Odebrecht: Los nexos entre PPK, Gerardo Sepúlveda y el Caso Olmos

Cuando Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, una de sus empresas –Westfield Capital, administrada por Gerardo Sepúlveda– brindaba asesoría financiera a Odebrecht en la estructuración del proyecto Olmos. Además, con PPK en el Ministerio de Economía (MEF) y en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Estado firmó adendas, emitió un decreto supremo y suscribió contratos de garantía que le permitieron a la constructora tomar deuda barata para financiar la obra.

Para la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, los pagos de Odebrecht por la asesoría financiera habrían encubierto presuntas compensaciones ilícitas para PPK. Esto, según la denuncia hecha por el procurador ad hoc Jorge Ramírez el año pasado, que incluye a PPK, Sepúlveda y dos empresas vinculadas a ambos: Westfield Capital y First Capital.

Hoy martes 11, el juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva que la fiscalía formuló contra el empresario chileno. Esto, como parte de las investigaciones por el Caso Odebrecht vinculadas a PPK. Sí se establecieron otras medidas restrictivas: Sepúlveda deberá venir al Perú a firmar un registro cada tres meses y pagar una caución de S/100.000.

A continuación, El Comercio detalla la participación de Sepúlveda y PPK en el Caso Olmos, uno de los dos proyectos en los que se investigan sus vínculos con Odebrecht. Ello, en base a la denuncia hecha por el procurador Ramírez contra ambos, a la que este Diario tuvo acceso, y a raíz de la cual se abrió una carpeta fiscal específica sobre Olmos en julio del año pasado.

–Fechas superpuestas–

Para entender el caso es necesario identificar una serie de fechas a lo largo de dos años y medio, detalladas en la denuncia de la procuraduría ad hoc. El 17 de febrero del 2004, PPK fue nombrado por segunda vez ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Exactamente un mes después, el 17 de marzo, Westfield Capital –empresa de su propiedad– suscribió un contrato de asesoría financiera con Odebrecht.

La idea era que Westfield ayudara a la constructora a financiar el proyecto de irrigación Olmos, ubicado en Lambayeque.

Dos meses después, el 17 de mayo, ProInversión –cuyo consejo directivo presidía PPK, por ser ministro de Economía– otorgó la buena pro del proyecto a Odebrecht. El 22 de julio, se firmaron los contratos de concesión y prestación del servicio de la obra de irrigación. Pero luego, el 3 de enero del año siguiente, se firmó una primera adenda al documento en la que el Estado adquiría un compromiso adicional: se obligaba a obtener una garantía de riesgo parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El 31 de marzo del 2005, Westfield le comunicó a Odebrecht que dejaría de brindarle consultoría financiera. El año pasado, Sepúlveda declaró a la fiscalía que la conclusión de la asesoría ocurrió porque PPK había asumido la titularidad del MEF por segunda vez.

Sin embargo, la suspensión de dicho servicio se dio más de un año después de su ingreso a la cartera. Y luego el servicio pasó a manos de First Capital, empresa de propiedad de Sepúlveda que también ha tenido relaciones comerciales con PPK.

El 16 de agosto del 2005, luego de una breve crisis política, PPK dejó el MEF y pasó a presidir el Consejo de Ministros. Cuatro meses después, el 2 de diciembre, se firmó una segunda adenda: el Estado se comprometía a garantizar en su totalidad el pago del servicio de trasvase de agua de Olmos, que originalmente debía asumir solo el gobierno regional de Lambayeque, hasta por US$401 millones. El 10 de febrero del 2006, PPK refrendó el DS 014-2006-EF, que aprobaba “diversas garantías” para Olmos, derivadas de esta adenda.

Tres días después, según la denuncia de Ramírez, este decreto permitió la firma de dos contratos de garantía: una soberana, en la que el Estado aseguraba el pago del servicio de Olmos, y una parcial con la CAF, por US$28 millones, para respaldar al Estado. El 28 de julio de ese año, con el fin del gobierno de Toledo, PPK dejó su cargo al frente del Consejo de Ministros y se alejó de la función pública.

–La hipótesis del respaldo financiero–

Ya con las fechas en mente, es necesario entender los cambios que se hicieron en la estructura de financiamiento del proyecto. Como toda obra de Asociación Público-Privada (APP), Olmos contemplaba un ‘cofinanciamiento’ en el que el Estado asumía US$77 millones. Del otro lado, Odebrecht aportaría de su capital y tomaría deuda para financiar más de US$100 millones. La deuda a adquirirse por la constructora sería pagada mediante las utilidades de la operación de la obra de irrigación.

La operación estaba garantizada por un formato conocido como ‘take or pay’. Esta modalidad, según la procuraduría ad hoc, le aseguraba a Odebrecht que el Gobierno Regional de Lambayeque "le pagaría una retribución mínima independientemente del volumen de agua trasvasado”. Ese monto –asegura la denuncia– era suficiente para “cubrir el costo de la operación y mantenimiento del proyecto, así como [para] recuperar su inversión”. En el contrato, la constructora estaba representada por la Concesionaria Trasvase Olmos.

El problema, sin embargo, era que Odebrecht no tenía una calificación crediticia adecuada para obtener deuda barata. Según la procuraduría ad hoc, cuando se publicaron las bases del concurso de Olmos, Odebrecht tenía una nota que iba desde el BB- hasta el B+, lo que implica un rango que va desde el “grado de no inversión” hasta el “especulativo”. Esta nota hacía que los prestamistas vieran a la constructora como un riesgo, y que esta tuviera que asumir un costo financiero elevado al ‘levantar’ financiamiento para la obra.

