El testimonio de un nuevo colaborador eficaz –con código CE-03-2022– ante el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder no solo ha sido un elemento importante para la orden judicial de detención preliminar de miembros del presunto “Gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo. Su confesión, de acuerdo a expertos consultados por El Comercio, refuerza la hipótesis del Ministerio Público respecto a que el mandatario encabeza una organización criminal enquistada en el poder y que, aprovechándose de este, busca impunidad ante actos delictivos cometidos.
Así, para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado; Cecilia Madrid, profesora de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur (Ucsur); y el penalista Andy Carrión la situación de Castillo Terrones se complica aún más. Según coinciden, en la declaración dada por el colaborador a fines de setiembre pasado se describen hechos concretos que vinculan al mandatario a los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.
MIRA: Javier Pacheco renuncia a la Procuraduría Anticorrupción y queda como opción para la PGE
Según el colaborador eficaz CE-03-2022, Pedro Castillo habría ordenado encubrir y darle financiamiento al exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco para evitar que colabore con las investigaciones en curso del Ministerio Público.
Por ejemplo, Castillo habría coordinado asilo político para Pacheco, así como la entrega de dinero a Pacheco para que afronte sus procesos penales y no delate las actividades de la presunta organización criminal. Además, el colaborador sostuvo que el jefe de Estado se reunió con su otrora hombre de confianza el 20 de marzo del 2021 (días antes de que el exsecretario de la Presidencia pase a la clandestinidad) ordenando que se apaguen las cámaras de seguridad para que no quede registro.
Tesis fiscal reforzada
En la lectura de Maldonado, lo descrito por el colaborador “es muy potente”, desvanece el escudo de presunción de inocencia de Castillo y fortalece la posibilidad de un proceso penal contra él cuando sea oportuno.
“Todos estos hechos revelan una operación de encubrimiento y de obstrucción a la justicia. El desafío del Ministerio Público es encuadrar esas conductas en los tipos penales existentes”, indicó. Asimismo, Maldonado consideró que la fiscalía debe dar un enfoque holístico a las imputaciones contra Castillo, pues los hechos se vinculan a investigaciones preliminares ya abiertas por organización criminal, colusión, tráfico de influencias y otros.
Para Madrid, la fiscalía ve reforzada su línea de investigación. “Se complica la situación de Castillo, porque es un indicio más de su participación directa en las actividades criminales de esta organización y el encubrimiento de estas”, refirió.
Por su parte, Carrión apuntó que han aparecido más indicios y pruebas concretas que implican al presidente en hechos criminales. “Existen elementos concretos que apuntan a que en rigor, el presidente habría sido quien ha coordinado no solo la organización criminal –la fiscalía parte de que hay una sola–, sino dado órdenes para el encubrimiento de personas y la desaparición de pruebas”, advirtió.
Otros ilícitos bajo sospecha
En opinión de Maldonado, la fiscalía tendría que abrir una nueva pesquisa contra Castillo. “El Ministerio Público debe hacer una investigación autónoma, vinculada a las demás. Puede definirla como investigación contra el presidente de la República y los que resulten responsables por su vocación y acciones dirigidas a obstruir la justicia y buscar la impunidad con los elementos del poder”, sugirió.
Madrid circunscribe los hechos al delito de encubrimiento personal, pero con el agravante de que Pacheco ya tenía investigaciones en la fiscalía, una de ellas por lavado de activos. “En este caso, se ofrecía dinero a la familia indebidamente. Ese podría ser considerado el medio: doy dinero para que te ocultes, no declares. De esta manera se estaría dando la obstrucción a la justicia, porque ese sería el objetivo de Castillo”, acotó sobre el otro tipo penal bajo sospecha.
Tras recordar que Castillo ya es investigado desde julio pasado por encubrimiento personal a raíz de los cambios en el Ministerio del Interior –incluyendo la salida de Mariano González como titular del sector– con el presunto fin de obstaculizar la labor policial de búsqueda de prófugos parte de su entorno, Madrid indicó que al tratarse de hechos distintos tendría que abrirse una investigación independiente o acumularse a la carpeta fiscal referida a organización criminal.
“Se configurarían los delitos de encubrimiento personal, el hecho de sustraer a una persona de la persecución pública, y de obstrucción de la justicia, porque ya en esa oportunidad Pacheco era investigado por la fiscalía. En rigor, se corroboran otros delitos investigados en carpetas anteriores, como el encubrimiento en base al caso de Mariano González. Lo que ha hecho la fiscalía es unir carpetas, dudo que vaya a abrir nuevas investigaciones, la estrategia de la fiscalía pasa por sedimentar mejor las que ya están en curso”, refirió Carrión.
Un presunto nuevo actor
De otro lado, el colaborador eficaz ha involucrado al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en la presunta red criminal encabezada por el presidente Castillo y en un acuerdo para hacerle llegar a Bruno Pacheco “grandes sumas de dinero para afrontar sus procesos penales y evitar que delate las actividades criminales que habría perpetrado en conjunto con los demás integrantes de la organización criminal”.
“Beder Ramón Camacho Gadea continuó comunicándose con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y en una de esas llamadas le encargó que le diga al ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez que no estaba cumpliendo con lo acordado de hacerle entrega de ocho mil soles mensuales a la esposa de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo; días después, en la Presidencia del Consejo de Ministros, Beder Ramón Camacho Gadea hizo llegar el encargo a Roberto Sánchez, quien habría manifestado que si venía cumpliendo con los ocho mil soles acordados, y son entregados a la esposa del primer citado”, narró el colaborador.
Maldonado aseveró que, una vez corroborada dicha declaración o con suficientes elementos de credibilidad razonables, la fiscalía también debería abrir una investigación a Roberto Sánchez. “No hacerlo sería tan grave como los hechos que se denuncian. Cada uno de los personajes tienen que ser puestos en una gran pieza de rompecabezas, donde la organización criminal se entiende perfectamente, cómo planifica ciertos delitos incluso antes antes de llegar al poder, cómo los realiza al llegar al poder y cómo, para evitar las investigaciones al verse descubiertos, genera planes estratégicos dirigidos a obstruir la acción de justicia y generar impunidad. Esa es la hipótesis”, subrayó.
Madrid indicó que la declaración del colaborador “podría ser un indicio para que se inicie [contra Sánchez] una investigación preliminar, pero para formalizarla se necesitaría algo más. Sería como partícipe de la obstrucción [de la justicia], porque habría facilitado el ofrecimiento del dinero”. Y para incluirlo en una pesquisa por organización criminal, sostuvo que faltarían mayor corroboración y más indicios.
“De todas maneras debería ser incluido [en una investigación] por el delito de encubrimiento, a raíz de que estaría facilitando la huida de Pacheco. Pero además, estaría incluido dentro de la propia organización criminal”, agregó Carrión. Consideró también que el manejo del dinero ameritaría también una indagación por lavado de activos contra el ministro y “el presidente Castillo podría participar como instigador y cómplice del lavado de dinero”.
En declaraciones a la prensa, Roberto Sánchez negó este martes las imputaciones y las calificó de “patraña”. “Totalmente falso. ¿Qué intenciones habrán alrededor de estas prerrogativas para tener que involucrarnos de manera tan irresponsable?”, sentenció.