Pedro Castillo: así operaba la red criminal en el caso de los ascensos irregulares, según la fiscalía

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Megaoperativo

Seis detenidos y dos prófugos

La madrugada del lunes, el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder realizó un megaoperativo destinado a detener -de manera preliminar- a ocho investigados, entre ellos generales de la PNP en actividad y en puestos de mando nacional:

DETENIDOS

• Nicasio Zapata Súclupe, jefe del Frente Policial Tumbes
• Manuel Rivera López, jefe de la XIV Macroregión Policial Tacna-Moquegua
• Luis Lengua Egocheaga, jefe del Frente Policial Vraem
• Luis Tuesta Ramón, mayor PNP (r) y empresario
• Jorge Tarrillo Gálvez, otrora escolta de Pedro Castillo y conocido como su cajero en esta trama
• Óscar Monge Marcarlupu, mayor PNP (r) y empresario
• Javier Gallardo Mendoza, ex comandante general de la PNP

NO HABIDO

• Pedro Villanueva Nole, general PNP, jefe de la VII Macrorregión Policial Cusco

La tesis fiscal señala que la presunta red criminal tenía como objetivo tomar el control de la PNP y las FF.AA. a través de ascensos ilegales de generales de dichas instituciones para obtener beneficios económicos.

Dicha organización habría estado encabezada por Pedro Castillo, según afirma el Ministerio Público. Otros personajes claves en esta trama son el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala y Bruno Pacheco, otrora secretario de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Pedro Castillo.

El exfuncionario de Palacio tuvo el rol de coordinador y “contaba con la autorización” del presunto cabecilla de la organización (Pedro Castillo) “para realizar coordinaciones con los entonces comandantes del Ejército y la FF.AA para materializar los ascensos de coroneles al grado de generales de dichas instituciones”.

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El primer paso para tomar el control de la PNP habría sido designar a Javier Gallardo como comandante general. El oficial, contra quien se dictó detención preliminar está ahora prófugo.

Para la fiscalía, Gallardo gozaba de la entera confianza del presidente Castillo. Debía informarle todo al ex jefe de Estado y “si las cosas se ponían feas o si les ordenaban prisión preventiva a Fray Vásquez, Gian Marco Castillo o Bruno Pacheco tenía que apoyarlos y no detenerlos”.

En la organización criminal, Gallardo habría cumplido el rol de coordinador. En su condición de máxima autoridad de la PNP, “habría dirigido y articulado acciones ilícitas en cuanto al proceso de ascensos ilegales” contribuyendo de esta manera para la conformación del ‘brazo protector’ dentro de la policía de la organización criminal presuntamente liderada por Pedro Castillo.

El segundo pasó consistió en el ascenso irregular de coroneles al grado de generales de armas de la PNP. Ello a cambio de grandes sumas de dinero, que oscilarían entre los US$20 mil y US$50 mil.

En la lista de los coroneles de la PNP que habrían ascendido irregularmente figuran Max Henry García, Pedro Rodolfo Villanueva Nole, Fredy Del Carpio León, Edward Espinoza López, Enrique Goicochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Suclupe, Manuel Rivera López y Luis Legua Egocheada y otros en proceso de identificación.

El Poder Judicial dictó la detención preliminar de Gallardo Mendoza, Rivera López, Zapata Suclupe, Legua Egocheaga y Villanueva Nole. También ordenó que se detuviera a Jorge Tarrillo Gálvez, señalado como captador y operador de la red criminal. El brigadier de la PNP, quien es chotano, se desempeñó entre agosto y diciembre del 2021 como escolta de Castillo.

Tarrillo también habría de captado coroneles para el proceso de ascensos y le habría entregado la relación a Bruno Pacheco, el exsecretario general del Despacho Presidencial. Todo con la venia del entonces comandante de la PNP Javier Gallardo.

La orden de detención preliminar también recae sobre los mayores PNP Óscar Monge Macarlupu y Luis Tuesta Ramón, quienes son señalados de haber captado al menos a tres coroneles para el ascenso a cambio de US$ 40 mil. Según las pesquisas, ambos habrían sido favorecidos en licitaciones con el Estado (procesos de compras de uniformes u otros) a través de sus empresas.

