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Una vieja frustración peruana es que el Congreso no sea el contrapeso real del poder presidencial. Tampoco la fortaleza legislativa reformadora de una administración fiscal y judicial. Más bien lleva todas las de perder en la clásica división de poderes, como lo demuestra su patética inacción de este tiempo frente a los elevados índices del crimen y la corrupción.
Al margen de cómo se reparten y evolucionan los pesos de mayoría y minoría alrededor del oficialismo y de la oposición, lo cierto es que el Congreso no ha logrado desempeñar en mucho tiempo el papel fiscalizador e investigador mínimamente aceptable, confiado por sus votantes.
El ímpetu de cambio, revestido de anticorrupción, que trajeron el presidente Ollanta Humala al Gobierno y su bancada del Partido Nacionalista al Congreso, sufrió, por ejemplo, una rápida asfixia en comisiones que tienen como protagonistas a aliados políticos como el ex presidente Alejandro Toledo y a allegados de campaña electoral (factura en mano) como Martín Belaunde Lossio.
El blindaje partidario oficialista, en uno y otro caso, ha llevado al jefe del Estado a deslindes tardíos, como el que acaba de hacer respecto de Belaunde Lossio, a costa de innecesarios y corrosivos desgastes de imagen y aprobación.
Las excepcionales sanciones del Congreso en la Comisión de Ética apenas corresponden a un grado de exorcismo forzado al interior de la institución parlamentaria. Sería harto escandaloso que no fuese así, aunque con resultados que no terminan en las vías fiscal y judicial que sin duda merecerían.
El súbito cambio de tono del presidente Humala en sus declaraciones sobre Belaunde Lossio difiere sustancialmente de la cortina política de protección montada en las últimas semanas por el oficialismo parlamentario alrededor de los vínculos del operador de campaña electoral del Partido Nacionalista en sus negocios con el Estado.
Que Humala crea, en relación con Belaunde Lossio, que una cosa es realizar negocios en el ámbito del Gobierno Central (más próximo a su control) y otra cosa hacerlo con los gobiernos regionales, no reduce en lo más mínimo la afectación del Estado y más concretamente del dinero presupuestal nacional.
Que Belaunde Lossio tuviera, por último, más facilidades que controles en su indiscriminado uso del poder político, a nadie debiera extrañarle, como también que entrara y saliera del Congreso las veces que quisiera. Y no solo eso, sino que acomodara normas legislativas al molde de sus intereses económicos y que gozara de una mayordomía parlamentaria muy bien afinada y expeditiva.
El Congreso lo es pues todo de cara a las expectativas de mejora institucional del país. Pero a la vez es nada en comparación con la demanda ciudadana de vigilancia y control del poder político.
En medio de esta desilusionante tenaza la posibilidad de una reforma política, capaz de convertirse en el sostén futuro del crecimiento económico alcanzado en los últimos veinte años, vuelve una vez más a hundirse en las estériles e irreconciliables confrontaciones partidarias.
DESEMBARAZO TARDÍO (I)
Paseándose como Pedro en su casa
Esto es lo que ha hecho el socio de Martín Belaunde Lossio en el Congreso, a puertas abiertas del oficialismo. Al punto que ahora se pretende borrar los registros de visita del empresario Rivera Ydrogo. ¿No era el amigo mimado?
DESEMBARAZO TARDÍO (II
Todo apuntaba a la pareja presidencial
En la medida que el blindaje oficialista se endurecía en torno a Belaunde Lossio, las revelaciones de los negociados de este con el Estado (así sean las regiones) apuntaban a la pareja presidencial. Una de las razones por la que Humala habría zanjado de una vez.
