Pedro Castillo: Los cambios e indecisiones que dilatan la votación del informe que plantea inhabilitar al presidente

El documento propone inhabilitar por 5 años a Castillo debido a presuntas infracciones a los artículos 32, 54, 110 y 118 –incisos 1, 2 y 11– de la Constitución (juicio político) y acusarlo por el supuesto delito de traición a la patria, en calidad de autor y grado de tentativa en agravio del Estado (antejuicio político).

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Sin embargo, la subcomisión prevé someter a votación el informe a partir del miércoles. La reciente dilación del asunto se contextualiza a partir de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Congreso: que legisladores con procesos penales no pueden integrar comisiones fiscalizadoras, entre ellas la subcomisión. El presidente del Parlamento, José Williams, envió hace casi un mes oficios a las distintas bancadas con la lista de congresistas en esa situación, en base a información de la Corte Suprema; pero los cambios recién se están implementando.

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Este lunes, la Comisión Permanente oficializó el reemplazo de tres congresistas de Acción Popular investigados por el Caso Los Niños, a raíz de un acuerdo de dicha bancada del 19 de octubre pasado. Luego, la subcomisión ejecutó la medida en plena sesión y esta fue suspendida para evitar cuestionamientos procedimentales en caso se apruebe el informe contra Castillo.

Fue José María Balcázar, de Perú Democrático, quien planteó un cuarto intermedio para que se suspenda la sesión debido a los cambios de integrantes de la subcomisión en plena reunión. “Se ha cambiado la correlación y el principio de inmediación puede generar en el debate posterior una nulidad”, advirtió. Lady Camones, presidenta del grupo, acogió el pedido para “no entrar en cuestionamientos y posibles nulidades a futuro”.

Escenario

Hasta la actual conformación de la subcomisión, la proyección contemplaba un escenario con aproximadamente 14 votos a favor y 8 en contra de la aprobación del informe.

Este panorama también se da a raíz del cambio de integrantes de Acción Popular. Si bien había dudas sobre las posturas de los salientes Darwin Espinoza, Jorge Flores e Ilich López, sus reemplazos apuntan a votar a favor.

Wilson Soto, por ejemplo, elaboró el informe cuando era delegado del caso. Asimismo, el legislador José Arriola indicó a El Comercio que votará a favor y acotó que confía en que su colega Luis Aragón exprese esa postura en bloque, a fin de que el tema se siga discutiendo en la Comisión Permanente y llegue al pleno.

“Se supone que nosotros somos un colegiado, donde de por medio está el trabajo que ha hecho Soto, que es el que está sirviendo de sustento y fundamento para el congresista que ha sustentado [Diego Bazán]”, indicó Arriola.

“Ellos ya no están, volteemos la página”, acotó sobre sus colegas Espinoza, López y Flores.

Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso también tienen definida su postura a favor, mientras que en contra se han expresado principalmente Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático. Están pendientes las definiciones en Somos Perú, Podemos Perú e Integridad y Desarrollo.

“El acto existe, es claro. Los dichos a nivel nacional e internacional corresponden a un acto. Hay que recordar que no estamos condenando, solo abriendo la posibilidad que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo”, explicó Bazán al sustentar el informe.

Asimismo, Ernesto Bustamante y Hernando Guerra García recordaron que Freddy Mamani –entonces presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia– saludó la “predisposición del hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia”.

En tanto, desde bancadas oficialistas se señaló durante el debate que las expresiones de Castillo no tipifican algún delito. “No hay traición a la patria en una declaración en la que el presidente no toma una decisión de gobierno”, refirió Margot Palacios, de Perú Libre.

Por su parte, Balcázar aseveró: “Absolutamente no se encuadra para nada, cualquier juez lo rechazaría de plano. Tampoco podemos llegar al abuso de las facultades políticas que tiene el Congreso”.

A su turno, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, cuestionó las intenciones del entrevistador de CNN Fernando del Rincón. “No vino con buenas intenciones. Se ha demostrado que él vino con el fin de desprestigiar un sistema democrático”, afirmó.

Más modificaciones

Williams había citado a la Permanente para este martes 8 y dado un ultimatum a APP y otras bancadas para que reemplacen a miembros con procesos, pero el lunes por la noche retrocedió y aplazó la sesión de la Permanente para el miércoles. Eso aplazaría las intenciones de la SAC de sesionar el miércoles.

El presidente del Parlamento advirtió que la Permanente se verá obligada a retirar a congresistas procesados si no lo hacen las propias bancadas en la SAC.

Según se pudo conocer, saldrían del grupo por tener procesos penales vigentes: Martha Moyano (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Óscar Zea (Podemos Perú) y Rosío Torres (APP). Esta última antecedió a Camones en la presidencia de la subcomisión y en cuya gestión ya se había dilatado el caso contra Castillo y también la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte.

Aunque Zea ha defendido ante su bancada su permanencia en la subcomisión, el grupo apostaría por Heidy Juárez para reemplazarlo. Hasta el cierre de esta edición estaba pendiente conocer a los otros relevos.

Entre los miembros de la subcomisión con procesos también se encontraba Norma Yarrow (Avanza País) a raíz de imputaciones por peculado. No obstante, la legisladora solicitó información al procurador anticorrupción Javier Pacheco y este respondió en setiembre pasado que en el Sistema de Control de Procesos judiciales para las Procuradurías (SICPROJ) “solo se ha encontrado coincidencia con el expediente N°111-2013, precisando que dicho proceso penal se encuentra archivado”.

Tras la gestión de Torres, también hubo demoras en la reconformación de la subcomisión hasta que Camones asumió la presidencia el 15 de setiembre. Además, la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra Castillo fue presentada en febrero de este año y Wilson Soto remitió su informe final el 8 de agosto. No obstante, los capítulos de retrasos en el grupo aún continúan con este y otros casos.