El enemigo indeterminado

Las cosas no parecen haber mejorado sustantivamente para el gobierno desde que el presidente Vizcarra disolviera de manera controversial el Congreso de mayoría fujimorista el 30 de setiembre último.

En poco más de dos meses, este ha perdido tres ministros de Estado: Jorge Meléndez (Desarrollo e Inclusión Social), Zulema Tomás (Salud) y Francisco Petrozzi (Cultura) por hechos que nada tienen que ver con fuerzas externas tratando de desestabilizarlo y que desnudaron, más bien, serios problemas para afrontar las correspondientes crisis políticas que acompañaron dichas bajas. De por medio tampoco hubo citaciones injustificadas, o interpelaciones y mociones de censura desproporcionadas de una oposición política desbocada.

A ello se suman los cuestionamientos al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, luego de que un informe de la periodista Graciela Villasís revelara que la Contraloría General de la República ha encontrado presunta responsabilidad penal en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por los –según alega la contraloría– indebidos adelantos de pagos por más de 41 millones de soles en favor del consorcio encargado de la construcción del hospital de Moquegua, los mismos que se realizaron cuando Trujillo era gerente general y Vizcarra gobernador regional (con el agregado de que se efectuaron en el último día de la gestión y a través de más de un centenar de transferencias bancarias).

El informe de la contraloría, debe indicarse, no señala responsabilidad ni en Trujillo ni en Vizcarra.

Si a esto se suma la situación del ex primer ministro César Villanueva, quien estuvo recientemente detenido por presuntamente haber incurrido en el delito de tráfico de influencias para librarse de las investigaciones en su contra por el Caso Odebrecht, es claro que el Ejecutivo experimenta, tal vez por primera vez, las consecuencias de que todos los reflectores estén ahora puestos en su gestión.

El Congreso disuelto era, qué duda cabe, un efectivo pararrayos político de admirable vocación autodestructiva, cuyo recuerdo debe ser evocado con añoranza por los asesores presidenciales.

Esta situación aparentemente ha incomodado al presidente Vizcarra, quien ayer recurrió al consabido recurso de achacar a terceros de identidad indeterminada el origen de cualquier denuncia o crítica a su gobierno, señalando que los “ataques” que recibe “todos los días” responden a las reformas que su gestión viene implementando y que afectan “poderosos intereses”.

Para el mandatario, en efecto, “hay quienes para defender sus intereses presionan a los poderes del Estado, hacen lobbies sin control, financian de manera oscura a los partidos para cooptarlos, fabrican titulares, entre otras muchas armas que les da su poder”.

Graves acusaciones estas que, al ser planteadas de manera tan genérica, no solo no parecen ser concordantes con el gobierno “democrático, respetuoso de la separación e independencia de poderes, de la libertad de prensa y de las libertades individuales” que el presidente aseguró también ayer encabezar, sino que difícilmente alcanzarán niveles de verosimilitud suficientes para exonerar al gobierno ante la opinión pública de sus propios errores.