Golpe del Congreso contra la libertad de expresión: los escenarios que abre el peligroso dictamen sobre difamación

Con ese texto, impulsado por la bancada del lápiz, buscan incrementar la pena a cuatro años cuando el delito de difamación sea cometido vía los medios de comunicación, “redes sociales, sitios web, páginas web, portales y otros”.

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La iniciativa representa una amenaza no solo contra el ejercicio periodístico, sino un peligro para la ciudadanía. Expertos consultados por El Comercio alertaron que estas modificaciones son una arremetida del Congreso contra la libertad de expresión y el incremento de pena no tiene ningún sustento técnico.

Pese a que tanto la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia señalaron que los cambios propuestos son inviables, la comisión, presidida por el cuestionado legislador Américo Gonza (Perú Libre) decidió aprobar este proyecto.

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Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo recordó, de acuerdo con lo recogido en el predictamen, que los tipos penales de injuria, calumnia y difamación “tienen una incidencia directa en el ejercicio de las libertades de expresión e información, por lo que toda propuesta de reforma debe tener en cuenta estándares sobre ambas libertades”.

Por tanto, sería contrario a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se aprueben “normas orientadas a sancionar de forma más severa los delitos de calumnia y difamación”. Esto conllevaría a desconocer decisiones vinculantes para el Estado peruano.

El Ministerio de justicia expresó que modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal “se considera no viable en tanto no se ha sustentado debidamente las razones que justifican la cuantía en el incremento de la pena que se propone”.

Este texto, cuyo autor principal es el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), fue presentado con las firmas de sus colegas de bancada Waldemar Cerrón (hermano de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y condenado por corrupción), Alfredo Pariona, Jaime Quito, Flavio Cruz, Alex Flores, Américo Gonza y Kelly Portalatino (exministra de Pedro Castillo).

Una vez debatido, el predictamen fue aprobado con ocho votos a favor y siete en contra. Américo Gonza, presidente del grupo de trabajo, emitió su voto dirimente, y logró inclinar la balanza.

La propuesta desarrolla cambios en los artículos 131 y 132 del Código Penal e incorpora el artículo 1969-A en el Código Civil. Durante la sesión, Josué Gutiérrez, excongresista e integrante del equipo técnico de la comisión, informó sobre la incorporación de los términos “redes sociales, sitios web, páginas web, portales y otros” en el artículo 132.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el abogado Roberto Pereira, experto en temas de libertad de expresión, manifestaron su preocupación por la aprobación de este proyecto y advirtieron una serie de peligros no solo contra la labor de los periodistas, sino una mordaza que puede alcanzar a cualquier ciudadano.

Además, los tres puntualizaron que, más bien, la tendencia en América Latina es reducir o eliminar los delitos contra el honor. Sin embargo, el Congreso va a contracorriente.

Rodrigo Salazar, del CPP, alertó que en el Congreso se están ‘cocinando’ atentados contra la libertad de expresión.

“Esta es una muestra más, quizás la más clara, de que este es un Congreso autoritario. No se puede leer este predictamen sin el proyecto de ley que busca la colegiatura de periodistas que se presentó el fin de semana. Se puede ver una movida para buscar silenciar voces incómodas y de periodistas, y de la ciudadanía”

Rodrigo Salazar

Por tanto, consideró que el proyecto es un “atentado contra la ciudadanía” pues podría haber una tendencia a la autocensura, como también advirtió Lainez.

“Si los periodistas no podemos informar o establecemos la autocensura por miedo a caer presos, quien más se perjudica es la ciudadanía”, enfatizó Salazar.

Por ello, afirmó que el objetivo de este tipo de iniciativas es acallar las voces incómodas: “Este tipo de proyectos lo que hacen es intentar acallar voces críticas u opositoras”. Advirtió también que, si bien en anteriores congresos este tipo de proyectos fueron rechazados de plazo en comisión o no hallaron consenso, esto podría variar en el actual escenario.

“En el pasado estos proyectos de ley no llegaron al pleno porque fueron rechazados, ya sea en comisión, o si es que llegaron al pleno fueron rechazados abiertamente porque no había consenso en las bancadas sobre esos temas. Pero ahora tenemos a las bancadas de derecha dura que votan en conjunto. Si a eso le sumamos la sangre en el ojo que tiene la izquierda, ambos extremos se juntan. Creería que estamos ante un escenario cada vez más cercano para que se aprueben proyectos como estos, lamentablemente”, anticipó Salazar.

Una muestra de ello es el tipo de votación que obtuvo el predictamen en comisión: el respaldo sobre todo de bancadas como Perú Libre y bloques de derecha como Renovación Popular, APP y Acción Popular.

