El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), afirmó que la propuesta para eliminar en su totalidad la inmunidad parlamentaria “lamentablemente” no cuenta con los votos necesarios, por lo que justifica que el predictamen que se debatirá hoy plantee la regulación de esta prerrogativa.
“Lamentablemente, no hay los votos necesarios. Y ojo esta es una reforma constitucional que necesita mayoría calificada. Entonces lo más inteligente es avanzar en una reforma intermedia que tenga casi los mismos efectos que la eliminación total de la inmunidad parlamentaria”, manifestó en comunicación con El Comercio.
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Chehade indicó que no por querer ganar en su postura, se va a perder todo lo avanzando.
“No es inteligente dar esa batalla, lo importante es avanzar lo más que se pueda”, agregó.
El parlamentario de Alianza para el Progreso dijo que solamente cuatro bancadas, incluyendo la suya, respaldan la opción de la eliminación total de la inmunidad.
Las agrupaciones de Acción Popular, Fuerza Popular y Frente Amplio se han pronunciado en contra de esta iniciativa.
“Debo ser realista, más como presidente de la Comisión de Constitución, no te puedes fanatizar en esto, porque pierdes. Se tiene que mantener la cabeza fría para llegar a un consenso. Esto es una negociación política, no una imposición”, remarcó Chehade.
El predictamen, al que tuvo acceso El Comercio, estable que los congresistas “no puede ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones” excepto en dos escenarios. El primero en delito flagrante, “caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones”.
Y el otro, cuando exista una sentencia condenatoria “por delitos cometidos con anterioridad a su elección”.
La iniciativa, que busca reformar el artículo 93 de la Constitución, refiere que “en ambos casos, la decisión jurisdiccional debe ser comunicada al Congreso”.
También precisa que la inmunidad de proceso y de arresto “no alcanzan a delitos cometidos o por los que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección”.
El documento, además, indica que el Congreso tiene hasta 30 días hábiles para resolver una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso, y 10 días hábiles para la de arresto. “De no resolverse en los plazos previstos, se entenderá que el pedido ha sido autorizado”, agrega.
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El Congreso disuelto aprobó mantener la prerrogativa de levantamiento del fuero dentro del Parlamento, pero estableció un plazo de 45 días hábiles. “Solo si el Congreso no resuelve la solicitud de levantamiento de inmunidad dentro del plazo estipulado, la Corte Suprema podrá presentarla ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva”.
Esta norma fue enviada al archivo, porque no fue objeto de segunda votación en la anterior legislatura.
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