"Vizcarra sigue pontificando sobre su lucha contra la corrupción mientras esta le pisa los talones”, refiere Diana Seminario. (Foto: Archivo El Comercio)
"Vizcarra sigue pontificando sobre su lucha contra la corrupción mientras esta le pisa los talones”, refiere Diana Seminario. (Foto: Archivo El Comercio)
Diana Seminario

Analista política

Calificar a de “golpista” por el ilegal cierre del Congreso convierte a quien lo dice en ‘fujiaprista’, ‘obstruccionista’, promotor de la inestabilidad y ‘protector de la mafia’. El 30 de setiembre, horas antes de que el expresidente regional de Moquegua determinara disolver el Parlamento por una supuesta negación fáctica de confianza, dijimos en este espacio que si Vizcarra embestía al Legislativo estaría perpetrando un golpe de Estado.

Han pasado más de dos meses desde esta “disolución fáctica” y resulta que ahora las porristas más entusiastas con el cierre del Parlamento lamentan que este no exista y parece que recién se dan cuenta de que el mandatario concentra tal poder que no le permite ser fiscalizado y ni hablar de un sano contrapeso.

Tal descubrimiento se dio tras el despido del periodista Hugo Coya de la presidencia del Instituto de Radio y Televisión (IRTP), la otrora “barra brava” no solo despotricaba de Francisco Petrozzi, el entonces ministro de Cultura que ejecutó la salida de Coya, sino que –ahora sí– advertía del peligro que suponía que el excongresista de Fuerza Popular no pudiera ser interpelado y mucho menos censurado por la decisión de prescindir de Coya. Por cierto, Petrozzi no tomó la decisión por sí solo, pues la resolución de cese la firma el presidente de la República.

Más allá del tema del IRTP, que se dio por zanjado con la salida de Petrozzi del Gabinete, la semana pasada el Ejecutivo fue golpeado con una denuncia que afecta directamente a Martín Vizcarra y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo.

El 9 de octubre pasado, la Procuraduría de la Contraloría General de la República presentó una denuncia contra 14 exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Resulta que un día antes de que Vizcarra concluyera su gestión al frente del Gobierno Regional de Moquegua, el entonces gerente general Edmer Trujillo autorizó el pago de 41’869.000 soles al consorcio encargado de la construcción del hospital de Moquegua. Así, con una celeridad inaudita, el pago se realizó a través de 133 comprobantes. Esto, que en principio fue archivado por el Ministerio Público, llamó la atención de Alfonso Robas, gerente de Control de Megaproyectos de la contraloría, quien elaboró un informe y encontró indicios de responsabilidad penal en el irregular desembolso.

Como ya es una característica del accionar de este gobierno, el “jefe” siempre debe quedar a salvo, a costa de sacrificar a cualquiera de sus más leales colaboradores. Así, Trujillo se apresuró a decir que Vizcarra no sabía nada del desembolso, lo que resulta inverosímil. Y aun siendo cierto, solo confirmaría su incapacidad de gestión, al no supervisar un tema tan importante. Es decir, se pagaban cerca de 42 millones de soles en sus narices, y él no se enteraba.

Y no pasa nada, Vizcarra sigue pontificando sobre su lucha contra la corrupción mientras esta le pisa los talones. ¿Ahora se va entendiendo por qué la obsesión por cerrar el Congreso? ¿Será que la sombra de los 42 millones apuró tal decisión?