Lo que sigue en la reforma política

El punto de partida es contar con objetivos claros. Pienso que la meta es tener un proceso electoral mínimamente representativo y ordenado el próximo año, que permita tener un Congreso 2021-2026 sin congresistas cuestionados por procesos judiciales, con bancadas un poco más coherentes, con un Ejecutivo que tenga una mínima base parlamentaria que le permita gobernar. Es a lo mínimo que deberíamos aspirar.

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Para ello, es importante completar lo que ya hemos avanzado: como ha sido señalado por muchos, llevar adelante la segunda votación que permita la reforma constitucional que impediría que sentenciados por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular (que obtuvo 111 votos en la primera votación).

Luego, volver a la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, archivando el dictamen votado el 5 de julio y retomando el aprobado el día anterior, que alcanzó 82 votos en primera votación, para que ella no cubra delitos comunes cometidos antes de ser electos, y que los cometidos durante su mandato sean evaluados por la Corte Suprema.

Es muy importante, además, dado que se han suspendido las elecciones primarias, que las elecciones internas cumplan el triple propósito que cumplían aquellas: tener un mecanismo democrático de selección de candidatos, un filtro para las elecciones generales y la posibilidad de eliminar el voto preferencial.

Para esto, debe facilitarse la participación electoral y la actualización de los padrones de los partidos, mediante mecanismos electrónicos; segundo, siguiendo la recomendación de la ONPE, realizar elecciones internas mediante voto electrónico no presencial, con el mecanismo de un militante un voto; tercero, establecer un filtro para sacar de la competencia a los partidos cascarón; y finalmente, eliminar el voto preferencial.

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Sobre los dos últimos puntos, debe entenderse que no es razonable una elección con una veintena de listas con 130 candidatos peleando por el voto preferencial en el contexto de la epidemia y sin publicidad pagada en medios masivos. El filtro debería ser, como mínimo, una participación del 50% del número obligatorio de afiliados que establece la ley, es decir, unos 12.000 votantes.

Luego, urge normar cuestiones pertinentes a la campaña: la franja electoral debe ser ampliada de manera sustantiva, así como las capacidades de fiscalización y sanción de la ONPE.

Finalmente, para reducir los riesgos de la fragmentación política, y permitir un voto más informado, deberíamos eliminar la prohibición de publicar encuestas de opinión electorales (limitarla a solo 24 horas antes de la elección), y elegir al Parlamento con la segunda vuelta presidencial, para que los electores decidamos nuestro voto con más información. Todo esto es posible de hacer, si hubiera voluntad de hacerlo.

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