Para Roberto Pereira, el texto es “muy peligroso” porque plantea el incremento de penas “sin ofrecer ninguna justificación técnica ni razonable, lo que es grave si tenemos en cuenta que estos delitos están en permanente tensión con el ejercicio de la libertad de expresión”.

Además, lo considera “absolutamente innecesario” por ser redundante. Esto debido a que se señala que los delitos de calumnia y difamación “también generarán responsabilidad civil, cuestión que está vigente desde siempre en el ordenamiento sin que exista ninguna duda al respecto”.

“También plantea modificar el Código Civil para redundar en la misma cuestión. Lo único que se lograría con una reforma de este tipo es perjudicar la calidad regulatoria de esas normas. Una lamentable pérdida de tiempo y recursos, sin lugar a dudas”, agregó.

Por su parte, Zuliana Lainez, de la ANP, remarcó como uno de los riesgos el acoso judicial que se emprendería no solo contra periodistas, sino contra cualquier ciudadano que ejerza la libertad de expresión.

Recordó que son 132 los casos de periodistas en Lima y regiones que han sido llevados a tribunales debido a actividad periodística. Todo ello en un contexto de instrumentalización del sistema de justicia.

“Ninguna autoridad, en los casos que hemos visto, pretende resarcir su honor. Lo que quieren es darle un escarmiento a los periodistas para que, bajo la posibilidad de ser sentenciados, dejen de investigar algunos temas”

Zulema Lainez, de ANP

Adicionalmente, al incluirse como medios las plataformas digitales como redes sociales, Lainez indicó que “se está criminalizando la expresión y opinión en el país” y que no se trata de una iniciativa aislada, pues hay una arremetida para criminalizar estas expresiones.

Esto puede tener graves efectos, como la imposición de censura. “Cuando uno eleva las penas lo que generas es silenciar la expresión de algunas opiniones. Siempre hemos dicho que penalizar expresiones o intentar penalizar opiniones lo que pretende es imponer una censura porque la gente, por miedo o temor, deja de ejercitar estos derechos”, incidió.

Por ello, consideró que el proyecto aprobado es una arremetida del Congreso y es el tercer caso que alerta sobre el peligro de criminalización. En ese sentido, el predictamen aprobado podría desencadenar sanciones contra los ciudadanos que hacen uso pleno de su libertad de expresión.

“Aquí entran todos. Los delitos contra el honor no solo tienen como objeto a los periodistas, sino a cualquier ciudadano o ciudadana que haga uso de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. [...] esto genera mordaza respecto de determinados temas”, reiteró Lainez.

Salazar, Pereira y Lainez recordaron que la mayoría de países de la región han reducido las penas por difamación o las han eliminado para obtener proporcionalidad mediante multas o penalidades. Algo que no está ocurriendo en el Perú.

El 2019, el CPP junto a otras instituciones presentó un predictamen para despenalizar los delitos contra el honor. Sin embargo, la iniciativa no fue atendida.

Además, Pereira indicó que una iniciativa como la aprobada en la Comisión de Justicia “va contra la tendencia regional de reducir la intervención penal en los casos de delitos contra el honor e incluso de despenalizarlos cuando se trata de discursos que recaen sobre personajes o asuntos de interés público, como los políticos por ejemplo”.

El abogado detalló también que la Corte Interamericana sostuvo, en su sentencia del Caso Álvarez Ramos vs Venezuela (2019), que “la criminalización de ese tipo de discursos es incompatible con Convención Americana. De aprobarse esta reforma estaríamos infringiendo este tratado regional y se generaría un claro retroceso en la garantía de la libertad de expresión. A mi juicio, es un intento más de los políticos por protegerse frente a la fiscalización de su actuación por parte de la prensa, recurriendo a la amenaza de cárcel”.

Precisamente, en cuanto a la relación de este proyecto con quienes ostentan el poder, Salazar mencionó que estas argucias legales son empleadas, principalmente, por quienes están inmersos en algún tipo de investigación por ciertos delitos. “Los casos que el CPP ha revisado son casi siempre políticos, empresarios, algún narcotraficante. Siempre contra periodistas que investigan sus actos de corrupción o sus relaciones con el hampa”, concluyó.

Lainez agregó que se tiene claro que los actores que más llevan a tribunales a periodistas son quienes ejercen la función pública u ocupan cargos públicos en diferentes espacios de gobierno. “[...] son los políticos quienes más echan mano de este tipo de marco normativo contra quienes realizan denuncias de corrupción, que en este caso son los periodistas”, finalizó.

Durante el debate, congresistas de Perú Bicentenario, Avanza País y Cambio Democrático-JP se manifestaron en contra de este proyecto, pues resaltaron que las especificaciones respecto a los agravantes podrían atentar contra la libertad de expresión y ser restrictivo.

