Cateriano, el abogado presidencial; por Erick Sablich Carpio

El primer ministro Pedro Cateriano no ha empezado el 2016 con buen pie. En realidad, la semana que está por terminar debe ser una de las más deslucidas de su gestión desde que asumió la jefatura del Gabinete, a inicios de abril del 2015. Una gestión, por cierto, que tampoco se ha caracterizado por ofrecer logros y aciertos al por mayor.

El lunes, Cateriano justificó la decisión del gobierno de no promulgar un tratado de extradición con Francia que este había promovido –y aprobado vía sus instancias internas– al darse cuenta súbitamente de que tenía condiciones que no eran favorables para el Perú.

El acuerdo fue firmado en febrero del 2013 y –una vez que entre en vigencia– permitirá, a diferencia de lo que ocurre ahora, la extradición entre ambos países de ciudadanos que incurran en delitos de corrupción y lavado de activos, entre otros.

Al ser interrogado sobre las causas de la decisión, el primer ministro negó cualquier consideración política. Ello, ante las especulaciones de que la pareja presidencial viajaría a Francia terminado el gobierno para evadir investigaciones como las que se siguen actualmente a Nadine Heredia por lavado de activos .

“¿Creen que no tengo munición para responderles a aquellas personas? [Las que sugieren motivaciones político-judiciales]. Invoco a la ciudadanía a hacer un poco de memoria en tema de extradiciones y fugas o de renuncias. Me muerdo la lengua, pero tengo obligación de ser neutral”, refirió el lunes.

Lo que nos lleva al segundo tema, el de la neutralidad. El miércoles, el titular de la PCM salió con la pata en alto contra el Jurado Electoral Especial de Lima, que encontró que una serie de comentarios del presidente Humala en contra de candidatos presidenciales y partidos políticos violan el principio de neutralidad que invocaba el primer ministro para ‘morderse la lengua’.

Cateriano, no solo “rechazó” y “deploró” el fallo, sino que pidió que la resolución del órgano de justicia electoral sea rectificada. Ello, según él, por cuanto el jefe de Estado “está obligado a dar sus puntos de vista de carácter político” y el derecho de opinión y la libertad de expresión son absolutamente irrestrictos.

Quien debe rectificar el rumbo, sin embargo, es el primer ministro Cateriano. El gobierno ya se vio obligado a hacerlo en lo que respecta al tratado de extradición al anunciar el viernes que este será promulgado pese a sus objeciones recientes, lo que constituye un doble papelón en relación con este tema.

Cateriano, por su parte, ha pasado de ponerse convenientemente de perfil en casos que comprometen al gobierno, como la investigación contra Martín Belaunde Lossio o los seguimientos por parte de la DINI a opositores, a asumir roles más activos pero menos decorosos como destituir a la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe. Por no mencionar otros eventos más bochornosos en los que apareció silente o ensayó tibias defensas, como el caso de las agendas de la primera dama, cuya propiedad ella negara por semanas para luego aceptar que efectivamente le pertenecían.

Con ello, Cateriano ha terminado por defraudar las expectativas que generó su nombramiento como primer ministro. Lamentablemente parece que confundió el rol de vocero del gobierno con el de abogado personal de la pareja presidencial. Y ese puesto, como todos sabemos, ya lo ocupa el doctor Eduardo Roy Gates.

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