(Foto: GEC)
(Foto: GEC)
Erick Sablich Carpio

Analista político

Prácticamente terminado el cómputo de las actas electorales por la ONPE, la expectativa que generó la sorpresiva votación de ciertas fuerzas políticas (Frepap, Unión por el Perú y Podemos Perú) va cediendo paso a la incertidumbre respecto de qué se puede esperar del nuevo Congreso.

Como se ha venido comentando, varias son las particularidades que diferencian a este Parlamento de sus antecesores. Estas van más allá de su naturaleza transitoria y, de una u otra forma, condicionarán su funcionamiento: la alta fragmentación de bancadas, inusual para un Congreso que empieza funciones (las elecciones más recientes dieron de 5 a 6 grupos parlamentarios); el hecho de que las primeras minorías apenas rocen la quinta parte del total de escaños; la escasa experiencia de la mayoría de legisladores en la función parlamentaria; la ausencia de liderazgos claros en los distintos partidos (y las disputas por el control de estos en varios casos); la brevedad del mandato encomendado; la cercanía de la campaña para las elecciones generales del 2021; entre otros.

En el plano político, como he mencionado antes, estas características –que en principio asomarían como poco auspiciosas– al menos garantizan que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso difícilmente desciendan a los lamentables niveles a los que nos acostumbramos desde el 28 de julio del 2016. Las palabras vacancia, disolución o censura, por ejemplo, seguramente desaparecerán de las notas periodísticas y los paneles de abogados constitucionalistas en los medios televisivos serán menos frecuentes. En ese sentido, el triunfo del presidente Vizcarra tras disolver de manera muy cuestionable el Congreso, el 30 de setiembre, es inobjetable; la oposición política a su gestión es mínima y carece de legitimidad.

En cuanto a producción legislativa, es evidente que el Parlamento tendrá serias dificultades para alcanzar consensos, algo que generalmente se comenta con pesar (tal vez por esta mala costumbre de evaluar el rendimiento de los congresistas en función al número de leyes cuya aprobación consiguen o a la cantidad de proyectos que preparan); pero que, desde otra perspectiva, se mitigan los riesgos de que se aprueben normas que impacten negativamente la inversión privada y el clima de negocios (más proteccionismo en lo laboral, mayores restricciones en actividades extractivas, afectaciones al sistema previsional, entre otros potenciales asuntos). Un riesgo que no se debería desdeñar, cabe añadir, si examinamos los antecedentes de las bancadas que supuestamente ahora se erigirán como guardianes del modelo económico y sumamos a la fiesta a grupos como UPP, el Frente Amplio y el Frepap.

Tocará en esta medida al Poder Ejecutivo hilar muy fino para guiar al Congreso (sin imposiciones ni amenazas) a concentrarse en temas institucionales impostergables que sí requieren de actuación legislativa como la reforma política y del sistema de justicia; y, al mismo tiempo, apartarlo del tentador populismo económico típico de un año preelectoral.

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