Nelson Shack recordó que Édgar Alarcón es objeto de investigaciones en el Ministerio Público. (Foto: Congreso)
Nelson Shack recordó que Édgar Alarcón es objeto de investigaciones en el Ministerio Público. (Foto: Congreso)
Redacción EC

El contralor general de la República, , indicó que su antecesor y virtual congresista de Unión por el Perú (UPP) por Arequipa, , es objeto de una “serie de investigaciones”, por lo que dijo esperar que este último dé las facilidades del caso a fin de que las pesquisas puedan concluir.

“(Édgar Alarcón) está siendo objeto de una serie de investigaciones que entiendo seguirán su curso en las instancias respectivas e imagino que él, en su nuevo puesto como alto funcionario, como congresista de la República, estoy seguro que dará las facilidades para que estas investigaciones puedan concluir”, señaló en declaraciones a la prensa.

Según informó el programa “Punto Final”, durante la gestión de Édgar Alarcón como contralor general de la República se emitieron unos 50 recibos por honorarios a favor de una supuesta red de falsos proveedores por un valor de S/463 mil.

Entre estos recibos figuran cinco pagos a favor de Marcos Raúl Pérez Rojas, un supuesto proveedor de la contraloría que, en el 2017, cobró cuatro veces S/750 y una vez S/250 por un valor total de S/3.250. Según las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, no hay indicio alguno de la prestación de estos servicios ni visitas a las sedes de esta entidad.

“Somos respetuosos de la voluntad popular. (Édgar Alarcón) es virtual congresista por Arequipa y entiendo que, con su conocimiento del sistema de control, ayudará que desde su perspectiva, en el Congreso se comprenderán los alcances de las iniciativas que vamos a presentar”, añadió Nelson Shack sobre su antecesor.

Actualmente, las investigaciones contra Alarcón están en la Fiscalía de la Nación, donde se tiene la hipótesis de que todos los pagos fueron simulados, ya que no hay informes de los presuntos servicios en las áreas correspondientes.

También se está investigando al aparato administrativo que operativizó estas decisiones presuntamente irregulares, incluyendo a personal que todavía sigue en funciones.