Pedro Castillo: 12 meses de denuncias, investigaciones y malos nombramientos | CRONOLOGÍA

Pedro Castillo anunció en su mensaje a la Nación que no gobernaría desde Palacio de Gobierno, pues el recinto sería cedido al renombrado Ministerio de Cultura para ser convertido en un museo. Lo haría para “romper con los símbolos coloniales”.

También aseguró que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Adicionalmente, dio un plazo de 72 horas para que los delincuentes extranjeros salgan del país. La propuesta del presidente no tenía mayor sustento. Finalmente, se anunció el fortalecimiento de las rondas campesinas para apoyar en la seguridad ciudadana y conformarlas “donde no existan” e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Se designa un primer Gabinete de choque con Guido Bellido como primer ministro y Héctor Béjar como canciller. Otras polémicas designaciones fueron la de Iber Maraví en Trabajo -vinculado a la Fenate Perú, sindicato fundado por Castillo y que logró su inscripción a los pocos días- y Juan Silva en Transportes y Comunicaciones.

Castillo se instala en Palacio luego de cinco días en los que no hubo transparencia sobre sus reuniones, pues utilizó un inmueble ubicado en el pasaje Sarratea (Breña) para llevar una agenda paralela.

Además, designó a Braulio Grajeda, vocero de Perú Libre y uno de los encargados de recaudar los fondos para el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, en el Viceministerio de Gobernanza Territorial hasta el 30 de octubre. De otro lado, pese a los diversos cuestionamientos, Mario Carhuapoma permanecía al frente de Essalud.

Finalmente, además de sus vínculos con el Conare-Sutep, gremio simpatizante de Sendero Luminoso, se supo que Iber Maraví figura en atestados policiales que lo implican en hechos terroristas entre 1980 y 1981 en Ayacucho, así como del 2004. No renunció al Ministerio de Trabajo y, por el contrario, fue escudado por Pedro Castillo. 

Guido Bellido advirtió a la empresa explotadora del gas de Camisea a renegociar el reparto de utilidades. Si no, optarían por la nacionalización.

También se revelaron chats de la bancada de Perú Libre donde Bellido conspira contra los ministros de su entonces Consejo de Ministros.

Continúan los nombramientos cuestionados en el Gabinete: Días antes de la designación de Carlos Gallardo en el Ministerio de Educación (Minedu), Castillo se reunió con dirigentes de la Fenate Perú, donde le comunicaron su disconformidad con la gestión de Juan Cadillo, entonces titular de Educación. El presidente les adelantó que habría cambios en las carteras.

Se reanuda el bloqueo en el corredor minero, debido a que no se alcanzan acuerdos durante la gestión de Bellido.

Pedro Castillo cambia de gabinete y sale Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asume Mirtha Vásquez, pero también se designa a Luis Barranzuela Vite, quien fue abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre en el caso de investigación por presunto lavado de activos, en el Ministerio del Interior. Además, el maestro cesante Carlos Gallardo, afín a la Fenate Perú y que cuestionó la evaluación a los docentes, fue designado ministro de Educación.

Compartió conversatorios con Iber Maraví, César Tito Rojas y Mery Coila. De otro lado, las demoras para incluir a los cinco integrantes del caso Los Dinámicos del Centro en el Programa de Recompensas devino en su fuga.

Venezuela dio el beneplácito para que Richard Rojas García sea embajador del Perú. Sin embargo, esta propuesta quedó sin efecto el 22 de octubre por su impedimento de salida del país por seis meses. Rojas García es investigado por el presunto delito de lavado de activos agravado.

Se denunció que el gobierno intentó que se incluya en la lista de ascensos a generales de brigada a dos coroneles hijos de Augusto Bocanegra, amigo de Pedro Castillo.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público al exsecretario Bruno Pacheco, y quienes resulten responsables, por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto tras las denuncias de los excomandantes generales José Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro sobre presuntas presiones para ascensos.

El excomandante general del Ejército Vizcarra Álvarez entregó las copias de las conversaciones mediante WhatsApp que mantuvo con el presidente Pedro Castillo para probar la interferencia del gobierno en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

La fiscal de la Nación abrió una investigación contra Walter Ayala y Bruno Pacheco por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal por el caso de injerencia en los ascensos las Fuerzas Armadas. Walter Ayala renunció al cargo de titular del Ministerio de Defensa (Mindef) luego de ser acusado por el excomandante Vizcarra Álvarez de interferir en los ascensos de la institución castrense.

El exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco guardaba US$ 20 mil en el baño de su despacho, ubicado en Palacio de Gobierno. Esta información fue consignada en el acta fiscal como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

Finalmente, con las firmas de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País se presentó la moción de vacancia “por permanente incapacidad moral” contra el presidente Pedro Castillo, pero no se obtuvieron los votos necesarios en el pleno y no prosperó.

