Fuerza Popular: La situación legal de los partidos políticos investigados por fiscalía

Sin embargo, Fuerza Popular no es el único partido político que actualmente ha sido vinculado a una organización criminal y sobre el que la fiscalía ha decidido emprender medidas para evitar que puedan seguir cometiendo los presuntos actos ilícitos.

PARA SUSCRIPTORES: ¿Es viable una suspensión a Fuerza Popular? El impacto penal y político del pedido fiscal

El Partido Nacionalista Peruano (PNP), encabezado por el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; así como el Partido Aprista Peruano (Apra), también son objeto de acciones fiscales, tras ser incorporados como investigados en los procesos de Lava Jato.

-FP sentaría un precedente-

Cuando en el 2018, el fiscal José Domingo Pérez, solicitó una medida de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, sostuvo que esta había instrumentalizado el partido Fuerza Popular. Convirtiéndolo así, en un aparato o red criminal que sirvió para -presuntamente- lavar cerca de USD$1 millón que había entregado la constructora Odebrecht a modo de “aportes ilegales”.

Por ello, en noviembre del 2019, a pedido de la fiscalía, el juez Víctor Zúñiga Urday, dispuso la incorporación de la persona jurídica de Fuerza Popular dentro de la investigación por crimen organizado. En mayo de este año, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado, confirmó dicha decisión.

Ahora, el fiscal Pérez ha pedido la suspensión de Fuerza Popular, argumentando que no solo seguiría liderada por las personas investigadas; sino que además, habría venido actuando a favor de aportantes cuyos casos son parte de las pesquisas. Por ello, se estaría obstaculizando las indagaciones.

Pérez ha sustentado su pedido, en diversos proyectos de ley, informes y votaciones por parte de Fuerza Popular referidos, por ejemplo, al caso de los octógonos.

Como se recuerda, en febrero del 2018, con el apoyo del fujimorismo, pero también del Apra y Peruanos por el Kambio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la Ley Semáforo, dejando fuera los octógonos.

También, con el apoyo de FP, la ley fue exonerada de segunda votación. No obstante, el Ejecutivo la terminó por observar.

Según la Ley de Crimen Organizado (30077), las consecuencias accesorias están previstas y por tanto, la fiscalía está facultada para solicitar, dentro de un proceso judicial, una multa, la suspensión, la clausura definitiva, la cancelación de sus derechos, la disolución de la persona jurídica; entre otros.

“Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta”, se indica en el artículo 23, sobre consecuencias accesorias contempladas en la mencionada norma.

Si el juez acepta la suspensión de las actividades de Fuerza Popular, el efecto será inmediato y la agrupación política no podrá participar en las próximas elecciones generales del 2021. Este, constituiría el primer precedente para la investigación del caso Lava Jato y también para los partidos políticos.

La medida fue rechazada por Keiko Fujimori, quien calificó el pedido fiscal como “un acto inédito y antidemocrático”· Además, sostuvo que en el contexto de las próximas elecciones, era fundamental que estas se lleven sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados contra los partidos políticos.

“Nadie puede impedir que la población ejerza su derecho a elegir y decidir quienes deben guiar los destinos de nuestro país. Si alguien cree que con este tipo de maniobras nos van a distraer y llevar por el camino de la guerra política, se equivoca”, indicó en su pronunciamiento vía Facebook.

Desde el aspecto legal, el abogado Elio Riera Garro, defensa del Partido Fuerza Popular, informó que, hasta el momento, no han sido notificados con la petición de la fiscalía. Agregó que han tomado conocimiento del escrito fiscal a través de los medios de comunicación.

Sostuvo que el escrito presentado por el fiscal José Domingo Pérez, “no ahonda en la fundamentación jurídica ni en los motivos por los que corresponde una suspensión o inhabilitación”. Cuestionó que el pedido sea conocido por los medios, antes que la defensa legal de los emplazados.

“Mi opinión es meramente jurídica y lo que puedo decir es que no corresponde y no es aplicable. El señor fiscal alega que hay una intromisión política cuando es él quien lo está tratado de plantear, al ingresar un pedido en un estadío que no corresponde; ya que no existe ninguna acusación”, dijo a El Comercio.

En esa línea, sostuvo que están confiados en que el pedido no será tomado en cuenta por el Poder Judicial.

-Caso Partido Nacionalista-

A diferencia del escenario de Fuerza Popular, el Partido Nacionalista deberá esperar el término del proceso judicial en el cual se encuentra para conocer su futuro político.

