Gobierno aún no toma decisión sobre situación del lote 192
Gobierno aún no toma decisión sobre situación del lote 192
David Rivera

Si usted ha seguido el debate, estimado lector, se habrá percatado de que los opositores a que participe del no han dado razón técnica que sustente su posición.

¿A qué nos referimos? A que nadie ha respondido a las afirmaciones originales de la consultora Wood Mackenzie en el sentido de que los lotes 192 y 64 presentan un valor presente neto positivo y que la incursión de la petrolera pública en el up stream (explotación de petróleo) podría agregar tres veces el valor actual de las actividades de la empresa.

Uno de esos argumentos recurrentes para oponerse es la ineficiencia de Petro-Perú, reflejada, se dice, en las pérdidas por S/.95 millones del 2014. Quienes lo sustentan, sin embargo, no mencionan ni por asomo una verdad harto conocida: los retornos de la refinación son bajos y se han ido reduciendo desde el 15% promedio de hace diez años a cerca del 10%.

Si no, ¿cómo explicar que la Refinería La Pampilla, de Repsol, tuvo pérdidas por US$65 millones el mismo año, más que los US$49 millones del 2013? ¿Por qué cree usted, estimado lector, que tras deshacerse de sus lotes petroleros, Repsol ha intentado vender su refinería a como dé lugar?

Porque es en la explotación donde está el verdadero retorno. Porque si de ser balanceados se trata, también habría que decir que Petro-Perú obtuvo utilidades por unos US$100 millones en el primer semestre de este año. ¿Repsol en La Pampilla? US$29.000.

Todo lo cual no quiere decir que Petro-Perú no necesite mejorar su eficiencia y desarrollar capacidades técnicas. Pero lo que justamente se está proponiendo es que la petrolera estatal se asocie con empresas privadas (inclusive en participaciones minoritarias) de las cuales pueda ir adquiriendo capacidades.

El punto es que quienes se oponen desearían en realidad que Petro-Perú sea privatizada. Ahora bien, les pregunto. Si la realidad social y política les muestra que ese escenario es improbable, ¿el sentido de pragmatismo no debería llevarlos a apoyar el fortalecimiento de la empresa y, por lo tanto, su participación en la explotación? ¿En verdad lo que anhelan es que Petro-Perú sea una empresa eficiente?

Vayamos ahora al tema legal planteado por Cecilia Blume. Apenas elegido Humala, recuerdo haberla entrevistado en La Mula luego de haber leído una columna de opinión en la que explicaba que si se quería que el Estado asumiera nuevas funciones empresariales, no era necesario cambiar la Constitución (declaración que también recogió el diario “Perú 21”).

El mejor ejemplo, decía, era la lista de empresas que se mantienen en manos del Estado. Estimada, Cecilia, ¿qué fue lo que cambió? Específicamente sobre la ley de modernización de Talara, que prohibiría a Petro-Perú expandirse más allá de la refinación, argumentaremos como abogado.

Depende. La ley condiciona su actividad si se pone en riesgo el flujo de caja de la compañía y el pago de la deuda por la modernización de la refinería. Como ya hemos mostrado, no es el caso ni para el lote 192 ni para el 64.

Ahora bien, es cierto que la ley aprobada en el Congreso tiene vicios de ilegalidad. Podemos verlo como consecuencia de la politiquería peruana o de la necedad tecnocrática. ¿Cuál es la salida para el lote 192? Tal vez que Petro-Perú sea el socio minoritario de Pacific durante los dos primeros años en los que podría desarrollar capacidades técnicas.

Finalmente, ya deberíamos parar con la cháchara de la experiencia pública desastrosa del pasado. Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, está proponiendo un retorno al Estado todopoderoso. Apelar a ello es manipulación o falta de argumentos.

Un escándalo similar se hizo cuando el gobierno de Toledo decidió –con PPK de ministro– impulsar las obras de irrigación. Lo mismo cuando se decidió la ejecución de la Interoceánica Sur. Igual cuando el Banco de la Nación decidió fortalecerse, ampliar sus servicios y su cobertura. Pregunto, si se equivocan tanto, ¿no podrán estar equivocados otra vez?

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