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Los indicios encontrados por la Fiscalía de la Nación apuntan a una presunta intervención del presidente de la República, Pedro Castillo, para favorecer a la lobbista Karelim López en dos procesos de selección otorgados por Provías y Petroperú. También detectó indicios de que el jefe de Estado buscaba el ascenso de un grupo de militares en las Fuerzas Armadas.
Según los documentos obtenidos por El Comercio, existen similitudes en la actuación de Pedro Castillo que podrían considerarse actos ilícitos y, por ello, se le abrió investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal.
Sin embargo, la fiscalía decidió que, ante la investidura presidencial, las pesquisas quedarán suspendidas hasta cuando Castillo Terrones culmine su mandato, en julio del 2026.
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¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó al fiscalía de la Nación para comprender a Pedro Castillo en calidad de investigado por los tres casos?
En los tres casos, señaló la fiscalía, existen la sospecha de presuntos actos ilícitos atribuibles a Pedro Castillo en su condición de presidente de la República.
Ello se desprendió del análisis de los informes que remitieron las fiscales provinciales Norah Córdova (Caso Petroperú) y Karla Zecenarro (Caso Provías), así como de la denuncia del procurador general Daniel Soria por las reuniones de Castillo en Breña y la denuncia de abogado Carlos Huerta por la implicancia en los ascensos de las FF.AA.
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La lobbista y empresaria Karelim López llegó a la vivienda de pasaje Sarratea (Breña) a donde también acudió el expresidente Pedro Castillo, durante el mes de octubre y noviembre del 2021.
Existiría amistad entre Castillo y Karelim López
Según la disposición del 4 de enero (Carpeta 252-2021) los antecedentes tienen su origen en las investigaciones que se realizaron en las fiscalías provinciales contra funcionarios no aforados y empresarios.
Es así que se reseña las visitas que realizó Karelim López a Palacio de Gobierno en las fechas en las que se desencadenaron distintas disposiciones en Provías y Petroperú que terminaron con el otorgamiento de la buena pro para dos empresas que se relacionarían con la empresaria.
En el primer caso, el Consorcio Puente Tarata III -asesorado por López- obtuvo la buena pro por S/232,5 millones para obras en la región San Martín. Además, la empresa Heaven Petroleum Operators salió beneficiado por un contrato de $74 millones para la venta de Biodiésel B100 luego de una presunta reunión entre dicha lobbista, el representante de la compañía Samir Abudayeh, el gerente de Petroperú, Hugo Chávez y Castillo.
“El dato que resulta común en ambas investigaciones es que se trata de procesos de contratación pública y en ambos aparece como una de las protagonista la ciudadana Karelim López Arredondo; quien tendría una evidente cercanía con el entonces secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco y también con el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones”, indicó la fiscalía.
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Conclusiones sobre participación del presidente Pedro Castillo en los casos Provías y Petroperú
Pero además de las reuniones contemporáneas a los procesos contractuales con el Estado, la fiscalía sostuvo que existen otros dos hechos adicionales que sustentan las sospechas: que López Arredondo habría organizado la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente el 27 de octubre del 2021, con participación de la animadora Brenda Carvalho.
Además, se tiene la visita que habría realizado López Arredondo -al menos una vez el 19 de noviembre del 20211- al inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179 (Breña), “lugar de concurrencia del presidente de la República, en el que incluso tendría una oficina y desde donde despachaba los primeros días de su gobierno”.
La actuación de López Arredondo -para la fiscalía- habría tenido como beneficio la presunta contraprestación del presidente Pedro Castillo por los hechos que se le atribuyen (intervenir en caso Provías y Petroperú).
En esa línea, afirma la fiscalía, existen indicios que permiten sostener que aquella relación y las reuniones entre López Arredondo y el presidente Castillo tendrían vinculación con los dos procesos de contratación pública.
Por ello, se le atribuye al mandatario “haber intervenido indebida e indirectamente” en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a cargo de Provías-MTC y en el proceso de licitación para la adquisición de Biodiésel B100 con la finalidad que la empresa Heaven Petroleum Operators gane dicha licitación.
