¿Qué es la “puerta giratoria”? Esto plantean los virtuales congresistas para regularla

Los partidos políticos Acción Popular, Frente Amplio, Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado están a favor de que el nuevo Congreso, donde tendrán representación, incluya en la reforma política la regulación de la “puerta giratoria”, como se llama al tránsito de personas entre el Estado y el sector privado en cualquiera de sus direcciones.

Esto a raíz de la situación de Juan Carlos Liu Yonsen, quien el lunes renunció al cargo de ministro de Energía y Minas (Minem) luego de que el programa “Panorama” revelara que a través de su empresa Conasac hizo consultorías a Odebrecht y tiempo después fue asesor de la referida cartera.

Liu Yonsen también hizo un informe para el Minem sobre el gasoducto sur peruano como parte de una consultoría externa.

El virtual parlamentario Luis Roel Alva (Acción Popular) adelantó que propondrá, una vez que se instale el Legislativo, modificar el inciso F del artículo 2 de Ley 27588, que establece que los funcionarios no pueden ser abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, entre otros, de particulares en causas en las que hubieran participado en el sector público hasta un año después de su salida del Estado.

Roel Alva consideró que este “período de enfriamiento” para los altos funcionarios –como los ministros, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional o el defensor del Pueblo– debe ser mayor al actual.

“Yo creo que [el nuevo Congreso] sí debe tocar este tema, se debe modificar la norma y establecer plazos, de acuerdo al cargo ostentado”, remarcó en diálogo con El Comercio.

—Una barrera de 10 años—

Marco Arana, líder de Frente Amplio, recordó que su agrupación propuso elevar este plazo durante la reunión entre los representantes del partido y el presidente Martín Vizcarra realizada la semana pasada como parte de la ronda de diálogos. “[Al mandatario] le advertimos que un elemento ausente en la reforma política que él está impulsando era el mecanismo de las ‘puertas giratorias’. Le dijimos que era muy importante que el Ejecutivo asumiera [esta iniciativa], pero no quiso ni comentarlo”, agregó a este Diario.

Arana indicó que su bancada presentará un proyecto de ley en el que propondrá una barrera de 10 años para que los ejecutivos de las empresas privadas puedan ingresar al Estado.

“La idea es que lo piensen dos veces y que se desanimen, lo que necesitamos en el país es una carrera pública. Europa tiene funcionarios de carrera pública, que saben que si van a ser funcionarios [...] no van a ser millonarios. Pero el mecanismo que tenemos [en el Perú] es que alguien que tiene muchos ingresos en la empresa privada luego pide tener una salario similar en el Estado, ahí vienen las planillas doradas”, remarcó.

El secretario general de APP, Luis Valdez Farías, dijo que su partido respaldará que este tema se debata en el nuevo Parlamento.

“Claro que sí [vamos a apoyar], no podemos permitir que los intereses de todos los peruanos sean traficados”, manifestó el también virtual congresista, aunque evitó decir cuáles sería su propuesta en concreto.

A su turno, el virtual parlamentario Gino Costa (Partido Morado) indicó que si bien la agenda de la agrupación política en el próximo Congreso ya está establecida, en el sentido de levantar el blindaje a Los Cuellos Blancos del Puerto y concluir las reformas política y del sistema de justicia, en el tema de la “puerta giratoria” están dispuestos a “hacer lo necesario”.

“Nosotros estamos en la mejor disposición, si es que hay una iniciativa nos podemos sumar a ella o si hay que preparar [una propuesta] también. Es un tema de máxima importancia y actualidad, estamos viendo que hay funcionarios que han estado en un lado y en el otro”, expresó en comunicación con El Comercio.

—La declaración de intereses—

El virtual congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular) consideró, a título personal, que el Parlamento no solo debe abordar la regulación de la “puerta giratoria”, sino también la ampliación de los efectos de la declaración jurada de intereses, que este gobierno presentó “con tanta parafernalia” a través de un decreto de urgencia, pero que –desde su postura– aún tiene vacíos.

“Hay un mecanismo que es la declaración jurada de intereses, lo que se puede hacer es ampliar el tema de la declaración, que no sean cinco años, sino los últimos 10 años”, sostuvo.

El último lunes, Liu Yonsen, luego de renunciar como titular del Minem, dijo en Canal N que no declaró las consultorías a Odebrecht porque esta se dio en el 2011 y la norma solo le pedía informar sobre sus relaciones laborales de los últimos cinco años.

—“No soluciona el problema de fondo”—

Flavio Ausejo, especialista en política pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, afirmó que si bien es una buena idea regular el “tiempo de enfriamiento” midiendo a “cuánta información privilegiada” tiene acceso un funcionario –que luego quiere ir al sector privado–, esto ni siquiera es un paliativo para solucionar el problema de fondo.

“Lo que necesitas es un cuerpo normativo que pueda generar incentivos para que las personas ingresen a trabajar al Estado. Esto pasa por tener una buena remuneración y mecanismos de capacitación. Lo segundo es que se deben establecer sanciones severas para los que mienten, para los que no declaran sus vinculaciones previas”, dijo a El Comercio.

También advirtió que mientras el Estado no cuente con una carrera pública, sobre todo en temas regulación corporativa, continuará recurriendo a personal que proviene del ámbito privado.

“Y esas personas, que viene del sector privado, saben dónde está el problema, pero como no van a trabajar toda su vida en el Estado y solo estarán una temporada en el Estado, no harán nada que afecte esa rajadura, porque cuando salgan no los van a contratar. El problema no es la ‘puerta giratoria’, sino que al Estado no le interesa construir un staff de personal especializado en la regulación del sector privado”, acotó.

Para el excontralor Fuad Khoury, el problema de la llamada “puerta giratoria” no es de reglamentación o leyes porque estas existen, sino de “personas, valores, principios y ética”.

“'La puerta giratoria’ no es más que un concepto que está dentro de la ética pública, los códigos de ética no se han creado hace un año, existen hace decenas de años […] Ya todo está escrito, acaban de sacar la declaración jurada de intereses, está la Ley de Ética Pública, todas las empresas y entidades del Estado tiene un manual de conducta”, señaló a este Diario.

Khoury opinó que las autoridades deben saber a quién eligen para determina función y la persona a la que le hacen el ofrecimiento ser consciente de sus limitaciones.

“Por ejemplo, si a una persona le piden ser ministro de Agricultura, pero tiene una hacienda que exporta espárragos en sociedad con una empresa extranjera, por lo tanto no puede ser ministro, porque cualquier decisión que se tome en pro o en contra puede afectar su imagen o independencia”, concluyó.