Una exhortación a la seriedad, por Erick Sablich

La (más reciente) comedia protagonizada por el nacionalismo en la confección de su lista parlamentaria ha eclipsado otro evento político de esta semana. Este último de mayor relevancia y, lamentablemente, no menos bochornoso. Nos referimos al intercambio de exhortaciones entre el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se esclarezca cuáles son las reglas de juego aplicables al proceso electoral. Confusión en la que el Ejecutivo también ha contribuido jugando un rol que excede al de mero actor de reparto. 

En resumen, el JNE exhorta al Congreso a que convoque a una legislatura extraordinaria para que precise la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos (con el objeto aparente de que se señale que no se aplicarán en esta contienda). A su vez, el Parlamento le dice “gracias por la exhortación, pe ro no” al órgano de justicia electoral y sutilmente lo exhorta a que haga su chamba y decida qué normas resultan aplicables a cada controversia en concreto que sea llevada ante su fuero. 

Los titulares de dichas entidades del Estado, por cierto, hacen notar con diferentes tonos que el Ejecutivo tuvo la ‘gentileza’ de publicar las citadas modificaciones este último domingo, a pesar de que el Parlamento las había aprobado a través de la figura de la insistencia el 15 de diciembre pasado, contribuyendo a incrementar la incertidumbre en torno al asunto. Y para cerrar el círculo, el gobierno recuerda sin sonrojos –aunque sin faltar a la verdad– que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

De esta forma, lo que tenemos es que en plena campa- ña, a menos de tres meses de que vayamos a sufragar, reglas importantes como las que conciernen al porcentaje de votación que deben alcanzar las alianzas electorales para pasar la valla electoral, la cantidad de invitados que pueden llevar las agrupaciones en sus listas al Congreso o la fecha en la que debieron haber renunciado los afiliados a un partido para postular por uno nuevo no están claras. En lugar de reglas claras, tenemos un juego de culpas entre los principales poderes del Estado y una sensación de desgobierno impresionante. 

¿Y cómo llegamos a este punto? El Congreso parece ser el principal responsable. El JNE, la ONPE y el Reniec trataron por dos años de persuadir a los legisladores de implementar una reforma electoral integral. Más allá de las virtudes y defectos de esta, el planteamiento estuvo hecho hace bastante tiempo. Sin embargo, el Parlamento retrasó las discusiones porque muchas propuestas suponían mayores controles a las finanzas y transparencia de los partidos y les imponían sanciones por el momento inexistentes ante el incumplimiento de la ley. 

Ya con el proceso electoral encima, bajo el ‘liderazgo’ del oficialista Fredy Otárola en la Comisión de Constitución, los parlamentarios terminaron aprobando una serie de medidas que incluso iban en contra de lo planteado por los organismos electorales. Esto originó que el Ejecutivo observara –el mismo día en el que convocaba a las elecciones– el proyecto de ley remitido por el Legislativo, pero que se vio obligado a promulgarlo luego de que este lo aprobara por insistencia el 15 de diciembre, último día de la legislatura. 

En suma, improvisación, falta de liderazgo y precariedad institucional. Esperemos que las autoridades tomen el toro por las astas y resuelvan de una vez este asunto para no generar más incertidumbre en el proceso electoral.

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