El entonces procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció ante la fiscalía al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Esto por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a Karelim López.

Castillo no autorizó el ingreso a la oficina de la Secretaría de la Presidencia al personal fiscal que acudió para indagar sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en un proceso de adquisición de Petro-Perú.

El fiscal Reinaldo Abanto relató que Palacio de Gobierno no permitió el ingreso a ciertos espacios y tampoco brindó la documentación que se requirió durante una nueva diligencia del Ministerio Público por el caso de las presuntas irregularidades en una licitación de Petroperú.

El presidente reconoció ante fiscalía los chats sobre ascensos de FF.AA. y se dio el contexto en el que se dieron.

Zoraida Ávalos, entonces fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo. La primera es por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata. La segunda por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, debido a una supuesta interferencia en los ascensos en las FF.AA.

Castillo designa al congresista Héctor Valer como nuevo presidente del Consejo de Ministros pese a los antecedentes de violencia familiar y otros cuestionamientos en su contra.

También nombró a Wilber Supo como ministro de Ambiente, quien tenía solo como experiencia previa ser docente en un colegio de Carabayllo, y a Katy Ugarte como ministra de la Mujer, nombramiento que se alejaba de las políticas de género.

Mirtha Vásquez dijo que su renuncia a la PCM fue resultado de la crisis en el Ministerio del Interior, días después de la salida de Avelino Guillén del sector. “Por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como Interior”, escribió en una carta.

Karelim López se presentó como aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público y afirmó que el presidente Pedro Castillo integra una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y dirige licitaciones del sector.

También dijo que hay un grupo de congresistas de Acción Popular, llamados ‘Los Niños’, que estarían coludidos con el gobierno.

El abogado César Nakazaki dijo que su defendida, Karelim López, señaló ante la fiscalía que tenía conocimiento de que las reuniones que se llevaban a cabo en el inmueble de Sarratea eran organizadas por los sobrinos de Pedro Castillo.

Bancadas de oposición presentaron en el Congreso una moción que plantea la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. Se trata del segundo intento para destituir al mandatario en menos de un año.

El presidente se presentó en el Congreso y anunció la convocatoria del Acuerdo Nacional para solucionar las fricciones con la oposición. La cita se dio en medio de los cuestionamientos a su gestión y la aprobación de una moción de vacancia en su contra.

La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del Caso Puente Tarata, dirigió un operativo de allanamiento y detención preliminar contra 11 presuntos implicados en la adjudicación irregular de la millonaria obra a un consorcio relacionado con Karelim López. Detuvieron a Zamir Villaverde, George Pasapera Adrianzén y Víctor Valdivia Malpartida.

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo; y Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, fueron incluidos ayer en la lista de personas buscadas del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

Transportistas paralizaron actividades y generaron bloqueos. Hubo disturbios en la ciudad de Huancayo. Debido a las movilizaciones en diferentes regiones y en Lima, el gobierno anunció el toque de queda para la ciudad de Lima y Callao.

5 de mayo: Plagio | La fiscalía de Tacabamba (Chota) abrió una investigación preliminar al presidente y la primera dama por presunto plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido. Estas imputaciones son por hechos anteriores a su gestión, al haberse advertido presuntos plagios en la tesis de maestría que ambos sustentaron el 2012 en la Universidad César Vallejo (UCV).

29 de mayo: Caso mafia en el MTC | El exfiscal de la Nación Pablo Sánchez abrió una investigación preliminar al presidente por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias agravado y colusión agravada -incorporado en el caso donde está implicado Juan Silva y congresistas de Acción Popular- por una presunta mafia que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que estaría encabezada por el jefe de Estado. 

Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, se suma a la lista de prófugos del gobierno. Esto luego de que se ordene una detención preliminar en su contra. El presidente acudió al Poder Judicial para que, vía tutela de derechos, se anule la investigación por presunta corrupción y no acudir a la Fiscalía para brindar su declaración. 

13 de julio: Caso Ascensos FF.AA. y Policía Nacional | La fiscal de la Nación decidió iniciar la investigación preliminar contra el presidente por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Al jefe de Estado se le acusa, junto al exministro de Defensa Walter Ayala y Bruno Pacheco, y se sindica al presidente liderar una organización que habría intervenido en los ascensos militares y policiales del 2021.

21 de julio: Caso Mininter | El Ministerio Público inició una investigación contra el presidente por el presunto delito de encubrimiento personal luego de que el exministro del Interior Mariano González denunció que el jefe del Estado buscaría obstaculizar la labor policial en la búsqueda de prófugos que son parte de su entorno, como Bruno Pacheco, su sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva, todos solicitados por la justicia.

22 de julio: Caso Petro-Perú | La fiscal de la Nación reactivó la investigación al presidente por el presunto delito contra la administración pública – tráfico de influencias por la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. por parte de Petro-Perú Este expediente había quedado suspendido en la gestión de Zoraida Ávalos.