El Gobierno tiene ahora que lidiar con un Congreso que pretende insertarse en la discusión pública en torno a la pandemia, muchas veces con prescindencia de la rigurosidad técnica que cualquier medida legislativa en este contexto amerita. (Foto: Congreso)
El Gobierno tiene ahora que lidiar con un Congreso que pretende insertarse en la discusión pública en torno a la pandemia, muchas veces con prescindencia de la rigurosidad técnica que cualquier medida legislativa en este contexto amerita. (Foto: Congreso)
Erick Sablich Carpio

Analista político

Hoy arranca en todo el país la segunda etapa de las medidas de aislamiento social dictadas por el Gobierno para contener la propagación descontrolada de infectados por el : cuarentena y toque de queda (ampliado para que empiece a las 6:00 p.m.), salvo por las actividades esenciales ya conocidas. Restricciones severas pero necesarias, como aseveran en el mundo los expertos de salud pública.

La primera ronda de medidas tuvo una aceptación muy favorable de la ciudadanía.. De acuerdo con el sondeo nacional-urbano publicado por Ipsos el domingo 22 de marzo, el 95% de los peruanos apoyó la cuarentena inicial de 15 días; el 96%, el toque de queda y la popularidad presidencial despegó al 87% (un incremento de 34 puntos respecto de febrero). El 83% aprobó el desempeño del Gobierno frente al COVID-19.

El endurecimiento de las medidas será visto con satisfacción por la mayor parte de la población, seguramente. En este caso, la gravedad de la situación amerita disposiciones radicales y, en general, cuando de propuestas de corte ‘mano dura’ se trata (pena de muerte o que los militares se encarguen de la seguridad), las encuestas han mostrado un amplio apoyo ciudadano. Por ello es especialmente importante que las fuerzas encargadas de resguardar el orden sean capacitadas para evitar excesos al momento de realizar intervenciones y que el Poder Ejecutivo sea firme en señalar abusos cuando estos ocurran. Algo que lamentablemente no sucedió con el reciente caso de un detenido que fue agredido por un oficial del Ejército.

El escenario político en medio de esta coyuntura, sin embargo, aparece más complicado para el Gobierno que hace dos semanas. En primer lugar, es probable que la propia trayectoria de la enfermedad (como sucede en todas partes del mundo) termine desnudando más crudamente las falencias de nuestro sistema de salud al aumentar los casos de pacientes que requieran hospitalización o traslados a unidades de cuidados intensivos, particularmente fuera de Lima. La falta de equipos de protección idóneos para el personal de salud que valientemente atiende a los pacientes (y para las fuerzas del orden), la escasez de respiradores artificiales y el insuficiente número de pruebas de descarte son problemas que empiezan a aparecer en la agenda pública y que requerirán un manejo (en cuanto a comunicación y ejecución) muy fino y transparente por parte del Ejecutivo. Por otro lado, las angustias económicas y sociales empezarán a mellar inevitablemente la paciencia de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Finalmente, el Gobierno tiene ahora que lidiar con un Congreso que pretende insertarse en la discusión pública en torno a la pandemia, muchas veces con prescindencia de la rigurosidad técnica que cualquier medida legislativa en este contexto amerita. El hecho de que la Comisión de Fiscalización haya recaído en el cuestionado excontralor Edgar Alarcón es, en ese sentido, una pésima noticia. El Parlamento sin dudas, debe servir de contrapeso en circunstancias en las que el Ejecutivo ha acumulado tanto poder, pero debe ejercerlo con responsabilidad o solo logrará alcanzar las simpatías de su disuelto predecesor. Hasta el momento el presidente ha evitado confrontar al Legislativo, pero pronto veremos cómo evoluciona esa relación.

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