Armisticio político

Ha sido penoso el espectáculo ofrecido tanto por el presidente Vizcarra como por el Congreso de la República a propósito del debate sobre la inmunidad parlamentaria y los impedimentos para que condenados por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular. En lugar de ser copartícipes de un modesto triunfo en materia de reforma política, Ejecutivo y Parlamento se enfrascaron en otro capítulo de la interminable historia de enfrentamientos que vivimos desde que el proceso electoral del 2016 determinara que el Ejecutivo no tendría una presencia significativa en el Parlamento.

Mira: Congreso: constitucionalistas advierten riesgos en cambios a la inmunidad

El libreto es harto conocido: incomprensible renuencia a la reforma por parte del Congreso; golpe oportunista y desproporcionado al Parlamento de un presidente ávido de popularidad y que no tiene reparos en debilitar a la institución parlamentaria para alcanzar sus objetivos; sobrerreacción de un Legislativo que se siente atacado por el Gobierno y acorralado por la opinión pública; aprobación a regañadientes de las reformas por el Congreso, pero también de disposiciones contraproducentes y normalmente reñidas con la Constitución que tienen como finalidad principal la represalia política.

En el subjetivo mundo de la asignación de culpas cada quien es libre de elegir al (principal) villano de este episodio (tendemos a pensar que la modificación de siete artículos de la Constitución en cuestión de un par de horas con notorios visos de inconstitucionalidad inclina la balanza a favor del Legislativo), pero en lo que seguramente habrá coincidencia es en la necesidad de romper con esta nefasta dinámica cuanto antes. Esta situación no le conviene a un Ejecutivo carente a estas alturas del arma de las cuestiones de confianza ni a las fuerzas políticas que integran el Congreso y que pretenden ser gobierno en el 2021. Ciertamente, no le conviene al país, que ya tiene que lidiar con el terrible daño infligido por la pandemia.

Toca a ambos poderes reabrir líneas de comunicación e intentar fijar una agenda mínima para manejar la emergencia sanitaria y la crisis económica. Es el Ejecutivo, en ese sentido, quien debe asumir el liderazgo para acercar posiciones y distender las actuales tensiones, lo que supone esfuerzos mayores a mostrarse “dispuesto” a conversar o repetir para la tribuna cuánto respeta al Congreso y lo abiertas que están las puertas de Palacio de Gobierno. En contra de sus instintos y costumbres, si el Ejecutivo no integra al menos a ciertos grupos parlamentarios en una agenda nacional COVID-19, permitiendo que el Congreso pueda también capitalizar conquistas legislativas, seguirá recibiendo proyectos de ley contrarios a las políticas de gobierno y observándolos en el último día solo para ver cómo el Parlamento los aprueba por insistencia con más de 100 votos.

Un paso previo para cualquier ‘reset’ en las relaciones con el Congreso, de buscarse ese camino, sería la recomposición del actual equipo ministerial. No solo porque el Gabinete claramente necesita ser renovado, sino porque este esfuerzo requeriría de capacidades de articulación y convocatoria de las que carece el primer ministro. Si en otros países discuten la desescalada de las medidas de confinamiento social, aquí es apremiante empezar por un armisticio político.

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