Sin embargo, desde el Bloque Magisterial, Renovación Popular y APP respaldaron el contenido y fines de la iniciativa.

El congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario) consideró que con este proyecto se estaría tomando un camino equivocado para penalizar ciertas conductas. “Las redes sociales no siempre están plagadas de gente perversa, también hay críticas que hay que aceptarlas. En conclusión, quiero escuchar más fundamentos. Por ahora, no me convence la criminalización mayor de lo que ya tenemos”, expresó.

En tanto, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) comentó que estas modificaciones podrían afectar el derecho a la libertad de expresión de las personas. Cuestionó que el predictamen no haya considerado las opiniones de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, que se pronunciaron en contra de la viabilidad de la iniciativa.

“Además, en el caso de difamación, el predictamen penaliza cualquier atribución de hecho, cualidad, etc, que afecte la reputación o la intimidad personal, cuando en el texto actual solo se incluye la afectación al honor y se aumenta la pena de dos a cuatro años, cuando actualmente es de uno a tres. No creo que se está justificando el aumento de la pena”, dijo Tudela en cuanto a la elevación planteada.

En tanto, Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) manifestó su oposición a la propuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento de la pena. Asimismo, recordó que que la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH ha recomendado evitar sanciones severas.

“El hecho de incorporar el tema de reputación o intimidad pueden terminar siendo títulos a la larga pueden generar un nivel de criminalización sobre cualquier tema. Ahí debería actuarse con mejor rigurosidad. [...] Creo que hay que tener mayor reflexión sobre esta propuesta porque, si bien se busca la protección del bien jurídico, que sería el honor, no comparto el criterio de que se amplíe a la reputación, que es un valor más social, y no necesariamente va encajado con el bien jurídico honor”, agregó Luque.

Una opinión contraria fue manifestada por el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial), quien aseveró que “es hora de ponerle un alto” a quienes calificó como “delincuentes” utilizando redes sociales.

“Es hora de ponerle un alto a esta matonería que se da en las redes sociales, donde hay delincuentes que se esconden detrás de seudónimos. El que utiliza seudónimos, alias, es un delincuente. […] Bajo esos mecanismos se ha visto en estos últimos tiempos cómo las personas son agredidas, calumniadas, difamadas. Su honor, prestigio, son demolidos. No les interesa que esa persona tenga familia, un prestigio profesional. Lo importante es demolerlo”

Álex Paredes, Bloque Magisterial

Para el legislador, esto “se ha agudizado más en esta coyuntura” y que se debería “hacer el intento” para que las penas deberían ser gravosas.

“Tal parece que las penas existentes no han servido de nada por más que algunos digan que la pena así se agrande no resuelve, hagamos el intento. Totalmente de acuerdo con el congresista Montalvo y en su momento plantearemos lo nuestro”, dijo.

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, se pronunció en el mismo sentido de Paredes respecto a que considera necesario aumentar las penas por el delito de difamación vía medios de comunicación social. Según Muñante, está justificado que se eleve hasta los cuatro años. Además, fue uno de los congresistas que solicitó se precise la sanción para aquellos que utilizan redes sociales o páginas web.

“Este término ‘medio de comunicación social’ muchas veces no se entiende como redes sociales o páginas web. Se entiende como radio, televisión, y en la práctica queda a veces en indefensión la persona que es difamada por esos medios. Es necesario precisar que debe decir redes sociales, sitios web de divulgación colectiva, para evitar una mala interpretación. El aumento de pena debe ser solo para casos agravados y sí se debe especificar redes sociales y sitios web de divulgación colectiva”, detalló Muñante.

Mientras que Eduardo Salhuana (APP) dirigió sus comentarios a los periodistas y la prensa del país, que consideró sostiene “una campaña deliberada en contra del Congreso”.

“[…] Que somos corruptos, que viajamos por el mundo por la plata del pueblo. Todo es una verdad relativa. ¿Nos dan oportunidad de aclarar, informar? No. Hay que evaluar también qué hace la prensa en el país. Le hace un enorme daño al sistema democrático. Promueven las marchas, la violencia, justifican la violencia. Y si nos trasladamos a provincias podemos ver también”

Eduardo Salhuana, congresista de APP

Aunque la tendencia es despenalizar los delitos contra el honor, Salhuana dijo que esto se verá en el país “más adelante, cuando los que hacen prensa actúen con responsabilidad, actúen como seres humanos racionales. No digo todos, hay gente inteligente, decente, pero la gente que insulta no insulta porque se les ‘chispoteó’”.

Finalmente, coincidió con Muñante para precisar en la modalidad agravada la comisión vías redes sociales y sitios web.