Solo en la parte inicial de su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Pedro Castillo acusó difamaciones en su contra y rechazó que se le exija probar su inocencia. Ese fue el preámbulo para un discurso de 111 minutos en el que el mandatario evadió la autocrítica, obvió explicaciones, culpó a otros y se abstuvo de hacer un claro deslinde de hechos de corrupción que lo involucran a él y a su entorno más cercano.
Luego de esa primera advertencia, Castillo solo reconoció de forma muy breve, general e imprecisa, sin mayor enmienda ni mea culpa: “Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella”.
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Para Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, Castillo no realizó una evaluación ni diagnóstico del problema que enfrenta, por lo que su mensaje no tuvo calidad ni contundencia. En diálogo con El Comercio, consideró que las casi mínimas referencias a los presuntos hechos ilícitos que se le imputan podrían provenir del consejo de su defensa legal.
“No hubo ninguna referencia a medidas a adoptar respecto de casos de corrupción”, comentó y advirtió incoherencia entre el discurso y los hechos.
Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción, refirió que, como Castillo no tenía mucho por decir ni se puso a disposición de la fiscalía, optó por victimizarse. “Pero todos los peruanos somos testigos de cómo aparecen cada vez más elementos que permiten establecer claramente su participación en una organización criminal que pretende cooptar el poder para seguir enriqueciéndose indebidamente”, subrayó.
En la lectura de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, el mandatario disocia la realidad. “Hay evidencias de las sostenidas decisiones que ha estado tomando para obstaculizar las investigaciones. Desde la remoción irregular del procurador Daniel Soria hasta la destitución de Mariano González [exministro del Interior] por formar el equipo de alto nivel policial para trabajar con la fiscalía”, comentó.
En esa línea, Rotta apuntó que Castillo intentó reforzar la narrativa de que está colaborando con la justicia, “lo cual no es cierto”.
Precisamente, en otra parte de su mensaje, el presidente dijo que se somete a la justicia “para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática”. Cabe recordar que el abogado de Castillo, Benji Espinoza, ha presentado distintos recursos buscando anular las pesquisas en su contra, teniendo al momento solo reveses.
Asimismo, más adelante volvió a aludir tímidamente a las investigaciones en su contra dirigiéndose a los medios de comunicación: “Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”.
Política en duda
Posteriormente, Castillo dio cuenta de las distintas acciones de su gestión. En las postrimerías de su mensaje, solo dedicó un minuto y 44 segundos –una de las 86 páginas del texto otorgado a los congresistas– al apartado sobre la lucha anticorrupción. Ahí resaltó la aprobación de la estrategia de integridad del Ejecutivo al 2022, la suscripción de un convenio internacional contra la corrupción con la OEA y la aprobación en el Legislativo de tres iniciativas para combatir los sobornos, prevenir conflictos de intereses y fortalecer la sanción a personas jurídicas.
No obstante, para Lanegra se trata de generalidades debido a que el diagnóstico en ese campo es malo. “No hubo un fortalecimiento de las políticas de lucha contra la corrupción […] Por esa razón, ante la ausencia de logros, eso es lo que se ha podido decir”, dijo.
Vargas Valdivia cuestionó que no se haya mencionado algún lineamiento para el corto o mediano plazo respecto de la lucha anticorrupción. “Desde la cúpula del gobierno no se le presta atención a la prevención de la corrupción, ni si quiera dentro del Ejecutivo. El hecho de que haya un caso como el del sobrino de un ministro [contratado en el Ministerio de la Producción] es elocuente de que están fallando estos mecanismos”, recalcó.
Conveniente omisión
En el texto de 86 páginas repartido a los congresistas se incluyó hacia el final del mensaje esta exhortación: “Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia, y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”.
Fue un pedido general y sin nombres –como los de su sobrino Fray Vásquez o su exministro Juan Silva– que el presidente no mencionó mientras era avasallado por los alaridos de parlamentarios que le pedían su renuncia, ante lo cual −además− no mostró carácter ni exigió el respeto que merece su investidura, sino apresuró el fin de su alocución. Antes de llegar a esa parte de su lectura, hizo una pausa, solo expresó el tímido pedido de “hacer una lucha frontal contra la corrupción” y culminó su mensaje con una nerviosa sonrisa.
Palacio compartió una versión del mensaje que también obvió la exhortación a los prófugos, pero que ni si quiera incluyó lo que sí llegó a mencionar el presidente.
Vargas Valdivia consideró que Castillo tuvo una conveniente omisión para evitar agravar su situación. “Si él se lanza contra Juan Silva, este va a acercarse mucho más rápido a la fiscalía para dar información. Es obvio que no lo iba a leer, no tiene un claro compromiso contra la corrupción. Lo que quiere es sobrevivir, evitar dejar el cargo para evitar ser procesado”, opinó.
Rotta dijo creer que la exhortación hubiera sido un elemento más de las contradicciones del mensaje. “Más allá de que pida que personas se entreguen, la responsabilidad del gobierno es apoyar a las autoridades para que esas personas sean ubicadas. Eso está en cuestión […] Hay una sospecha de que se está usando el poder político para obstruir la justicia”, sentenció Lanegra.