En los medios, prevalece una agenda altamente “lavajatizada”, que esta semana ha tenido su enésimo episodio con una visita a Curitiba, sin alguna revelación relevante. (Foto: EFE)
En los medios, prevalece una agenda altamente “lavajatizada”, que esta semana ha tenido su enésimo episodio con una visita a Curitiba, sin alguna revelación relevante. (Foto: EFE)
José Carlos Requena

El sábado 21 se cumplen tres años desde la llegada oficial del Caso al Perú: la difusión del primer documento del Departamento de Justicia estadounidense que mencionaba los sobornos pagados en el país por y otras empresas brasileñas. ¿Qué ha pasado desde entonces?

En el ámbito político, es indudable que Lava Jato ha significado la forzada jubilación de una generación de líderes que –en su momento– significaron la personalización de expectativas y esperanzas de diversas tendencias. Así, Lava Jato hizo que quien lideró el inicio del posfujimorismo, Alejandro Toledo, esté hoy en una prisión de Estados Unidos, en proceso de extradición, sin contar los apuros judiciales que sufren o sufrieron todos los contendientes de segundas vueltas presidenciales desde el 2001.

En el lado empresarial, Lava Jato ha puesto en cuestión no solo al sector construcción, sino a toda actividad económica que requiere gran infraestructura. Además, en semanas recientes se ha cuestionado el aporte de la empresa privada no solo a campañas electorales, sino hasta la posibilidad de que se embarquen en iniciativas de contenido político.

En los medios, prevalece una agenda altamente “lavajatizada”, que esta semana ha tenido su enésimo episodio con una visita a Curitiba, sin alguna revelación relevante. Hace algunos días se interrumpió una entrevista a la ministra de Educación, Flor Pablo, que reaccionaba ante los resultados de la prueba PISA, para dar paso a unas vacías declaraciones de un fiscal al final de una frustrada diligencia judicial. El show judicial desplazando a una política de Estado.

Los integrantes del equipo especial Lava Jato se han constituido en indudables figuras políticas, en gran medida por el tipo de casos que investigan y por el ímpetu que muestran. Pero este peso da paso a una peligrosa monotonía que castiga la disidencia o el comprensible cuestionamiento. Ricardo Uceda lo describía con precisión hace unos meses: “Los fiscales, arropados por la adulación y una alta popularidad, debieron explicar sus limitaciones y no ofrecer el paraíso, al mismo tiempo que sus críticos, casi sin excepción, eran tratados de corruptos” (“La República”, 16/7/2019).

Contra lo que hagan pensar las mediáticas visitas a Brasil, los estridentes allanamientos y los indudables avances en casos puntuales, el mayor déficit se observa en el frente judicial: se cumple el trienio sin que algún proceso haya pasado a juicio oral. En ello confabulan, seguramente, los enredados procedimientos y recursos legales, pero también un entorno en el que la lucha contra la corrupción parece ser solo un recurso al que se le echa mano cuando se quiere incomodar al oponente o influir en el proceso.

Por lo demás, la investigación parece obsesionada en lo que Odebrecht pueda aportar, dejando de lado el ingente capital documentario que debería tener el propio Estado. ¿Acaso las grandes obras se realizaron sin dejar rastro escrito por el Estado? Difícil de creer en un sistema administrativo gubernamental como el peruano en el que papelito manda.

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