"¿Cuáles eran los incentivos de los grupos políticos para enviar a sus cuadros con más experiencia o proyección para un período tan corto si, además, no perderían su inscripción vigente de no superar la valla electoral?". (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
"¿Cuáles eran los incentivos de los grupos políticos para enviar a sus cuadros con más experiencia o proyección para un período tan corto si, además, no perderían su inscripción vigente de no superar la valla electoral?". (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
Erick Sablich Carpio

Analista político

El organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reflejado en buena cuenta las debilidades de : desinterés ciudadano y mediático (al punto de que el operativo policial en Punta Negra se llevó el énfasis de la cobertura periodística), falta de información sobre los postulantes (el hecho de que no se pudieran mostrar en el evento los símbolos de los partidos resulta francamente inexplicable) y, en líneas generales, ausencia de ideas por parte de la mayoría de las agrupaciones políticas que participan de la contienda.

Si bien en un inicio el Poder Ejecutivo se había mostrado optimista respecto del proceso (convocado, recordemos, como consecuencia de la cuestionable disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra) y lo que podía esperarse de la nueva representación nacional, las circunstancias estructurales que rodeaban los comicios daban suficiente espacio para el escepticismo en ambos casos.

Los obstáculos eran (son, en realidad) varios y evidentes. Principalmente, la naturaleza misma de una elección atípica cuyo propósito es formar un Parlamento transitorio que estará vigente por tan solo 18 meses, que toma desprevenidos a los partidos políticos y que adolece de candidaturas presidenciales (normalmente, personalidades sobre las que en la práctica se construyen los partidos en nuestro país) que impulsen ‘sus’ listas congresales.

¿Cuáles eran los incentivos de los grupos políticos para enviar a sus cuadros con más experiencia o proyección para un período tan corto si, además, no perderían su inscripción vigente de no superar la valla electoral? ¿Por qué la calidad de este Congreso habría de ser significativamente mejor en relación con sus predecesores si no se ha llevado a cabo una reforma política que reformule de manera sustancial el sistema?

A mediados de diciembre, una encuesta de Datum para el diario “Perú 21” revelaba que el 65% de los votantes se encontraba insatisfecho con las agrupaciones políticas y candidatos, y un 60% consideraba que aquellos no habían “puesto a sus mejores cuadros”. Desde entonces el 15% de los aspirantes a una curul fue excluido por el JNE (a veces por excesivos formalismos) y los pocos temas relacionados con la campaña que han concitado cierto interés público han generado más indignación que entusiasmo.

A menos de dos semanas para las elecciones, el Gobierno parece haber tomado nota de esta apatía generalizada y del potencial impacto negativo que (otro) mal Congreso pueda tener sobre sus índices de aprobación. No existirá una fuerza con la hegemonía (y ánimo revanchista) de Fuerza Popular en el Parlamento disuelto, pero tampoco se debe subestimar los riesgos derivados de una nueva decepción ciudadana.

En ese sentido, la reactivación de las comisiones Wagner (reforma de justicia) y Tuesta (reforma política) constituyen pasos en la dirección correcta para dotar de una agenda inicial al nuevo Congreso, sin perjuicio de que aún se espera una agenda concreta en temas esenciales como reactivación económica y seguridad ciudadana.

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