“Como se ha indicado, en ambos casos resulta relevante la intervención de la ciudadana Karelim López Arredondo quien tendría amistad y cercanía no solo con Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia de la República; sino también con el presidente Pedro Castillo Terrones, como lo evidencian los hechos de las visitas nocturnas que realizó a la casa ubicada en Sarratea”, indica el Ministerio Público.
En conclusión, la fiscalía considera que en ambos casos -acumulados en una sola carpeta de investigación- pueden haberse cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión.
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“Sí las reconozco”
El tercer caso que se abrió contra el presidente Castillo se vincula a las denuncias que realizaron los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, donde se investiga las presuntas influencias ejercidas por el exministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.
Vizcarra relató que también recibió la comunicación directa de Castillo pidiendo el ascenso del oficial Víctor Hugo Torres Quispe a través de una conversación de Whatsapp. Ello fue declarado ante la fiscalía y corroborado a través de los mensajes que proporcionó donde Castillo preguntó por el mencionado militar y le escribió “para coronel”.
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Los detalles de los mensajes fueron revelados por la Unidad de Investigación de El Comercio.
“El señor presidente de la República me menciona al señor Sánchez y le hice la misma explicación que al señor Pacheco y al parecer me entendió (…) también me preguntó por el pedido que me hizo a través del whatsapp para el teniente coronel Hugo Torres a lo que le manifesté que ese señor no tenía opción y terminó preguntándome qué podemos hacer por el señor Ciro Bocanegra”, relató el general EP (r) Vizcarra Álvarez sobre su reunión con Castillo el 15 de octubre del 2021.
Cuando Castillo, en calidad de testigo, rindió su declaración ante la fiscalía de la Nación por este caso, reconoció que sí le escribió a Vizcarra para preguntarle por el proceso de ascensos 2021, pero aseveró que lo que le pidió era que el oficial Torres no ascienda.
“Sí las reconozco”, respondió el presidente -quien hoy tiene la calidad de investigado- al ser consultado por la fiscalía si reconocía los mensajes de Whatsapp proporcionados por Vizcarra.
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Fragmento de la declaración del presidente Pedro Castillo en el caso ascensos de las Fuerzas Armadas
También reconoció su número personal de teléfono desde donde envió los mensajes al general en retiro. Aseveró que el oficial Torres fue el piloto de su helicóptero cuando viajó a Jaén a visitar a sus padres el 9 de octubre y que este le informó que no podían regresar ese mismo día a Puña porque el aparato aéreo tenía desperfectos. Por ello, le pidió a Vizcarra que no lo ascienda.
“Es ahí donde sigo preocupado con ese tema y por eso pregunto el nombre del piloto y le reenvío al general y le pregunto ‘para coronel’”, dijo en su declaración el presidente.
Luego, se le preguntó si sabía que Torres estaba postulando a un ascenso, ante ello respondió que “yo no sabía que estaba postulando, yo simplemente le pregunto a Vizcarra si estaba postulando”.
Sin embargo, para el Ministerio Público, las investigaciones han permitido conocer, a nivel de sospecha simple, presuntos actos de tráfico de influencias atribuibles a Pedro Castillo en su condición de presidente de la República.
Ello, explican se hace relevante porque el mismo presidente reconoció las conversaciones y el uso de su teléfono para comunicarse con Vizcarra Álvarez. Sumado a que tanto el excomandante del Ejército y de la FAP fueron relevados de sus puestos sin que conocieran los motivos, según su declaración.
“En el presente caso, tal como se ha descrito a lo largo de la presente disposición, existen elementos indiciarios sobre la presunta participación del presidente de la República, hechos que podrían ser calificados preliminarmente como delito de tráfico de influencias, lo que amerita el inicio de una investigación preliminar en su contra, la misma que deberá suspenderse por los argumentos antes glosados”, se anotó.
Lee aquí la resolución sobre el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas
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