El presidente Pedro Castillo tiene 20 denuncias constitucionales en la SAC. De estas, 15 fueron presentadas por ciudadanos. (Foto: Archivo GEC)
El presidente Pedro Castillo tiene 20 denuncias constitucionales en la SAC. De estas, 15 fueron presentadas por ciudadanos. (Foto: Archivo GEC)

Durante el segundo día de sustentación de su pedido para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra cuatro de los integrantes del llamado “Gabinete en sombra” del presidente, la fiscal Kelinda Janampa reveló la declaración de un colaborador eficaz que dio cuenta que buscó obstruir el avance de las denuncias constitucionales que enfrenta en el Parlamento.

La solicitud es contra el ex asesor de la Presidencia Biberto Castillo, el empresario Abel Cabrera, el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña. Este último se encuentra en calidad de prófugo.

Janampa, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, ofreció detalles del testimonio que brindó el colaborador eficaz con código 04-2022 el último 30 de julio.

Esta persona refirió que Castillo Terrones desarrolló “una estrategia” junto a los “asesores en sombra” Auner Vásquez, Castillo León, Eder Vitón, Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Alejandro Sánchez y el alcalde de Anguía, José Nenil Guerrero, entre otros para “la búsqueda de votos” a su favor en el Poder Legislativo para evitar, en un primer lugar, su vacancia.

Y, además, para bloquear el avance de las denuncias constitucionales, entre ellas la de presunta traición a la patria, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso “entregando a cambio ministerios, designación de funcionarios sin contar con el perfil idóneo y diferentes puestos de trabajo”.

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El testigo refirió que Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, “fue el encargado de hacer contacto” con los congresistas denominados “Los Niños”, que no solo serían de Acción Popular, sino de otras bancadas. Agregó que Castillo León y Vitón Burga tenían como responsabilidad el reparto de puestos en el Ejecutivo a favor de personajes cercanos a los parlamentarios que aceptaban respaldar al mandatario.

El colaborador eficaz indicó que la presunta organización criminal “enquistada en el gobierno central” ejecutó “diversos hechos delictivos” desde la toma de poder de Castillo Terrones hasta la actualidad, entre ellas la quema de cuadernos de ocurrencias de los edecanes del presidente y la desaparición de los celulares de estos.

Reiteró que “los asesores en sombra” viabilizaron la entrega de cargos en ministerios a personas que no cumplían “el perfil idóneo”, pero que eran recomendadas por congresistas “de diversas bancadas a cambio de votos para evitar la vacancia” y “una posible acusación constitucional” en la SAC.

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En febrero último, Castillo fue denunciado un grupo de abogados, entre ellos Lourdes Flores Nano y Fernán Altuve, por presunta traición a la patria por haber dejado abierta la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia durante una entrevista con CNN en Español. Entonces, no solo Perú Libre intentó desestimar el informe de calificación, sino también Acción Popular, Somos Perú y Juntos por el Perú.

Cinco meses después, el congresista acciopopulista Wilson Soto , donde recomendó que se inhabilite al jefe de Estado del ejercicio de la función pública por cinco años. Este documento aún no ha sido debatido en la SAC.

Fuentes de El Comercio indicaron que tras la salida de Soto de la SAC, el informe recayó en el congresista Diego Bazán (Avanza País), pero este todavía no entrega el documento.

Las mismas fuentes señalaron que actualmente en la SAC hay 20 denuncias constitucionales en contra de Castillo Terrones, 15 son de ciudadanos, cuatro de parlamentarios y una de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De estas, 19 se presentaron durante la conducción de la apepista Rosio Torres Salinas.

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El factor Tiburcio

En otro momento de la audiencia, la fiscal Janampa refirió que Castillo León fue la persona del entorno del presidente Castillo que, según el general PNP Vicente Tiburcio, le propuso asumir la Comandancia General de la PNP bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con la declaración del colaborador eficaz 04-2022, que leyó Janampa, el jefe de Estado les ordenó a Castillo León y a Camacho que se contacten con Tiburcio, a fin de ofrecer la dirección de la PNP si cumplía tres directrices: “lealtad en todo momento”, que le informe de todo “por su las cosas se ponían feas” y su apoyo si se ordenaban la prisión preventiva contra sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y del ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco.

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El testigo añadió que Tiburcio aceptó. No obstante, en mayo, fue relevado porque “no se alineaba” a lo indicado.

El Ministerio Público advirtió que el presidente Castillo lo retiró del cargo, luego de que la Policía hiciera acciones para la ubicación y captura de sus dos sobrinos y Pacheco.

Tiburcio dijo a El Comercio que “el tema [la fuga de los sobrinos] se dio el 28 de marzo. No hubo ningún condicionamiento, fuera de una reunión informal que se tuvo”. También, que no le dieron explicaciones por su salida de la comandancia general de la PNP. (Foto: Archivo GEC)
Tiburcio dijo a El Comercio que “el tema [la fuga de los sobrinos] se dio el 28 de marzo. No hubo ningún condicionamiento, fuera de una reunión informal que se tuvo”. También, que no le dieron explicaciones por su salida de la comandancia general de la PNP. (Foto: Archivo GEC)

Frente a este escenario desfavorable para el jefe de Estado y su entorno, el citado colaborador eficaz contó que, durante la tercera semana de mayo de este año, el mandatario se reunió nuevamente con Castillo León y Camacho en Palacio de Gobierno para buscar al reemplazo de Tiburcio.

Ambos asesores contactaron al general PNP Luis Vera Llerena para proponerle asumir la comandancia general de la Policía con la condición de que no capture a los sobrinos de Castillo ni a Pacheco.

Castillo León y Camacho precisaron que Vera Llerena aceptó la propuesta.

Más información

La evaluación del pedido de prisión está a cargo del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El magistrado previamente dictó detención preliminar contra estos mismos investigados, también llamados los “asesores en la sombra”.

El juez Zúñiga informó que la audiencia continuará este lunes desde las 9 a.m.. Agregó que a las 3 p.m. dará a conocer su decisión final respecto al pedido de prisión preventiva.

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