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La corrupción y la falta de competencias son los principales factores que vulneran los procesos de contratación del Estado. Las soluciones deben ser integrales, pero hay una, las herramientas electrónicas, que pueden tener un impacto claro en ambos casos. Sin embargo, aún se requiere mejorar el ámbito normativo para favorecer su uso.
El Estado gasta S/50.000 millones anuales en compras entre bienes, servicios e inversiones, pero con falencias muy notorias en este sistema. Destaca la falta de capacidad técnica en las regiones para operar las compras de manera eficiente y oportuna, así como la carencia de sistemas de información de datos de mercado más certeros para definir mejor el valor referencial.
►Rezagados en dinero móvil, por Carolina Trivelli
►El Gran Gatsby (en honor a Alan B. Krueger), por Roxana Barrantes
El mercado de calidad al que acceden los compradores públicos no genera competencia y pluralidad de postores por su bajo interés en presentarse a los procesos, en especial por la demora en los pagos.
En las entidades públicas, la falta de conocimiento lleva a escoger artículos que no tienen las características adecuadas y, por lo tanto, se paga un precio elevado. Ello no necesariamente se explica por la corrupción, sino por la incapacidad técnica de las personas a cargo. Por otra parte, la elección continua de un mismo proveedor sí puede dar más luces sobre un posible foco de corrupción.
Las compras electrónicas podrían ser la solución a estos y otros problemas derivados. Los riesgos se reducen cuando se cuenta con compradores técnicos de buen nivel y se homogenizan los bienes y servicios con mayor oferta en el mercado. También disminuye con información de los procesos de manera inmediata y cuando se desarrolla una cadena de pago a proveedores que motive el desarrollo del mercado.
La compra electrónica reduce la posibilidad de corrupción porque se realiza de manera anónima, sin que el comprador pueda saber quién ofrece los bienes o servicios. Por lo tanto, no se pueden coludir para realizar compras inadecuadas o sobrevaloradas.
Para ello, es requisito que los bienes y servicios puedan ser estandarizados. Ya que el Estado aún no posee los recursos suficientes para llevar adelante una estrategia universal de mejora de las contrataciones, debe priorizar las áreas más sensibles de compras, como construcción y mantenimiento de las vías.
Este año, el Ejecutivo prepara una nueva Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento Público para ordenar las contrataciones públicas. Las modificaciones a la ley de contrataciones son cíclicas y las mejoras son importantes, pero hoy se requiere con urgencia ampliar la cobertura de Perú Compras. Urge avanzar más con la introducción de fichas homologadas en las capacitaciones a operadores de compras públicas y la implementación de un observatorio de compras.
