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La legisladora no agrupada Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley que apunta hacia Odebrecht y sus ex socios en nuestro país. Su iniciativa plantea que la firmas investigadas sean impedidas de contratar con el Estado.
La iniciativa plantea modificar el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a los impedimentos. Según los cambios propuestos, el inciso r) quedaría así: "Las personas naturales o jurídicas [empresas] que se encuentran siendo investigadas por delitos contra la administración pública y/o lavado de activos".
En su exposición de motivos, Vilcatoma hace directa alusión al caso de la empresa brasileña Odebrecht, la que hasta ahora reveló haber entregado sobornos para las siguientes obras: Tramos 2 y 3 - Interoceánica Sur (US$ 9'626.010), Línea 1 del Metro de Lima (US$ 8'100.000), Vía Costa Verde - Tramo Callao (US$ 2'760.000), y Vía Evitamiento del Cusco (US$ 1'250.000).
"En nuestro país el destape del caso Odebrecht ha traído consigo escenarios de corrupción jamás imaginados, que lo único que hacen es mostrarnos una realidad descarnada que existe y viene atacando el Estado", explica Vilcatoma en su argumentación.
En esa línea tenemos que la procuraduría denunció penalmente a las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A por sus vinculaciones al pago de coimas de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
Más adelante, la parlamentaria asegura que, si bien la presunción de inocencia señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, "también es cierto que los tiempos en los que vivimos merecen que se haga la correspondiente ponderación y se cautelen los fondos públicos".
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El proyecto de ley de Vilcatoma cuenta con las firmas de sus ex colegas de bancada fujimorista: Marco Miyashiro, Luis Yika, Francisco Villavicencio y Clayton Galván. Su iniciativa, además, va de la mano con lo planteado por la también fujimorista Karina Beteta.
Beteta propuso, también a través de una iniciativa de ley, extender el impedimento a que empresas socias de otras condenadas o que hayan admitido casos de corrupción, como Odebrecht, puedan contratar con el Estado.
Esto último a raíz el Decreto de Urgencia N° 003-2017, el cual fue publicado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado con la premisa de asegurar la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, como el de la brasileña Odebrecht.
El primer ministro Fernando Zavala instó a los ex socios de Odebrecht a no participar en el proceso de reconstrucción iniciado por el gobierno tras los desastres por las lluvias y huaicos a inicios de este año.
Cabe recordar que la semana pasada, Vilcatoma presentó otro proyecto de ley que busca modificar la tipificación del delito de secuestro. Para algunos expertos en derecho penal, ese cambio legal podría beneficiar al ex mandatario Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.
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