Pedro Castillo: Fiscalización aprueba informe que recomienda acusarlo y retira imputación contra ‘Los Niños’

En una accidentada sesión que duró casi dos horas y media, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría las conclusiones y recomendaciones del informe final sobre su investigación de cuatro casos que involucran al presidente Pedro Castillo.

Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo respaldó que se recomiende al pleno del Parlamento acusar constitucionalmente al mandatario por presuntos delitos e infracciones constitucionales en la licitación del Puente Tarata III, las reuniones no esclarecidas en una casa de Breña, en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y por supuestas presiones al superintendente de la Sunat, Luis Vera.

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En el caso del Puente Tarata III, la comisión concluyó que Castillo encabeza una organización criminal que incluye a otras 18 personas más, entre ellas, el exministro de Transportes, Juan Silva; el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado, entre otras.

Tanto Silva como Pacheco y Vásquez son investigados por la fiscalía y están prófugos de la justicia.

A todos ellos se les sindica de haber coordinado la dirección del resultado de esa y otras licitaciones del MTC a favor de diversas empresas. En cuanto a Castillo, se plantea formular acusación constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Caso de ‘Los Niños’

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular), comentó que se hicieron “algunas correcciones de forma” en el informe final.

Una versión anterior a la del documento leído el último jueves mencionaba a seis congresistas de Acción Popular en las conclusiones respecto del Caso Puente Tarata III: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jua Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Se señalaba que había “indicios suficientes” de que ellos “habrían tenido participación para determinar los procesos de selección en entidades del Estado”.

Incluso, en las recomendaciones leídas el jueves se planteaba remitir el informe a la fiscalía a fin de que promueva o continúe una investigación contra los apepistas “por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios”.

No obstante, ante el pedido de varios legisladores, se les retiró del informe por no haber sido citados a la comisión para ofrecer sus descargos y defenderse de las imputaciones. Los reparos se sustentaron en el respeto al debido proceso.

Tras la sesión, en conferencia de prensa, Ventura dio otros argumentos. Mencionó que, en el caso de ‘Los Niños’, se les excluía de las conclusiones del informe porque ya están siendo investigados en la fiscalía. Cabe recordar que otras personas sindicadas en el documento, como el propio Castillo o Juan Silva, también tienen pesquisas fiscales.

“Se ha merituado que respecto a los congresistas en mención es que se está investigando en el Ministerio Público y también en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Se ha considerado que perfectamente podrían ser derivados estos informes al Ministerio Público para que continúen con indagaciones, si es que hubiera responsabilidad penal y también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para las prerrogativas constitucionales que tenemos los congresistas”, arguyó.

Lo mismo ocurrió con Lucinda Vásquez y Álex Paredes (Bloque Magisterial), a quienes se les sindicaba de vulnerar leyes de transparencia por reunirse con Castillo en la casa de Sarratea, en Breña. Ellos reclamaron el haber sido incluidos en el informe sin haber declarado ni sido notificados, por lo que pidieron ser excluidos y así ocurrió.

Cita accidentada

La oficialista Lucinda Vásquez votó a favor del informe, lo que causó sorpresa en el Congreso. Personal de su despacho señaló a El Comercio que se trató de un error y que este viernes rectificará su decisión. Posteriormente, la parlamentaria emitió un pronunciamiento dando cuenta de una confusión.

Y es que lo cierto es que la sesión de la Comisión de Fiscalización fue desordenada, accidentada y acelerada por momentos, sobre todo en los tramos finales para la votación. En medio, legisladores de Perú Libre y el Bloque Magisterial afines a Castillo buscaron interrumpir el desarrollo de la reunión y evitar la decisión final.

Pasión Dávila (Bloque Magisterial) presentó un informe en minoría que plantea archivar la investigación contra Castillo en todos sus extremos, incluyendo las sindicaciones contra los denominados ‘Niños’ de Acción Popular, porque –considera– no hay suficientes evidencias, lo que fue respaldado por legisladores oficialistas.

Incluso Dávila y otros parlamentarios afines al Gobierno no votaron. El primero de ellos pidió una cuestión previa para que no se apruebe un informe con cargo a redacción de las observaciones planteadas durante la sesión, sino que primero se hagan las modificaciones, luego se lea el texto final y, por último, se proceda a la votación. Su requerimiento no fue acogido por Ventura.

“Voy a proceder a las acciones legales”, sostuvo Pasión Dávila.

Previamente, el parlamentario Edgard Reymundo planteó una cuestión previa para que se voten por separado las recomendaciones que planteaban una acusación constitucional contra el jefe de Estado. Este pedido sí fue acogido por el presidente de la comisión y fue sometido a votación, pero la mayoría lo rechazó.

El titular del grupo recibió cuestionamientos desde el oficialismo por el proceder de la comisión en los meses de investigación y el manejo de la sesión. Pero Ventura se defendió y aseveró que sí respetó el debido proceso, incluyendo en el caso del presidente Castillo, a quien se le citó sin éxito en cuatro ocasiones.

“El próximo jueves creo que se va a votar en el pleno del Congreso”, sentenció Ventura sobre el informe final. De aprobarse en el seno de la representación nacional, la situación de Pedro Castillo se complicaría aún más.