Los “minigolpes” de Estado, por Juan Paredes Castro
Los “minigolpes” de Estado, por Juan Paredes Castro
Juan Paredes Castro
Juan Paredes Castro

Si hay algo que caracteriza al gobierno del presidente es su relajado manejo del poder y su pésima política de comunicación, raíces y sustentos de muchos de sus males y fracasos.

La reciente súbita inmovilización de las Fuerzas Armadas, sin la oportuna y correcta información pública, como si viviéramos en un secreto estado de excepción, dio lugar a rumores y especulaciones sobre un golpe de Estado.

Que el primer ministro y el propio presidente salieran muchas horas después a desmentir tales rumores y especulaciones despejó el temor de fondo (el de una asonada militar), pero no así el malestar superficial institucional, a causa de acomodos y reacomodos en los mandos castrenses no respetuosos de las estrictas líneas de mérito y carrera.

La exigencia democrática de sujeción del poder militar al poder civil y el hecho de que el presidente sea a su vez jefe supremo de las Fuerzas Armadas no convierte a estas, por más vertical que luzca su cadena de mandos, en objeto de arbitrariedad.

Una de las cosas precisamente no bien administradas en la relación Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas es el conflicto de interés generado y alimentado por las promociones militares de los hermanos Humala (Ollanta y Antauro) respecto de las demás. No serían pocas las decisiones y resoluciones ministeriales y presidenciales que favorecerían a unos y afectarían a otros, en ascensos y puestos. Lamentablemente, el presidente Humala se ha colocado aquí más del lado de las lealtades y simpatías que de las competencias.

No nos rasguemos, pues, las vestiduras, rechazando y descartando golpes de Estado, cuando casi todo el tiempo consentimos flagrantes transgresiones y violaciones del Estado de derecho con la mayor de las impunidades.

A esto que podríamos llamar “minigolpes” de Estado, nos conducen la fragilidad institucional en la que hemos caído y la incapacidad de las fuerzas políticas para revertirlos.

El Congreso se ha vuelto una nulidad en la defensa de los grandes fueros constitucionales. Hace poco o nada por frenar, por ejemplo: 1) las distorsiones de un poder presidencial hoy compartido; 2) el desorden de una administración de justicia en la que los procuradores del Estado son procuradores de la primera dama, Nadine Heredia, o amedrentados; y 3) la naturaleza híbrida de una PCM que funciona a cuatro manos entre la primera dama y los primeros ministros de turno, unos más o menos dóciles que otros.

La recomendación del Congreso, puesta en manos del Ministerio Público, para investigar a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos, pone a prueba la autoridad de dos poderes del Estado frente a una inusitada presión gubernamental que busca hacer de los fiscales lo mismo que ha hecho de los jueces y procuradores: una ágil maquinaria de defensa legal de la señora Heredia.

Como las recurrentes gotas de agua sobre la piedra, el poder sin contrapesos horada el Estado de derecho, hasta que el orden constitucional se quiebra, no necesariamente por la salida de tanques a las calles.

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