ONU pide informe al Perú por muertes en protestas: ¿Cuáles son las consecuencias para el gobierno de Boluarte?

Tres días antes, la oficina de Türk le solicitó al gobierno de Dina Boluarte- a través de una comunicación remitida al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Chuquihuara- remitir un informe en el plazo de dos meses sobre el presunto uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas en el país, que ha provocado la muerte de 48 civiles.

El documento, de 21 páginas, es firmado por ocho relatores del organismo internacional.

La comunicación remitida por la ONU, además, da cuenta, en base a cifras de la Defensoría del Pueblo, que entre los 48 ciudadanos muertos en los enfrentamientos “con las fuerzas de seguridad” están dos mujeres y siete menores de edad. También refiere que, al 20 de febrero último, 1298 civiles y 705 policías han sido heridos.

También reporta que 842 personas fueron detenidas, de estas, al menos 10 fueron menores de edad y dos profesionales de medios de comunicación, entre el 7 de diciembre del año pasado y el 5 de febrero de 2023.

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La Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU subraya que en el marco del despliegue de la Policía y de las Fuerzas Armadas como respuesta del Estado peruano a las manifestaciones:

“Se alega que se ha dado un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas, actos de violencia, detenciones en masa y posiblemente arbitrarias, una desaparición forzada de corta duración, uso de gases lacrimógenos y balines, así como violencia contra la prensa”

Sobre “el alegado uso excesivo de la fuerza”, el organismo internacional señala que recibió información de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de los manifestantes”. Y, en ese sentido, realizan un recuento de las muertes de civiles en Apurímac, Ayacucho, Juliaca y Lima.

La ONU, en otro momento, remarca que el 24 de enero último, la presidenta Boluarte dijo que las muertes en Puno no habrían sido causas por la Policía Nacional, sino por personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad. No obstante, la misma entidad indica que una investigación “basada en informes de autopsias y análisis forenses habría revelado que todos” los decesos en esa localidad del sur del país “habrían sido causados por heridas de bala”.

La Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de las Naciones Unidas exhortaron al gobierno de Boluarte a entregar información detallada sobre 10 puntos en concreto [ver documentos].

Por ejemplo, proporcionar el estado actual de las investigaciones judiciales o de otro tipo “sobre los alegados homicidios durante las protestas”, si las personas asociadas a las víctimas han sido informadas sobre los avances y si pueden o no participar de las averiguaciones, y determinar en qué medida las pesquisas se ajustaron “a los estándares internacionales y científicos aplicables” en estos casos.

También, casi a modo de exhortación, la ONU le pide al Ejecutivo peruano informar “sobre las medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra las personas que ejercen su derecho a la protesta”. En particular, agrega, “el uso del término ‘terruco’” en contra de un sector de los manifestantes, “tomando en cuenta el contexto histórico” del país.

El organismo internacional, además, solicita que entregue la legislación, las políticas vigentes y los programas de formación “para prevenir el uso excesivo de la fuerza” durante las manifestaciones, así como la “garantía de no repetición” de los hechos ya acontecidos y del respeto a las normas internacionales pertinentes.

El ente exhorta al Estado peruano a brindar información sobre “las bases que facultan los allanamientos” en el marco de las protestas. Esto a raíz del ingreso de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El excanciller Eduardo Ferrero Costa consideró que la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU al gobierno de Boluarte “revela que hay una preocupación internacional por la situación en el Perú, en particular a consecuencia del fallecimiento de un número considerable de peruanos”.

En comunicación con El Comercio, Ferrero Costa indicó que el Ejecutivo está en la obligación de responder, al ser parte del sistema de Naciones Unidas.

“Y teniendo en cuenta esta respuesta, la ONU elabora un informe más completo, donde se incluya la posición del gobierno. Es importante que la misma canciller participe y exponga la situación de los derechos humanos en el país, y que aclare algunos puntos que se están dando de manera inexacta a nivel internacional”, expresó.

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El exministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner también dijo que el Perú tiene que brindar una respuesta dentro del plazo dado por Naciones Unidades.

“El gobierno tendrá que estudiar y responder a cada una de las preguntas que se le formulan”, mencionó en un breve diálogo con este Diario.

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El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor sostuvo que el pre informe de la ONU “hace daño” al Perú y “ruido internacional”, pero remarcó que, en los últimos años, Chile y Colombia, cuando afrontaron escenarios convulsión social, también fueron pasibles de estas solicitudes.

