías, como decisiones en materia de relaciones exteriores, o la inestabilidad política y económica, o su negativa a dar entrevistas. Incluso se menciona la “permisibilidad a la violencia contra la mujer”.
Bueno, como dice el dicho: el estilo es el hombre. Cada uno puede hacer las cosas como cree que es mejor. Lo cierto es que, más allá de detalles y más allá de lo que dice el texto, hay una moción de vacancia que tiene las firmas que el reglamento establece. El curso de los acontecimientos y la falta de transparencia del presidente en aclarar las cosas generan la sensación de que el pedido de vacancia irá más allá de lo que formalmente se puso al inicio, y que, cuando se formuló, parecía, pues, que buscaba un protagonismo de su postulante. Las circunstancias han ido configurando la necesidad de que el presidente sea forzado a aclarar la situación en la cual se encuentra, porque él ha podido hacerlo sin necesidad de que nadie lo interrogue.
—¿El asunto de los nombramientos a funcionarios no es también observable? A Guido Bellido este mismo Congreso le dio el voto de confianza.
Sobre este tema, el Congreso tiene poco que decir, porque le han dado la confianza con 73 votos. Ahora, eso no quiere decir que ese hecho no sea cuestionable, pero si tú le das la confianza no puedes invocar ese argumento. Pero más allá de las circunstancias, de los momentos, de la forma descoordinada y apresurada como se formuló este pedido de vacancia, lo cierto es que los hechos que han ido surgiendo y la propia conducta del presidente, que no da una explicación y simplemente guarda silencio, han dejado más dudas que respuestas. Nadie sensato puede cuestionar el pedido de vacancia, que finalmente va a forzar a que el presidente Castillo tenga que dar una respuesta.
—De darse el caso de que el presidente vaya al Congreso, podría limitarse a aquello que el documento de la moción indica. Es más, podría no responder.
Implicaría una falta de respeto, ya no al Congreso, sino a los ciudadanos, a todo el pueblo, porque seguiría generando un clima de incertidumbre y de zozobra, cuando lo que él tiene que hacer es dar las explicaciones del caso, dar la cara de forma que el tema se resuelva y se aclare. Al Perú no le conviene seguir con dudas, ni seguir con cuestionamientos, ni tener un presidente que no dé explicaciones. El peor error que puede convertir el presidente es mantenernos en un clima de incertidumbre y sospecha.
—Esto nos lleva a una discusión eterna: si un presidente tiene mayoría en el Congreso, o un número importante de congresistas afines, va a estar de alguna manera ‘protegido’ de un pedido de vacancia. Y si no lo tiene, va a vivir bajo la amenaza constante.
La figura de los dos tercios es para evitar que una mayoría simple pueda irreflexivamente hacerlo, porque se requiere un alto nivel de consenso, una valla más alta y una opinión bastante generalizada, bastante mayor. O sea, si la gran mayoría considera que la conducta del presidente no es acorde con la dignidad del cargo, bueno, esa es una calificación política.
—Esto comienza a normarse hace relativamente poco tiempo, a inicios de este siglo.
En el caso de Alberto Fujimori, se lo vaca por incapacidad moral, pese a que en rigor la causal en la cual había incurrido había sido salir del país con un destino distinto al que había dicho. Pero se lo vacó con motivo de la renuncia por fax con una mayoría no calificada y sin citarlo para que ejerciera su defensa. Luego, en el 2003 o 2004, Alejandro Toledo tenía los problemas que tenía. Como se pensaba que iba a ser posible una vacancia si seguía el ejemplo del Caso Fujimori, el Tribunal Constitucional (TC) exhortó al Congreso, le hizo una recomendación que se regulara el tema de la incapacidad moral y se estableciera como un requisito mínimo los dos tercios.
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—Entiendo que usted participó en la redacción de esa norma, en momentos no precisamente de estabilidad política.
Yo redacté el proyecto desde la Comisión de Constitución. Se hizo rápido porque no se podía mantener en una situación indefinida. Yo tengo una formación constitucional y para mí una exhortación del TC no es un saludo a la bandera. Además en el 2001, cuando entré al Congreso, habíamos heredado un país desinstitucionalizado absolutamente, se tenía que fortalecer al tribunal. Ese año, el Congreso inició un proyecto de reforma integral de la Constitución, yo integraba esa comisión cuando la presidía Henry Pease, y se firmó un proyecto integral en el cual se establecía que la causal de incapacidad moral fuera por dos tercios. Esa reforma finalmente quedó trunca, el tema quedó ahí y no se activó. Lo que el tribunal hizo fue levantar el dedo y decir: “Oiga, no se olviden de esto”. Aquello que el TC exhortó calzaba con lo que en su oportunidad el Congreso había indicado.
—¿Se podría decir, sabiendo que nunca habrá un consenso sobre esto, que ante un proceso de orden subjetivo, como la vacancia por incapacidad moral, la única manera de brindarle cierta ‘objetividad’ es a través del alto número de votos requeridos para lograrlo?
Hay mucha gente que cuestiona hoy ese artículo, que por qué es tan rápido el procedimiento y no sé qué, y es justamente por su naturaleza. Además, es un artículo que está vigente desde el 2004 sin que nadie haya objetado.
—¿Por qué no se llegó a poner en práctica en aquel entonces la norma?
Bueno, sí se habló de un pedido de vacancia, pero no tuvo las firmas. Si no tiene número de firmas que exige, simplemente no es una moción de vacancia, es un proyecto, es un intento personal o de algunas personas.
“No hay vocación de renuncia”
—Se discute mucho el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué Mirtha Vásquez, y no Pedro Castillo, salió en cámaras a hablar del asunto de las reuniones no oficiales en la casa de Breña?
En el Perú, hay una vocación de apego a mantenerse en el cargo y no hay una vocación de renuncia. Un presidente del Consejo de Ministros debería exigir al presidente que dé una declaración, una explicación y, si no, dar un paso al costado porque no solamente de esa manera protege su prestigio y dignifica el cargo que se le ha permitido ejercer, sino que además fuerza al presidente a que actúe correctamente. Estamos acostumbrados a que un presidente del Consejo Ministros tiene que tragar sapos, culebras, cucarachas y todo tipo de insectos con tal de mantenerse en el cargo. Recuerdo a Carlos Ferrero, que renunció cuando Alejandro Toledo impuso a Fernando Olivera como canciller de la República y dio una señal al presidente: no estoy de acuerdo con tu posición y no estoy dispuesto a tragarme ese sapo.
—Hablando otra vez del gobierno de Toledo, su popularidad estaba por los suelos y había un ambiente de caos.
Más que un caótico gobierno, el problema era su conducta. Porque, en rigor, Toledo permitió que los ministros ejercieran con cierta solvencia. Pero su conducta personal... llegar tarde, pasarse de copas, era cada vez más grosero, luego el ‘avión parrandero’, ese tipo de cosas que generaban esta imagen negativa. Pero a nivel de gestión gubernamental, la realidad era otra, gracias a su Gabinete. Hay que decir que en ese momento no se sabía de los actos de corrupción que fueron conocidos.
—En el capítulo actual sobre el presidente y el Congreso que quiere vacar, hay otro protagonista: la fiscalía. ¿Ha demorado más de la cuenta en actuar?
Hace buen tiempo que muchos peruanos percibimos que la justicia tiene un doble rasero y que actúa según la persona involucrada. No a todos los trata por igual. Percibo un trato, no sé si ideologizado o interesado, pero diferenciado, una suerte de doble vara
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