Una sala de la Corte Suprema deberá evaluar en los próximos días si admite o no el recurso de casación que Ollanta Humala y Nadine Heredia han presentado a fin de revocar el mandato de prisión preventiva en su contra. (Foto: EFE)
Una sala de la Corte Suprema deberá evaluar en los próximos días si admite o no el recurso de casación que Ollanta Humala y Nadine Heredia han presentado a fin de revocar el mandato de prisión preventiva en su contra. (Foto: EFE)

Además del proceso penal que afronta encarcelado, podría acabar con siete acusaciones en el . Solo en lo que va de este período parlamentario, tres informes recomiendan denunciar constitucionalmente al ex presidente.

La primera denuncia se planteó antes de que se cumpliera el primer año de este período legislativo. En junio pasado, el pleno aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización –presidida en ese entonces por el fujimorista Héctor Becerril– que investigó a Nadine Heredia por el delito de usurpación de funciones.

El documento recomendó denunciar penalmente a Humala por una presunta “complicidad” en la usurpación de funciones.

Los otros dos informes sobre Humala se aprobaron en la Comisión de Defensa, cuando era presidida por la aprista Luciana León. El primero concluyó que al menos tres operaciones contra el terrorismo, realizadas durante su gobierno en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), “no habrían sido reales”. El segundo informe concluye que durante su régimen “se organizó un aparato que habría colocado en puestos claves a personas cercanas para facilitar compras en Defensa e Interior”.

(Gráfico: El Comercio)
(Gráfico: El Comercio)

En ambos casos se recomienda denunciar constitucionalmente a Humala.

Sobre los informes de Defensa, el abogado de Humala, el ex ministro Alberto Otárola, declaró que son “nulos e ilegales”. “Política y técnicamente es una persecución política que busca inhabilitar al ex presidente Ollanta Humala”, indicó el también ex jefe de Devida.

—En curso—
Humala debe afrontar otras cuatro investigaciones legislativas, aunque se ha mostrado reacio a colaborar.

Una es la de la Comisión Lava Jato, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, que centró su indagación en la adjudicación del gasoducto sur peruano realizada durante su gobierno.

Otra es del grupo del Caso Madre Mía, dirigida por Becerril, en la que ya está en condición de investigado.

En este caso, la defensa legal de Humala alegó una “vulneración al debido proceso”.

“A la fecha, no se le ha tomado declaración alguna al ex presidente Ollanta Humala. Tampoco se nos ha permitido acceder a lo actuado, pese a nuestras reiteradas solicitudes”, dijo Mary Alvarado, del estudio Aguirre & Alvarado, quien también defiende a Humala.

En respuesta, Becerril señaló que la defensa de Humala “no debe confundir la investigación en sede jurisdiccional con el Congreso, pues son parámetros diferentes”.

“Y no puede alegar persecución política porque si piensa que tiene una posibilidad política, es que no se da cuenta en lo que está metido”, aseveró.

También existe una comisión sobre el gobierno de Humala, presidida por el fujimorista Daniel Salaverry. Esta indaga el gasoducto (al igual que Lava Jato) y otros tres proyectos más. Sin embargo, no se conocen los avances de este grupo.

La última investigación está en la Comisión de Fiscalización, ahora presidida por el fujimorista Rolando Reátegui. En esta se investiga a Humala y a Heredia por la muerte de su ex trabajador Emerson Fasabi.

Si contamos las investigaciones que han afrontado los ex presidentes tras sus mandatos, Humala ya está al mismo nivel que Alberto Fujimori.

MÁS EN POLÍTICA...