Por eso, Odebrecht contrató la asesoría de Westfield. El objetivo era que esta empresa la asesorara en la colocación de acciones y bonos para financiar el proyecto. Para ello, sin embargo, la constructora necesitaba una garantía que convenciera al mercado de que prestarle el dinero a tasas baja era un buen negocio. Es decir, de que el pago de la deuda no estaría en riesgo. Y esa garantía, según la denuncia de Ramírez, la encontró en las adendas, el decreto supremo y los contratos que firmó el Estado.

En resumen, todo el paquete normativo hizo que el gobierno central garantizara el pago del servicio de trasvase de agua mediante el cual Odebrecht iba a recuperar su inversión (y, por ende, también pagar su deuda). Y a su vez, el Estado asumió riesgos de la operación que antes recaían solo en el Gobierno Regional de Lambayeque.

La garantía le permitió a Odebrecht –a través de la Concesionaria Trasvase Olmos– realizar una emisión más barata de bonos por US$100 millones, según la procuraduría ad hoc. Y el aporte que Odebrecht hizo más allá de esta emisión fue de solo US$20 millones. Estos beneficios, además, no estuvieron a disposición del resto de postores del concurso de Olmos, quienes podrían haber realizado ofertas distintas sabiendo que su costo de financiamiento sería menor.

“Con las modificaciones y garantías generadas a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos, sin duda el modelo de equilibrio financiero económico diseñado originalmente varió, recayendo en el Estado la mayor parte del riesgo [...]. Esas no fueron las condiciones en las que se lanzó este concurso y estas ventajas no estuvieron al alcance de los otros postores”, dice la procuraduría ad hoc en su denuncia. Luego de la emisión del decreto supremo y la firma de los contratos de garantía, la nota para emisiones de Odebrecht pasó ser de AAA, dice el documento.

–El esquema de pagos–

Dada la superposición de las fechas y el efecto de los instrumentos legales firmados por el Estado, la procuraduría ah hoc pide en su denuncia que se abra investigación preliminar contra PPK, Sepúlveda, Westfield y First Capital por el presunto delito de colusión. Sobre PPK, dice que “en su calidad de funcionario público habría intervenido en la generación del marco legal que favoreció a la Concesionaria Trasvase Olmos [...] para conseguir el financiamiento del proyecto”.

Sobre Sepúlveda, a su vez, dice que es quien “habría negociado los contratos de asesoría financiera a favor de la concesionaria [de Odebrecht]”. La denuncia también detalla seis visitas de Sepúlveda a la PCM y el MEF en el periodo en que PPK era funcionario público y en el que se generaron las adendas, el decreto supremo y los contratos de garantía. También destaca que First Capital –empresa a la que pasó el servicio de asesoría financiera luego de que Westfield lo dejó– es propiedad de Sepúlveda.

“Gerardo Sepúlveda, a través de su propia empresa continuó con las gestiones a las que se había obligado Westfield Capital”, asegura el documento. Y luego, la procuraduría ah hoc indica que “en la investigación [fiscal] deberá determinarse si es que dichos pagos [los realizados a First Capital luego de que asumiera el servicio] eran en realidad parte de la contraprestación que debía abonarse por el favorecimiento generado a partir de la intervención del Sr. Kuczynski Godard para el financiamiento de la concesión”.

PPK no respondió a las solicitudes de entrevista de El Comercio. Sin embargo, en su declaración a la Comisión Lava Jato del Congreso disuelto, dijo que él se había desvinculado totalmente de Westfield cuando asumió el MEF y la PCM. Agregó que quien se encargaba de administrar y tomar las decisiones en la empresa era Sepúlveda y que las leyes de La Florida, Estados Unidos –donde PPK tenía la empresa–, indican que las sociedades tienen un “principio de responsabilidad limitada de los propietarios”.

El expresidente señaló, además, que esto permitía blindar a los propietarios ante cualquier responsabilidad por acciones realizadas en su ausencia (en este caso, por Sepúlveda). Ello porque PPK todavía aparecía como directivo de Westfield en el reporte anual que la compañía presentó el 2005 ante el estado de Florida. PPK también dijo que no tuvo nada que ver con First Capital, de propiedad de Sepúlveda, que asumió el servicio de asesoría financiera luego que Westfield lo dejara.

Sin embargo, el año pasado el portal Ojo-Público reveló que First Capital transfirió US$609.950 a la cuenta de PPK y su secretaria, Gloria Kisic, en los últimos 15 años. En el mismo periodo, Westfield les transfirió US$2.3 millones.

El último miércoles, luego de que el excongresista César Villanueva fuera detenido preliminarmente acusado del presunto delito de tráfico de influencias, PPK tuiteó: “Las vueltas que da la vida. César Villanueva, asiduo impulsor de mi vacancia, acusándome de actos de corrupción sin ninguna prueba. Sin embargo, yo perdono. Me da mucha tristeza y le deseo lo mejor”.

El expresidente hoy cumple arresto domiciliario por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en pagos vinculados a Olmos y a la Interoceánica Sur. La denuncia hecha por la procuraduría ad hoc, por su parte, generó que el 5 de julio pasado la fiscalía le abra una investigación específica por el caso Olmos.