La denuncia que presentó la bancada de Perú Libre busca inhabilitar de la función pública a la fiscal Patricia Benavides y destituirla del cargo. (Foto: Twitter)
La denuncia que presentó la bancada de Perú Libre busca inhabilitar de la función pública a la fiscal Patricia Benavides y destituirla del cargo. (Foto: Twitter)
Redacción EC

La vocera de la bancada de , Kelly Portalatino, se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó su agrupación en contra de la fiscal de la Nación, , la cual busca inhabilitarla de la función pública.

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La parlamentaria aseguró que desde su bancada no están buscando apoyar al presidente de la República, Pedro Castillo, pues indicó que la acusación contra la fiscal se basa en un acuerdo que tomaron entre todos los legisladores perulibristas.

Nosotros en la bancada de Perú Libre no estamos apoyando al señor presidente Pedro Castillo, quiero dejar en claro que esta denuncia constitucional está basada a través de un acuerdo, de un debate en asamblea de los colegas congresistas y del cual hemos tomado una posición”, declaró en diálogo con Canal N.

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En ese sentido, Portalatino recordó que la denuncia se sustenta en que Benavides Vargas habría infringido dos artículos de la Constitución Política del Perú con decisiones que tomó luego de asumir el cargo de fiscal de la Nación.

Habría una selectividad de parte de la fiscal de la Nación que estaría infringiendo el artículo 146 y el 159 de las Constitución, donde está movilizando a los fiscales que llevan el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y de la hermana, que ha sido acusada por cohecho y asociación ilícita”, manifestó.

C8 Portalatino
Kelly Portalatino

El último lunes, Perú Libre presentó esta iniciativa que busca sancionar con 8 años de inhabilitación de la función pública a la titular del Ministerio Público, además de destituirla del cargo. Ello, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado.

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Como se recuerda, la Fiscalía ha abierto seis investigaciones contra el jefe de Estado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencia, plagio y encubrimiento.