Patricia: Cuando las tramas se juntan. Crónica de Fernando Vivas sobre la baraja criminal de una fiscal de la nación

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No podemos suscribir a la ligera esta teoría de complots cruzados. Por tres razones. La primera es que adjudica demasiado cálculo y coordinación a lo que –las evidencias nos sobran- más parece determinado por el caos y el azar entre fuerzas débiles, improvisadas, atomizadas en juegos propios de individuos torvos. La segunda es que estas teorías maltratan a muchos funcionarios que, con o sin simpatías políticas, cumplen su trabajo aplicando la ley. El pensamiento conspirativo ignora o reduce al absurdo a una inmensa mayoría que hace lo que tiene que hacer sobre hechos objetivos.

En tercer y último lugar, las teorías conspirativas fallan porque sobreestiman y distorsionan el papel de las ideologías en la actuación de los supuestos conjurados. Quienes trafican influencias, lo primero que han traficado y perdido, si las tuvieron, fueron sus convicciones ideológicas. Pero ello no quita que las sigan cultivando en apariencia o adquieran otras, de tal forma que con su performance sesgada entusiasman a los bandos polarizados. Patricia Benavides se puso con firmeza la camiseta del anticastillismo. No sabemos qué tanto lo hizo por convicción y qué tanto por impostura, pero de hecho le granjeó el apoyo del Congreso ante las investigaciones de la JNJ.

Cuando caen o son ampayados, muchos personajes se aferran con más fuerza a esas banderas. Chirinos se ha aferrado con fuerza a sus banderas desde que arrancó su carrera congresal y no se conocen, es cierto, pruebas de que su compromiso con los objetivos de Benavides en el Congreso, la beneficiaran con el archivo de alguna investigación. En cada caso, hay que dilucidar qué se hizo por convicción o por interés ilícito. Si fue por lo primero, hay mucho menos margen para establecer una posible falta. Miren como el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, sindicado en los chats y testimonios de Villanueva como nexo para que este expusiera los intereses de Benavides a colegas parlamentarios de otras bancadas (un esfuerzo, por lo menos, sospechoso); se aferra a su bandera. El lunes, posteó: “Si por fujimorista, pro familia, anti progre, anti caviar, me quieren perseguir e inventarme historias, aquí estoy!!! Yo ne me corro!!”. En esta historia, la ideología, más que motivación, es una coartada.

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Pero igual despierta pasiones

Por más ‘alibi’ que sea, la ideología despierta pasiones. En algunos casos, pasiones políticas que estaban dormidas y desplazadas de la escena congresal. Veamos el caso del APRA. Jorge del Castillo fue fichado como abogado de Benavides cuando esta ya estaba en desgracia. De poca ayuda fue para Patricia pero logró convertir un acto de conmemoración del 7 de diciembre (día en que cayó Pedro Castillo) en un acto de respaldo político y simbólico hacia ella. El solo hecho de sentarla en primera fila junto a Pilar Nores, ex esposa de Alan García, tenía tremenda carga narrativa: la viuda oficial del líder que se suicidó para no caer en las garras de la justicia ‘caviar’ junto a la fiscal que insurgió contra esa hegemonía.

Hernán Garrido Lecca también tocó esa tecla sensible apenas llegó a Lima a defenderse como si hiciera campaña como pre candidato aprista al 2026. Dio a entender, en RPP, que el coronel PNP Harvey Colchado (del equipo de la PNP que apoya al Eficcop) fue responsable de la muerte de García. Por cierto, el propio Hernán es productor del documental “Justicia para Alan” (2023), que reivindica a García como víctima de la saña de sus enemigos progresistas que influyen en la justicia. Su abogado, Humberto Abanto, me dijo irónicamente, que esta persecución que juzga de arbitraria, ‘lo va a catapultar como candidato presidencial’. Al aludido Hernán, tampoco le disgusta la idea, a juzgar por la premura con la que volvió a Lima y se paseó por varios sets casi arengando a sus ‘compañeros’. Por todo esto, no hubo un comunicado tomando distancia con sus cuitas judiciales, como sí lo hubo respecto de Jorge del Castillo.

