Nicanor Boluarte: sus amigos, proveedores del Estado y los otros rostros detrás del partido que busca su inscripción

La Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto inició la semana pasada una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, tras conocerse testimonios que revelaban el uso de autoridades políticas en la región San Martín.

El Comercio reveló que la fiscalía halló indicios que implicarían en el caso a la actual jefa del Estado, por lo que remitirían a la fiscalía de la Nación un informe para que evalúe si le inicia o no una nueva investigación a Boluarte. Además de San Martín, también hay denuncias en otras regiones como Puno.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de CPP está conformado por ocho autoridades, divididos en la interna entre presidencia, secretaría general y otras seis secretarías temáticas [ver gráfica]; y cuyos cargos tienen una duración de cuatro años. Así se deja constancia en un documento de la agrupación al que accedió El Comercio.

La presidencia del partido recae en Úrsula Quispe, una docente de 54 años que antes también estuvo afiliada a Perú Posible y al Partido Morado, respectivamente; aunque no ocupó mayor cargo al interior de los mismos.

La secretaría general, en cambio, recayó en Martín Carbajal Zegarra, amigo de Dina y Nicanor Boluarte, exfuncionario de la PCM y uno de los señalados en el uso de autoridades políticas a favor de CPP en la zona sur del país.

En diciembre pasado, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló el testimonio de Gilmer Sardón, exprefecto regional de Puno que implicó a Carbajal en el uso de los prefectos y subprefectos a favor de la inscripción del partido en esta parte del país.

Sardón renunció al cargo al poco tiempo de haber asumido debido a que lo conminaron a llenar fichas de afiliación del CPP —“Querían que los que teníamos un cargo firmáramos [fichas]”, relató—. Y señaló que Carbajal “se presentaba como coordinador del partido y como asesor presidencial”.

Además, en abril de ese año, su nombre también saltó a los titulares luego que “Panorama” informara que Carbajal gestionó una irregular reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con una minera. Entonces Carbajal era consultor FAG de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y, tras destaparse el escándalo, fue cesado.

"Carbajal postuló para diputado en las elecciones de 1990, sin éxito, con la Izquierda Socialista".

Otro personaje cercano a Nicanor Boluarte que ahora ostenta un cargo en CPP es Víctor Hugo Torres Merino, en calidad de secretario nacional de economía y finanzas. En diciembre pasado, “Panorama” también reveló que el otro amigo de los Boluarte había sido contratado como capacitador en gimnasia laboral por unos S/35 mil en un ministerio.

En total, según una revisión realizada por El Comercio, Torres Merino registra cuatro contratos por un total de S/47 mil en programas que dependen del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022, en la gestión de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

Torres Merino, antes de estar vinculado al partido del hermanísimo presidencial, también estuvo afiliado a Renovación Popular (2021-2023) y se intentó afiliar a Podemos Perú; sin embargo, según el ROP, ello no procedió pues “tenía afiliación a otra organización política”.

El cargo de secretario nacional de organización lo ostenta Marcelino Gutiérrez Castillo, quien estuvo como afiliado a un movimiento regional en Áncash y al partido Alianza para el Progreso; estando en este último entre octubre del 2021 y diciembre del 2023, según el ROP.

Mientras que Nilda Bravo figura como secretaria nacional de asuntos jurídicos y actas. Según el JNE, estuvo afiliada a Somos Perú desde febrero del 2015 hasta el 18 de enero del 2024 en Somos Perú.

Si bien la agrupación política vinculada a Nicanor Boluarte presentó más de 90 mil fichas de adhesión, según informó uno de sus dirigentes a El Comercio, el expediente quedó observado y con plazo para subsanar hasta este jueves 1 de febrero.

Fuentes de este Diario indicaron que lo que ocurrió es que CPP “no adjuntó los documentos que acreditan la experiencia de 5 años en informática de los personeros técnicos”.

José Naupari, especialista en temas electorales, explicó que, una vez recibida toda la documentación de la agrupación, la autoridad procederá a revisar el ideario, el estatuto y el reglamento electoral; es decir, “si cumple efectivamente con los parámetros mínimos, sobre todo si es compatible con la Constitución”.

“De ahí van a tener también que pasar estas fichas de afiliación para la verificación correspondiente por parte de Reniec para ver si cumple con el 0.1% total de electores hábiles del último padrón electoral nacional. Y de ahí van a tener que programar una fiscalización de los comités partidarios para evidenciar que, en primer lugar, que existan, y en segundo que funcionen”, señaló Naupari.

Todo el proceso para que finalmente llegue a darse el reconocimiento como partido puede tardar varios meses, y dependerá de la carga procesal y la disponibilidad logística que tengan las entidades. Actualmente, hay 12 partidos políticos en proceso de inscripción a los que se sumaría CPP.