Desviaciones del poder presidencial, por Juan Paredes Castro

El congresista Omar Chehade, otrora una de las personalidades más cercanas a la intimidad política de Ollanta Humala y Nadine Heredia, acaba de responsabilizar a ambos de graves desviaciones del poder presidencial.

Acusa a la señora Heredia de usurparlo. Y al propio presidente, a quien ve “secuestrado psicológicamente por su esposa”, de consentirlo.

“Quien reina y gobierna es Nadine Heredia”, dice Chehade, quien hace 72 horas fue separado de la bancada parlamentaria del Partido Nacionalista por negarse a blindar a la primera dama en su estrategia de bloqueo de las investigaciones fiscales y parlamentarias sobre lavado de activos.

No hace mucho Chehade le preguntó a Heredia en el Twitter: “¿Es tan difícil ponerse a derecho?”, en el mismo tono irónico con que ella le interrogara al comienzo del gobierno, y también en el Twitter: “¿Es tan difícil caminar derecho?”, a propósito de la reunión que el congresista sostuviera en el restaurante Brujas de Cachiche para supuestamente influir en el desalojo del fundo Andahuasi, cosa que le costó el puesto de segundo vicepresidente de la República.

Chehade ha dado un duro martillazo en el mismo clavo: como lo hemos advertido en esta columna, hace mucho tiempo que las desviaciones del poder presidencial adquirieron no solo una recurrente evidencia sino una insólita impunidad, como si un redivivo Vladimiro Montesinos estuviese guiando los pasos del gobierno y del país.

Las desviaciones autoritarias, puestas de manifiesto en la permanente confrontación del poder presidencial con los partidos políticos y en su tendencia a añorar experimentos como los de Chávez y Maduro en Venezuela, podrían ser entendibles desde el razonamiento de que Humala no llegó al poder con un proyecto democrático, sino que tuvo que asumir aquel otro que le impuso la hoja de ruta, con su garante Mario Vargas Llosa.

Nadie podría entonces exigirle a Humala ser un demócrata si nunca lo había sido. Estaba obligado, eso sí, por la hoja de ruta, a respetar el modelo económico, el sistema democrático y las libertades ciudadanas.

Sin embargo, Humala se negó a jurar por la Constitución con la que había sido elegido y con la que tenía que gobernar; incorporó a la esposa en las decisiones del Ejecutivo, con el velado proyecto de una posible reelección conyugal; redujo el papel de la PCM y de quienes la presidieron a la medida del mando político de la primera dama; y, por último, dejó que esta se involucrara también, desde el Partido Nacionalista, en el destino del Congreso, poniendo y sacando titulares de este poder del Estado, hasta terminar inclusive permitiendo que su defensa legal ejerciera visibles presiones sobre fiscales, procuradores y jueces.

“Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder [el presidencial, que emana del pueblo]. Hacerlo constituye rebelión o sedición”, dice el artículo 45 de la Constitución.

¡Haga pues cumplir este artículo, señor Pedro Cateriano, mientras usted sea todavía la última reserva democrática cercana al poder presidencial!

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