Una nueva Corte Suprema, la columna de Jaime de Althaus

Junto con la refundación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la reforma de la Corte Suprema resulta fundamental si queremos realmente cambiar las cosas. La idea sería adoptar la propuesta que el 2004 formuló la Ceriajus: una Corte Suprema pequeña, en sala única, formada por 11 jueces, dedicada a ver casos que ella misma escoge para sentar jurisprudencia y predictibilidad. Enrique Ghersi propone que sean solo 9 jueces y que la Suprema no haga casación, sino que resuelva en forma definitiva para que los juicios no sean infinitos.

Pero es crucial que esa nueva Corte Suprema esté integrada por juristas de muy alto nivel. Algunos de los actuales quizá podrían calificar. Si en la cabeza tenemos magistrados de la más alta calidad profesional y ética, ese ejemplo percolará a las instancias inferiores. Y ellos mismos podrán conducir la reforma de todo el cuerpo judicial.

Para comenzar, el presupuesto destinado a los 45 supremos actuales podría usarse para mejorar el sueldo de los 9 u 11 nuevos supremos.
¿Cómo elegirlos? Debería hacerlo el nuevo CNM, uno que a su vez haya sido seleccionado mediante concurso público muy seriamente hecho. Eso supone esperar hasta abril o mayo del 2019, pues se necesita dos legislaturas para modificar la Constitución y luego hay que elegir a los nuevos consejeros.

Podría haber un problema. Varios juristas opinan que de todas maneras la Corte Suprema tendrá que revisar muchas de las sentencias de la segunda instancia porque están mal hechas. O sencillamente porque hay Cortes Superiores tomadas por la mafia. No podría limitarse a seleccionar unos cuantos casos. La solución es obvia: limpiar y mejorar a su vez el nivel de las Salas Superiores. Es algo que tendrá que hacer también el nuevo CNM. Mientras tanto habría que fortalecer la OCMA y la Fiscalía de Control Interno a fin de que puedan avanzar depurando el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para ello deben poder desarrollar tareas de inteligencia en las Cortes Superiores para detectar vinculaciones con organizaciones criminales, y montar un buen sistema de denuncias.

Pero si queremos hacer un ataque masivo a la corrupción y la criminalidad, que no deje flancos sin acometer, debemos mantener el ritmo de los megaoperativos y modificar el art. 454 del Código Procesal Penal que impide detener y acusar directamente a fiscales y jueces vinculados a redes criminales. Pues, en la actualidad, en esos operativos se captura a policías implicados pero nunca a fiscales y jueces, porque están protegidos. Simultáneamente debe profundizarse la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de una ley y un acuerdo político.

Fuera de eso, retomar y redoblar la reforma del servicio civil a fin de implantar la meritocracia en el Estado; y avanzar la reforma de la descentralización y aprobar la reforma política con el objeto de reducir los niveles de feudalización y descontrol en el país, mejorar los canales de representación y resolver los problemas de gobernabilidad.