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En el mundo pre-COVID-19, el presidente Martín Vizcarra pudo sobrevivir y hasta triunfar en el juicio de la opinión pública. Lo hizo en base a gestos y enfrentamientos políticos.
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En el inicio de su gobierno sí hubo un intento de diálogo con las fuerzas parlamentarias del momento. Las circunstancias lo requerían, ya que Fuerza Popular controlaba ampliamente el Legislativo y Vizcarra no tenía mayor injerencia sobre ese poder del Estado. Pero la armonía duró poco y el mandatario terminó cerrando el Congreso.
La posibilidad constitucional de cerrar el Legislativo y el respaldo de la opinión pública permitieron que el presidente navegara las turbias aguas de la política peruana sin mayores contratiempos.
La llegada del nuevo (e impredecible) Parlamento, la violenta irrupción del COVID-19 en nuestras vidas y la cercanía de un nuevo proceso electoral eran los hitos perfectos para un cambio de fórmula casi obligado. Más aún si el Congreso ya no puede ser cerrado y la capacidad del Gobierno para gestionar la pandemia o, en realidad, cualquier problema distinto al puramente político es baja.
En ese contexto surge la propuesta del Pacto Perú, planteada incluso antes de que el Congreso mostrara los dientes rechazando a Pedro Cateriano. Al no tener una bancada, Vizcarra busca crear un espacio de diálogo en el que pueda tener alguna incidencia o control. Sin embargo, lo natural es que esa negociación política (negociación, que no es lo mismo que negociado) se dé en el Legislativo. Más allá de algunas reuniones y fotos protocolares, el presidente no buscó un verdadero acuerdo político con los partidos representados en el Congreso.
¿Podrá ahora el Ejecutivo llegar a entendimientos o todo es pura ilusión? Si el presidente quiere tener acuerdos básicos con el Parlamento debe conversar con cada partido. Algo parecido a lo que tímidamente se trató de hacer con el tema de la ONP pero con propuestas más claras y oportunas. El foro especial, sea el Pacto Perú o el Acuerdo Nacional, difícilmente será un espacio para dialogar, pero podrá ser el lugar para sellar algún acuerdo ya conversado.
La opción del enfrentamiento no es buena para el país, incluso ante los proyectos populistas que se discuten en el Congreso. En todo caso, el presidente debería ir pensando desde ya en cómo responder ante las iniciativas tribuneras y electoreras de los parlamentarios mediante mecanismos judiciales en alianza con los sectores afectados. La capacidad de respuesta de Vizcarra está mermada y debería ser consciente de ello.
La conclusión de este período gubernamental y la llegada de las elecciones es atípica. El Congreso que debería estar de salida está de entrada y estamos en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas de nuestra historia republicana.
Más allá de que la voluntad de diálogo sea positiva, es difícil que los partidos que estarán en la próxima campaña lleguen a acuerdos sobre temas estructurales solo a meses de enfrentarse por el voto de la ciudadanía. Sería mejor que el Ejecutivo acepte sus limitaciones y concentre sus esfuerzos en atender la pandemia, asegurar la vacuna y proteger la economía del descalabro. El Congreso tendría que facilitar y fiscalizar ese trabajo. No es momento para otras cosas.
Además, cualquier acuerdo al que eventualmente se llegue será rápidamente juzgado en la campaña electoral que se avecina y, seguramente, serán los resultados de la elección los que determinen su pertinencia.
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