Lección impostergable, por Cecilia Valenzuela

El matrimonio minería-infraestructura ha fracasado, la gente no lo siente próximo. El divorcio sobrevino sin luna de miel. Entonces, hay que casar la minería con la educación.

El canon minero debería destinarse únicamente a incrementar el deficiente presupuesto asignado a la educación y la innovación en las regiones que lo generan. Las que no lo tienen, como ocurre ahora con la infraestructura, contarían con el presupuesto que asigna el Estado.

Los gobernadores –antes presidentes regionales– y los alcaldes, salvo contadas excepciones, cuando no robaron, no supieron gastar; y la población no se ha visto beneficiada con los monumentos, los mausoleos, las plazas de toros, las piscinas o los edificios municipales construidos con el dinero del canon minero; peor, las comunidades cercanas a las minas se han convertido en enemigas de las más alejadas con lo que los políticos y agitadores extremistas han proliferado y pescado en río revuelto.

Conga no fue, y si la apremiada solicitud de la joven gobernadora de la región Arequipa prospera, Tía María tampoco. Dos inversiones que habrían sumado cinco mil millones de dólares, paralizadas.

Al final del día, dos victorias del Partido Comunista del Perú Patria Roja y del Movadef; ambos, dueños de la voluntad de la mayoría de los maestros afiliados al Sutep y al Sutep Conare.

Se ha preguntado por qué los maestros del Perú integran las minorías violentas que boicotean los proyectos mineros. ¿Son fanáticos ambientalistas? ¿Creen en la lucha de clases y son enemigos de la inversión?

Ellos saben que ahora existen tecnologías limpias y que los estándares internacionales rigen la minería formal en nuestro país. Lo que ocurre es que ganan una miseria. Y si sus ingresos no se nivelan, seguirán siendo caldo de cultivo de los violentistas ideologizados.

Si el Congreso modifica la ley del canon, los maestros peruanos podrían ser capacitados y promovidos y habría dinero para mejorar sus ingresos a través de bonos. El canon no se puede usar para salarios, pero sí para incentivos.

Con el dinero del canon se podría, además, nivelar el déficit de la infraestructura educativa, invertir en la enseñanza del inglés y la informática, en la construcción e implementación de laboratorios y talleres; y en volver a construir las estaciones experimentales agrícolas en las que los universitarios podrían investigar, en sus propias regiones, cómo proteger los productos de sus zonas de las heladas o las sequías que cada cierto tiempo los azotan.

En Chile, la Ley Reservada del Cobre obliga a la empresa estatal minera Codelco a entregar el 10% de las ventas anuales del cobre y sus subproductos a su Ministerio de Defensa, para la compra de armas y equipos asociados.

Hagamos lo mismo pero al revés, invirtamos el dinero del canon minero en defender nuestro futuro, pero no comprando armas, sino garantizándole una educación de calidad a los niños y jóvenes del Perú.