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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció a favor de que el Congreso apruebe el proyecto que hace efectivo el financiamiento público directo a los partidos con representación en el Legislativo, pero advirtió que debe ir acompañada de mayor supervisión y control a las finanzas partidarias.
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“La reforma tiene que ser integral, completa y no parcial. Es muy importante que el Congreso debata y apruebe el financiamiento público directo. Esa es una forma de fortalecer a los partidos. Pero creemos que es crucial que también se dote a la ONPE de mayores facultades y herramientas legales para supervisar el movimiento económico en esas organizaciones políticas”, declaró a Andina el secretario general de la ONPE, Fernando Pinto.
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La ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentaron el 2013 un proyecto de nueva Ley de Partidos que propone hacer efectivo el financiamiento público directo a los partidos con representación en el Congreso, para fines de formación, capacitación e investigación.
La iniciativa, modificada por la Comisión de Constitución del Parlamento, también proponía un cuadro más severo de sanciones y multas a las organizaciones que incumplieran con presentar sus reportes financieros, a efectos de dotar de mayores herramientas a la ONPE para ejercer la supervisión y control de las finanzas partidarias.
Incluso, la iniciativa del Sistema Electoral contempla la cancelación de la inscripción de la organización política que incumpla una resolución firme de sanción, producto de la verificación y supervisión de fondos partidarios.
Estos aspectos no fueron incluidos en el dictamen de la Comisión de Constitución que se verá en el pleno.
¿CÓMO ES ACTUALMENTE?
El actual marco normativo contempla que, en caso las organizaciones políticas no cumplan con presentar la contabilidad de ingresos y gastos anual, la sanción es la pérdida del financiamiento público directo, que actualmente no se aplica.
Además, incluye una multa cuando una agrupación recibe contribuciones de fuente prohibida u omite o adultera sus ingresos o gastos en la información financiera anual. La multa es no menor de 10 veces ni mayor de 50 veces el monto de la contribución recibida. Asimismo, se aplica una multa de 10 a 30 veces cuando se acredite la existencia de aportaciones individuales anuales superiores a 60 UIT.