Si Garrido Lecca hace esto por mera temeridad política o porque su relación con el caso es leve y cree que la remontará, es algo que lo sabremos con próximas revelaciones. La sospecha de que buscó beneficiarse, en el caso en el que es co imputado por lavado de activos, junto a otros apristas, por recibir $200 mil de Odebrecht para la campaña de Alan García del 2006; no es la razón principal por la que se le investiga y fue allanado. La tesis fiscal (ver “Patricia Benavides: los nuevos implicados” del 22/12/23) es que Garrido Lecca habría influido en la JNJ, junto al abogado José Luis Hauyón, en el nombramiento de Benavides como fiscal suprema y en el de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad de Control del MP. Luego, con este último, habría bregado por la suspensión del fiscal Rafael Vela, responsable del Equipo Especial Lava Jato.

Lo que sí sabemos es que el aprismo, desplazado del Congreso y recién reinscrito ante el sistema electoral, necesita de cualquier tipo de historias para figurar. No las necesita, de la misma forma, el fujimorismo que tiene su propia estrategia de defensa legal de Keiko Fujimori y esta no pasa, necesariamente, por pelear en todos los frentes e instituciones donde se presuma que predomina el anti fujimorismo. La batalla contra la JNJ en el Congreso la preside, tomando la posta de Patricia Chirinos, la hiperideologizada Renovación Popular, antes que Fuerza Popular. Y el objetivo no es la reposición de Benavides, a quien perciben insalvable, sino castigar a ese ente que resume a ese ‘estado caviar’ que alucinan.

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Matemática fiscal

Los votos de FP pesan mucho para cualquiera y los de APP también, mientras uno de ellos, Alejandro Soto, presida la mesa directiva. Sin embargo, Benavides no tenía demasiado que ofrecer a esas bancadas. El caso de Keiko Fujimori ya está prácticamente listo en espera del juicio oral y APP no tiene un gran caso que negociar. César Acuña financió su campaña con recursos propios y así quedó al margen del Lava Jato. A ese par, motor del ‘Bloque País junto a Avanza País, pudo llegar con un entendimiento más político e ideológico: golpear a la influencia ‘caviar’ en el sistema de justicia. No era muy difícil convertir a Zoraida Ávalos, que no llegó a abrir investigación contra Pedro Castillo y gestionó el MP durante el gobierno de Martín Vizcarra, en ‘lagarta’ y ‘caviar castillista’. Más fácil fue estigmatizar a la JNJ: se aprobó por referéndum que convocó Vizcarra y su diseño institucional fue sugerido por técnicos de un gobierno ‘caviar’. Suficiente motivo –o coartada- para sumar a esas bancadas.

Con otras bancadas y congresistas aislados, el trato, según las revelaciones del ex asesor Villanueva, habría sido más mercantil. Este se reunió con Vladimir Cerrón (según crónica en IDL Reporteros), quien le habría planteado que el MP lo ayude en el caso del aeródromo Wanka. Ahora bien, cuando a uno le pregunta a un integrante de la bancada de Cerrón, Perú Libre, porqué han votado contra Ávalos y la JNJ, responderán, como a mí me respondió la congresista Kelly Portalatino, que votan ‘en contra de los caviares’. La ideología, o el ‘odio’, para invocar el término tan socorrido por ese extremo donde coincide Fuerza Popular con Perú Libre; esgrimido como coartada.

He aquí la fascinación oscura, el brillo podrido de esta historia. Al tener Patricia Benavides un capital tan importante para ofrecer (¡archivos, dilataciones o relativizaciones de casos!), desde la politización de la justicia a los justiciados de la política; se juntaron todas las tramas, con o sin partido/bancada de por medio. Vemos las del Lava Jato que afecta a fujimoristas y apristas; la de los ‘Niños’; la de los ‘mochasueldos’; la del caso del Sodalicio (a través del abogado José Luis Hauyón, amigo de Benavides y quien habría introducido a Garrido Lecca en esta historia); la de Vladimir Cerrón; la del ex gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, por quien habría intercedido, ante Villanueva, el congresista José Jerí de Somos Perú); entre otras que irán cobrando cuerpo. La propia JNJ, valga la ironía, incluye mecanismos y personajes torvos que habrían nombrado a Benavides como fiscal suprema y a Antonio Fernández Jerí, como jefe de la autoridad de control de MP. Y las ideologías tuvieron poco que ver en todo esto.