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El Poder Judicial acogió un pedido del Ministerio Público y ordenó el miércoles impedimento de salida del país por cinco meses para Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, en el marco la investigación preliminar que se les sigue por el Caso Puente Tarata.
La fiscal Karla Zecenarro les imputa los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal en agravio del Estado. Ambos permanecen aún como no habidos pese a tener también una orden judicial de detención preliminar.
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Dichos ilícitos penales también son imputados a los sobrinos del jefe de Estado en el requerimiento fiscal de detención preliminar que pudo revisar este Diario, y que acogió también el Poder Judicial.
Los hechos se refieren a presuntos actos de corrupción para favorecer al Consorcio Puente Tarata III en una licitación para la construcción de un puente sobre el río Hualla (región San Martín), pese a que no cumplía con requisitos establecidos en las bases. Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó la obra a dicha compañía el 22 de octubre del 2021.
Zecenarro explicó que Vásquez, junto a otros investigados, habría buscado lograr la designación de personas de su confianza en Provías con el fin de que se adjudiquen obras a favor de determinadas empresas. “Habría invocado ante Luis Pasapera Adrianzén, empresario vinculado al Consorcio Puente Tarata III, tener influencias con funcionarios de Provías Descentralizado a cargo de la licitación del puente Tarata”, manifestó.
En cuanto al delito de organización criminal, la fiscal sostuvo que los sobrinos del mandatario formarían parte de una red destinada a la designación de funcionarios en puestos claves en el MTC para beneficiar irregularmente con obras a empresas allegadas.
La magistrada también expuso hechos en base a declaraciones de la lobbista Karelim López, investigada en el caso. “Luego de que Zamir Villaverde contactaba a los empresarios, derivaba a estos con los sobrinos del presidente de la República, entre ellos Gian Marco Castillo Gómez, para que sean ellos quienes hagan la coordinación directa sobre las obras que requerían o cuya adjudicación tenían interés”, dijo.
Posteriormente, acotó la fiscal en base al testimonio de López, los sobrinos de Castillo transmitían la información “al ministro de Transportes y Comunicaciones para que pueda concretarse un direccionamiento”. Juan Silva era el titular de dicho sector al momento del proceso de licitación.
Para el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, los hechos son graves y se sustentan a nivel de diligencias preliminares. Acotó que el pedido fiscal es idóneo, necesario y proporcional.
La medida restrictiva ordenada por el juez también alcanza a otros ocho investigados, incluyendo a exfuncionarios de Provías Descentralizado y empresarios. Unos ya cumplen orden de detención preliminar, mientras que otros permanecen no habidos. Este es el caso, por ejemplo, de Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías.
La fiscal Zecenarro no descartó solicitar otras medidas de coerción más graves para los investigados.
Sin oposición
Los abogados de todos los implicados, entre ellos el de los sobrinos del mandatario, se allanaron al pedido de la fiscalía. La defensa legal del empresario Zamir Villaverde pidió más tiempo para revisar el expediente y el juez programó que su caso se evalúe en una audiencia a desarrollarse el próximo 4 de abril a las 10 a.m.
Según la fiscal, Villaverde y los sobrinos de Castillo “habrían tenido una injerencia indebida en la designación de funcionarios en Provias”. “Es decir, ubicar en puestos claves de esta entidad a funcionarios que puedan ser necesarios o útiles para poder lograr el direccionamiento hacia las empresas con las cuales estaban entablando contacto”, añadió.
Como parte de los intereses de la presunta red criminal, la fiscal señaló que Zamir Villaverde habría ofrecido “un listado de obras” en el MTC al empresario Luis Pasapera Adrianzén, vinculado a Termirex S.A.C., firma que integró el Consorcio Puente Tarata III.
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Según la versión de la lobbista Karelim López, Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Pedro Castillo son parte de la mafia que designaba funcionarios.
En diálogo con El Comercio, Luis Vivanco Gotelli, abogado de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, aseguró que sus patrocinados se mantienen en el Perú y que no piensan salir del país.
“¿Por qué nos hemos allanado? Porque mis patrocinados en ningún momento van a abandonar el país, no tienen la voluntad de abandonar el país. Y como no van a abandonar el país, nos hemos manifestado a favor de un pedido absurdo, pero que lo que busca es arraigarlos en el país”, detalló.
“Están en condición de no habidos y así van a permanecer por ahora. Es una decisión consensuada”, añadió Vivanco.
Según comentó también, los sobrinos de Pedro Castillo continuarán en la clandestinidad a la espera de que una sala superior resuelva la apelación que presentó el miércoles a la orden de detención preliminar que sus defendidos también tienen en su contra.
“En el momento en que sea revisada, nosotros tomaremos la decisión de comparecer o no”, sentenció.
El otro sobrino
Según pudo conocer El Comercio, la fiscal Karla Zecenarro también ha presentado un pedido de impedimento de salida del país para Rubdel Oblitas, otro sobrino del presidente Pedro Castillo.
El juez Manuel Chuyo aún no fija fecha para discutir dicho requerimiento.
Oblitas está implicado en la presunta red criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que involucra al propio presidente Pedro Castillo, sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como a otros.
“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones [...] los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa]”, afirmó Karelim López en una declaración fiscal como parte de un proceso de colaboración eficaz.
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