Yehude Simon y un golpe indirecto al partido Juntos por el Perú

La detención preliminar de Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, por el Caso Odebrecht tiene al partido Juntos por el Perú (JP) como un indirecto afectado.

Es más, el actual presidente de la agrupación, Roberto Sánchez Palomino, consideró que se trata de un “hecho político duro”. La fiscalía señala que Simon favoreció a Odebrecht con el proyecto Trasvase Olmos, adjudicado en el 2004 durante su primera gestión en Lambayeque, a cambio de aportes ilícitos para su campaña de reelección en el 2006, con la agrupación entonces conocida como Partido Movimiento Humanista Peruano. Jorge Barata, exdirectivo de la constructora, ha declarado que entregó US$300.000.

El exprocurador anticorrupción Yvan Montoya no descartó que el equipo especial decida incluir a JP en su investigación si, como persona jurídica, fue beneficiado de alguna manera. “Las normas señalan que no importa el cambio de razón social si la estructura de socios es la misma, no hay problema”, indicó a El Comercio.

Sánchez aseguró a este Diario que el partido está llano a colaborar con la fiscalía, pese a que los hechos se remontan al 2006. Además, afirmó que por entonces era otra la estructura dirigencial. “No tenemos absolutamente nada más que afrontar como corresponde, con la verdad, transparencia, tranquilidad y serenidad”, sostuvo.

Para el experto en derecho electoral José Naupari, la disolución de JP puede ser un camino complicado, pero no imposible, pues dependerá de la posición de la fiscalía con base en lo señalado en el Código Penal para las personas jurídicas vinculadas a actos delictivos. “Tendría que acreditar que se instrumentalizó al partido para un accionar delictivo. Una cosa es aportar al candidato y otra al partido”, dijo.

“Los partidos tienen una ley especial. Pueden ser una persona jurídica, pero tienen una norma especial”, discrepó el especialista en derecho electoral José Tello, en referencia a la Ley de Organizaciones Políticas. En esta hay causales específicas para la cancelación de la inscripción de un partido o su declaratoria de ilegalidad, que en este caso, señala, no aplican.

Testimonio

Barata dijo que los nexos para el aporte fueron Javier Málaga (fallecido) y Pablo Salazar, ambos hombres de confianza de Yehude Simon.

Salazar, también detenido, declaró el miércoles que Barata le dio entre US$90.000 y US$100.000 en varias armadas y “en una cajita negra de cartón”. Añadió que Simon estuvo al tanto de todo.

Asimismo, negó haber sido tesorero del partido durante la campaña y dijo que fue solo “facilitador del dinero”. Simon afirmó que Salazar sí fue tesorero y se encargó de los fondos de campaña.

Actualmente, Salazar figura como fundador, militante y tesorero de JP en Infogob, pero Sánchez señaló que la información está desactualizada y que el investigado no tiene funciones vigentes. Simon tiene licencia desde octubre.

“¿Dónde consta que el señor Salazar ingresó el dinero al partido, si es que el señor Barata dice la verdad. Barata tiene que demostrar que eso ingresó al partido”, se preguntó Edwin Espinoza, abogado de Simon.

Los efectos del caso de Simon aún están por medirse y toman al partido en pleno proceso de renovación.