“Barbarie política”, la columna de Jaime de Althaus

La interpelación al ministro Jaime Saavedra ha sido una acto de barbarie política. No el hecho de que fuera interpelado, sino la calaña de las diatribas y difamaciones vertidas, y el hecho de que la bancada de Fuerza Popular no se hubiese tomado un tiempo para sopesar las respuestas antes de anunciar la censura, poniendo en evidencia que Saavedra estaba ya condenado antes de escucharlo. 

La acusación más grave, la de la compra de las computadoras, es algo que escapa a la capacidad de control del ministro y en lo que ni siquiera hubo perjuicio al Estado: de 19 proveedores de la lista de la OSCE se escogió al que ofrecía el menor precio. El asunto es que el proveedor luego depositó parte del dinero percibido en cuentas de personas vinculadas a la funcionaria Vilca, pero ese proveedor estaba autorizado por la OSCE. Y los pedidos de dinero a alcaldes a cambio de transferencias que “destapó” el congresista Becerril ya habían sido denunciados por el propio ministerio y al parecer eran falsos: alguien usaba el nombre del funcionario para pedir plata. Un papelón. 

Podría ser entonces cierta la hipótesis de que detrás de esto están los intereses de congresistas vinculados a universidades que tendrían dificultades para ser licenciadas por la Sunedu. Alas Peruanas por ejemplo, de los Ramírez. O que por alguna razón misteriosa la rabia por la derrota electoral, eficazmente reprimida en ocasión del voto de investidura y el otorgamiento de facultades, estalló incontenible contra Jaime Saavedra.

Si esto es un desfogue con el que se saldan las cuentas de la campaña, de algo habría servido. Pero tal parece que la siguiente víctima será la Sunedu, y de la manera más desvergonzada: se le quitará la facultad de licenciar a las universidades existentes y su consejo directivo será nombrado por los rectores. Mejor cerrarla. Sería un gasto inútil. 

Es cierto que la Ley Universitaria contiene excesos intervencionistas que deben ser retirados, pero su valor radica en que por primera vez el Estado asume su responsabilidad como dueño de las universidades públicas, para asegurar que tengan un mínimo de calidad. Ese es el verdadero aporte de esta ley.

Habla muy mal de nuestra democracia que un ministro honesto y capaz que lograra mejoras notorias en el rendimiento de nuestros chicos en las pruebas nacionales e internacionales pueda ser censurado. Se le podía criticar por no ser más ambicioso en el cambio de modelo pedagógico y por bloquear al sector privado, pero no es por eso que ha sido interpelado. Al gobierno le será más difícil ahora reclutar buenos ministros.   
Y si esto significa que Fuerza Popular se quita la careta y pasa a la obstrucción irracional, perdamos toda esperanza. Es urgente una reunión entre el presidente y Keiko Fujimori. La posibilidad de un acuerdo que podría ser tan beneficioso para el país no puede volar por los aires así nomás.  

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