A principios de mes, Pérez denunció a Carlos Ramos Núñez alegando que había revelado el nombre de un colaborador eficaz. (Foto: César Campos / GEC)
A principios de mes, Pérez denunció a Carlos Ramos Núñez alegando que había revelado el nombre de un colaborador eficaz. (Foto: César Campos / GEC)
Erick Sablich Carpio

Analista político

En vísperas del Año Nuevo pasado, y quizá pensando –por así decirlo– que esta circunstancia ayudaría a que el tema pasara por debajo del radar, removió de sus cargos a , fiscal superior coordinador del equipo especial Lava Jato (EELJ), y a , el integrante más conocido de este equipo.

Sin embargo, el evidente intento de torpedear las investigaciones a cargo del grupo de fiscales intrínseco en esta decisión generó tal grado de indignación ciudadana y rechazo mediático que Chávarry tuvo que revertirla el 2 de enero mismo y, a los pocos días, renunciar como titular del Ministerio Público.

El entonces fiscal de la Nación no solo había fracasado en su objetivo de defenestrar a Vela y Pérez, sino que catapultó el respaldo público en favor del EELJ y consolidó su poder al interior de la fiscalía, a pesar de la existencia de una mayoría de cuestionados magistrados (incluyendo al propio Chávarry) en la Junta de Fiscales Supremos adversa a su trabajo.

Casi un año después, el inmenso capital que llegó a acumular el EELJ empieza a ser dilapidado por una serie de errores y excesos provenientes de sus propios integrantes y, en especial, del fiscal José Domingo Pérez tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró la nulidad de la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori.

Así, en una reacción que hace recordar las desproporcionadas medidas ordenadas en contra de los bienes del expresidente Kuczynski a los pocos días de que el Poder Judicial rechazara un pedido de Pérez para cambiar su arresto domiciliario por una prisión preventiva, el fiscal ha apurado una nueva solicitud para ordenar que Fujimori retorne a la cárcel despertando críticas sobre la falta de avances en los procesos de investigación. Si existen tantos elementos de convicción en este caso, ¿por qué no avanzar con la acusación respectiva?

Más grave que lo anterior, extrañas coincidencias vienen determinando que los magistrados que votaron en el TC a favor de Fujimori se vean envueltos en súbitos trances judiciales. A principios de mes, Pérez denunció a Carlos Ramos Núñez alegando que había revelado el nombre de un colaborador eficaz. Luego, el mismo fiscal Pérez citó a José Luis Sardón como testigo del caso de aportes de campaña al fujimorismo y dio inexactas declaraciones sobre su participación en la asociación Reflexión Democrática, así como del rol de esta en el financiamiento de campañas de candidatos al Congreso, asociándolas con un apoyo al fujimorismo. Y finalmente, hace un par de días, se filtró a través de los medios que el Ministerio Público investiga lo que sería una realmente torpe reunión pública entre Ernesto Blume y Giulliana Loza, abogada de Fujimori, en un restaurante (negada enfáticamente por ambos).

Estos hechos sobrepasan inoportunas declaraciones políticas por parte de un fiscal. Aquí se pone en cuestión cómo viene ejerciendo una autoridad pública sus atribuciones y el impacto que puede tener su conducta en las investigaciones a su cargo. Harían mal la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el coordinador Vela en subestimar la gravedad de la situación.