“No digo que mal de muchos, consuelo de tontos, lamentablemente nos tocó, ahora lo que se debe hacer es encontrar una fórmula de repetición [de las presuntas violaciones a los derechos humanos]. El gobierno ya debería plantear una salida que esté vinculada a recibir cooperación internacional para mejorar el sistema de reacción del uso de la fuerza a los estándares, mecanismos que no afecten la integridad y vida de las personas”, manifestó.

"El gobierno ya debería plantear una salida que esté vinculada a recibir cooperación internacional para mejorar el sistema de reacción del uso de la fuerza"

El también exministro de Justicia y Derechos Humanos adelantó que el gobierno deberá trabajar en conjunto con la fiscalía y el Poder Judicial para darle una respuesta al organismo internacional, porque son las instancias judiciales las que deben tener el detalle del avance de las investigaciones por las muertes en las protestas.

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Jiménez Mayor destacó que el documento haya reconocido que el expresidente Pedro Castillo sí dio un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado.

“El informe habla de violencia perpetrada por los manifestantes y a su vez reconoce que hubo un golpe de Estado en el Perú que fue perpetrado por Castillo. También dice que el expresidente está sujeto a un proceso judicial, es decir, no está detenido de manera arbitraria”, mencionó.

La ex titular de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello explicó en RPP que la solicitud de la ONU al Perú no es un tema menor, sino más bien una “llamada de atención”. Agregó que el organismo internacional le está pidiendo al Estado peruano una explicación sobre cómo se llegó a una situación donde hay casi cinco decenas de civiles muertos en enfrentamientos en el marco de las protestas.

Pérez Tello señaló que la exhortación de Naciones Unidas “busca evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos”, y precisó que el documento “no prejuzga el fondo” de las denuncias, pero sí es claro en pedirle al gobierno una explicación respecto a si este es responsable o no del uso excesivo de la fuerza.

“¿Por qué es grave? Porque cuando la ONU o el sistema interamericano [de justicia] llama la atención y te dice ‘tengo estas denuncias’, y son denuncias muy graves y tan detalladas, día por día, lo que te dice es ‘explícame si tú violaste [derechos humanos], si otros lo hicieron y si estás investigando y sancionando como corresponde’”, expresó.

"Lo que te dice es ‘explícame si tú violaste [derechos humanos], si otros lo hicieron y si estás investigando y sancionando'"

Fuentes de El Comercio señalaron que les preocupa que la ONU haya incluido el caso de la desaparición forzada por horas de un ciudadano, porque esto calificaría como un delito de lesa humanidad y podría abrir la puerta a un proceso en la Corte Penal Internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma. “El gobierno va a tener que hilar muy fino en esta respuesta”, advirtieron.

El internacionalista Francisco Belaunde afirmó que la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU “no deja muy bien parado al gobierno” de Boluarte Zegarra, al referir que el pre informe tal como está “ya es bastante crítico”, al denunciar excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía y de las FF.AA.

“A nivel internacional, esto por supuesto que debilita al Ejecutivo y puede tener repercusiones a nivel interno”, manifestó a El Comercio.

Belaunde refirió que una vez que el Estado peruano responda, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberá elaborar un informe final sobre la situación de la crisis en el país. Añadió que este pronunciamiento puede tener un tono de cuestionamiento. Pero remarcó que es difícil que el organismo internacional emita algún tipo de sanción.

“El único organismo de la ONU que puede tomar decisiones que son obligatorias es el Consejo de Seguridad, pero esto busca más bien tener un efecto político y de prestigio, porque podría afectar aún más la imagen del país”, acotó.

El internacionalista Francesco Tucci subrayó que el pedido de la ONU no tiene un fin sancionador, por el momento, sino que se trata “más de una exhortación”, en el sentido, de que el gobierno adopte medidas para proteger los derechos humanos de los manifestantes y también para sancionar a los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos.

“La imagen del país queda afectada, las protestas, inicialmente, no parecían conllevar a problemas con relación al respecto a los derechos humanos, pero sucesivamente hemos visto cómo el número de fallecidos ha crecido. Que ha habido represión en protestas violentas, pero también pacíficas”, mencionó a este Diario.

Tucci consideró que indirectamente la presión internacional que puede generar el documento de Naciones Unidas “podría desembocar en una presión interna para favorecer el adelanto de elecciones generales”. “Insisto que el principal objetivo es identificar responsabilidades y que estas sean sancionadas en un contexto de Estado de derecho”, sostuvo.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que el gobierno peruano cumplirá con responder dentro de los plazos establecidos a la ONU. Precisaron que el documento no tiene un efecto vinculante.