“Dina TV”, la columna de Héctor Villalobos

No es la primera vez que un gobernante cree que los medios de comunicación estatales se encuentran a su servicio. Que son un premio merecido por haber ganado una elección o por haber llegado al poder. El sueño cumplido de la señal propia. Ahí está, cercano nomás, el ejemplo de Pedro Castillo y la tristemente célebre entrevista con su “estimado Julio”.

O hace una década, cuando la programación cultural se interrumpía, sin aviso previo o alguna señal de mínimo respeto por los televidentes, para dar paso en vivo a las peroratas en tono castrense de Ollanta Humala, quien utilizaba las ondas públicas para vociferar arengas en contra de “panzones” y “pelucones”. Pero el peor antecedente de todos es, sin duda, el ocurrido en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando la señal estatal fue utilizada como herramienta para manipular a la audiencia y rendir culto a la figura del gobernante y como arma de ataques y calumnias contra sus rivales políticos.

Ejemplos de uso propagandístico, presiones editoriales y despidos de periodistas en la señal estatal hemos tenido de sobra en los últimos años. Lo que ha hecho recientemente el gobierno de Dina Boluarte con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) abre un nuevo capítulo en la historia de intromisiones e intentos de controlar a los medios estatales.

Primero, se produjo el nada sutil nombramiento de Ninoska Chandia como presidenta de la institución. Chandia había sido anteriormente directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Boluarte. Su relacionista pública, para decirlo en términos más sencillos. De una persona que ha tenido tal cercanía con la presidenta lo menos que se podía esperar era independencia en el manejo de la televisión y radio del Estado.

Lo que vino después confirmó los temores que tal nombramiento generaba. Esta semana, se ha producido una purga en el IRTP con las salidas intempestivas de gerentes y periodistas que eran incómodos para el régimen. No es casualidad que dos de los reporteros cuyas órdenes de locación de servicios no fueron renovadas hayan tenido comentarios críticos contra el gobierno o hayan formulado preguntas que no le gustaron a la presidenta. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, la misma que defendió la imposición de cuotas de contenido para la radio y televisión privadas, ha justificado esta venganza laboral señalando que se trata de “cambios para bien”. Para bien de la imagen del gobierno será.

Así como van las cosas, no nos sorprendamos si en las próximas semanas TV Perú anuncia el estreno de su nuevo programa de cinco horas “Aló, presidenta” o que tengamos todas las mañanas a Dina Boluarte dando monólogos diarios camuflados como conferencias de prensa sin preguntas. Ya sabemos quién hizo lo mismo en Venezuela. Ya sabemos quién continúa haciéndolo en México.