“Una vez ascendidos estos generales [captados por Monge y Tuesta], serían asignados a unidades ejecutoras, con presupuesto, y licitarían con ellas a través de sus empresas”, dice la fiscalía.

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Este caso vio la luz en noviembre de 2021. Un informe de El Comercio reveló que el exsubcomandante general de la PNP, Javier Bueno Victoriano, denunció que hubo irregularidades en el proceso de ascenso a generales de armas y de servicios.

Dos meses después, en enero, Bueno, reiteró su denuncia en PBO e indicó que el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco también tuvo protagonismo en el proceso.

“Gallardo ya estaba comprometido en favorecer en todo sentido al Gobierno de turno, al señor Castillo, ahí empieza un acuerdo, un contubernio entre ambos. Al señor presidente le convenía tener generales sumisos a él, leales a él, y se acercaba el proceso de ascensos y todo coronel que le pidiera un favor a Pedro Castillo era bienvenido porque lo iba a tener en sus manos después cuando ascienda a general”, manifestó el 23 de enero.

“El primer concierto de voluntades es entre Gallardo y Castillo, pero como Castillo no andaba permanentemente en Palacio porque salía a provincias y extranjero, le encargó el tema al señor Bruno”, agregó.

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El pase a retiro, en noviembre del 2021, del teniente Bueno se dio luego de que este denunciara estas supuestas irregularidades.

En julio de 2022, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluyó a Pedro Castillo en las pesquisas preliminares seguidas por las irregularidades en el proceso de ascensos de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el 2021.

Se trató de la segunda de las ocho pesquisas que tiene abiertas el ex jefe de Estado en el Ministerio Público.

El Comercio reveló el pasado 27 de julio que Pacheco reconoció el pago de coimas por ascensos policiales y que estos se realizaron –según el exfuncionario– a través de escoltas de Castillo.

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Para la fiscalía existen diversos elementos de convicción que probarían el intento de la red criminal, presuntamente liderada por Pedro Castillo, por tomar el control de las FF.AA.

Castillo se vio implicado en esta trama de corrupción tras las denuncias del excomandante general del Ejército Peruano, José Vizcarra, y el excomandante general de la Fuerza Aérea (FAP), Jorge Chaparro, que denunciaron que el Ejecutivo, a través del mandatario, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala, trataban de beneficiar a determinados oficiales cercanos al presidente.

Vizcarra y Chaparro fueron removidos de sus cargos luego de negarse a ascender a los militares recomendados de Palacio.

En noviembre de 2021, Chaparro señaló que Pacheco y el entonces ministro Ayala lo presionaron para que ascienda al mayor general FAP Edgar Briceño y a los coroneles Carlos Castillo y Herbert Vilca. Días después ratificó su testimonio ante la Fiscalía.

En tanto, Vizcarra indicó que Castillo tenía especial interés en el ascenso de los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, pese a que no cumplían los méritos

La Unidad de Investigación (UI) de El Comercio reveló chats en los cuáles se observa que Castillo le pide a Vizcarra que se comunique con Pacheco para tratar temas urgentes, relacionados con los ascensos.

Otro chats también difundidos por la UI revelaron la participación deL exministro Ayala, quien - a través de su edecán Youri Hurtado Llanos - proporcionaba al general Vizcarra los nombres de oficiales y del personal subalterno para que estos fueran considerados en los ascensos al grado inmediato superior.

Ayala renunció a su cargo de ministro de Defensa en noviembre, días antes de ser interpelado por el Congreso debido a este escándalo.

En noviembre de 2021, al revelarse las presiones en las FF.AA., la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos inició una investigación preliminar contra Ayala y los que resulten responsables en este caso. Posteriormente, la fiscal Benavides incluyó a Castillo en las pesquisas.

El lunes 26 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción realizó una intervención en la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa Walter Ayala por este caso. La medida de allanamiento fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pedido del Ministerio Público.

A Walter Ayala se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad por parte del Estado.

Tras la diligencia en su domicilio y oficina, Ayala declaró: “Si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles”.