Y es que, contra esta persona jurídica se ha pedido su disolución en el marco del proceso judicial y acusación que presentó el Equipo Especial Lava Jato, contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otras personas naturales y jurídicas, por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS.

En diciembre del 2018, el Partido Nacionalista fue incorporado como persona jurídica investigada en el caso Lava Jato. La Sala Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior especializada en delitos de Crimen Organizado confirmó la incorporación en abril del 2019.

Según el fiscal de la investigación, Germán Juárez Atoche, “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón” para la presunta recepción de los aportes ilícitos.

En octubre de 2019, durante la audiencia de control de acusación, Juárez Atoche alegó que pedía la disolución del Partido Nacionalista porque “siempre va a existir el riesgo de que, en caso este partido subsista, se pueda lavar activos”.

Por lo pronto, pese al pedido de disolución como persona jurídica, no existe ningún mandato que le impida participar en las elecciones generales del 2021.

-Apra, el tercer investigado-

El tercer partido político que ha sido oficialmente incorporado como investigado dentro del caso Lava Jato, es el Partido Aprista Peruano (Apra). Por el momento, no existe ninguna medida solicitada contra esta organización política en calidad de persona jurídica.

No obstante, es investigada -al igual que Fuerza Popular y el Partido Nacionalista- como una organización que habría sido usada para el presunto lavado de dinero proveniente de aportes ilegales de la empresa Odebrecht.

Según Alex Morón, abogado del Partido Aprista Peruano, si bien la ley contempla la aplicación de medidas de suspensión u otros, contra toda organización o asociación que pueda delinquir, esta debe ser fundamentada.

“En lo que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, que se cometa un atropello porque el fiscal no acreditó y no ha acreditado hasta la fecha de qué modo el Partido Aprista Peruano se ha beneficiado. Una cosa es la persona y otra es el partido como organización política, que haya recibido dinero y haya invertido en bienes muebles o inmuebles”, dijo a este Diario.

Por ello, cuestionó que se quiera bloquear la participación política de una organización sin haber probado su responsabilidad. Ello, en alusión al caso de Fuerza Popular.

“La fiscalía dice que el pedido está amparado por ley y en eso no hay discusión, pero Fuerza Popular no es un partido que se haya participado y se haya disuelto. Ha llegado al Congreso y esa masa de afiliados que se ve representada ante el Congreso quedará desprotegida; por tanto, el pedido fiscal es un planteamiento malicioso y arbitrario”, alegó.

Por ello, no descartó que mañana más tarde, la fiscalía también pida la suspensión del Partido Aprista.

“Si esto va dirigido a bloquear la participación política de A, B o C candidato, entonces es totalmente arbitrario. Tenemos clara esa posición”, sostuvo.

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Finanzas partidarias investigadas

Existe otro grupo de partidos políticos que si bien no han sido incorporados como personas jurídicas investigadas, sus finanzas sí vienen siendo investigadas por el Equipo Especial: Solidaridad Nacional, Partido Político Cristiano (PPC), Peruanos por el Kambio, Perú Posible, Diálogo Vecinal y la coalición Alianza por el Gran Kambio (Partido Humanista, Restauración Nacional, Alianza del Progreso y PPC).

En el caso de Solidaridad Nacional, la fiscalía sostiene que el exlíder partidario Luis Castañeda Lossio habría usado USD$480 mil para la campaña electoral del 2014. El dinero habría sido entregado por la empresa OAS y para introducir los activos se usó a “falsos aportantes”.

Las investigaciones también apuntan al aporte de USD$225 mil de Odebrecht para la excandidata Lourdes Flores Nano, que habrían sido usadas para las campañas a la Presidencia y a la alcaldía de Lima en el 2006 y 2010, respectivamente a través del Partido Popular Cristiano (PPC).

Otras finanzas partidarias investigadas por la fiscalía son las de Peruanos por el Kambio (PPK) tras hallar la existencia de “aportantes fantasmas” durante la campaña presidencial del 2016. Se habría ingresado una suma total de S/161.647 al partido que llevó a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski. El exmandatario también postuló por la Alianza para el Gran Kambio en el 2011 y, por eso, el bloque vienen siendo analizado.

La fiscalía investiga, igualmente, el presunto financiamiento que habría realizado Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, para la campaña electoral del 2011, cuando postuló por el desaparecido Perú Posible (PP).

Sobre Diálogo Vecinal, actualmente desaparecido, también se investigan sus finanzas como parte del caso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien habría recibido aportes ilegales de Odebrecht y OAS.