Aunque el expresidente Pedro Castillo ha referido estar “incomunicado”, la Defensoría del Pueblo reveló que el docente ha recibido la visita de 139 personas en los cinco primeros días de su detención preliminar en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate Vitarte. El docente es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Castillo fue detenido en flagrancia hace una semana, luego de haber ordenado la disolución inconstitucional del Congreso, la intervención del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, y la instalación de un gobierno de “excepción”.
La defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, indicó que el último lunes una delegación de su institución acudió a la Diroes para observar cuáles son las condiciones “de la detención” del exmandatario. Por ejemplo, refirió que el docente tiene acceso a tres ambientes y puede comunicarse no solo con sus abogados, sino también con sus familiares y allegados.
“Él tiene suficiente espacio, son tres espacios [por los que se puede trasladar], ayer [lunes] al mediodía, 139 personas lo visitaron [desde su aprehensión]. Estas personas le llevan cosas”, manifestó en una entrevista con Latina Noticias.
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Revollar contó que los representantes de la Defensoría del Pueblo intentaron dialogar con Castillo Terrones, pero este se negó, a través de la ex primera ministra Betssy Chávez.
Agregó que, ante la insistencia de los comisionados, el mismo Castillo expresó que no quería conversar con ellos.
“El expresidente señaló que no quería conferenciar con nuestra institución, es su derecho, hemos levantado un acta […] Hemos verificado que sus condiciones son adecuadas, que cuenta con ambientes [para desplazarse], que conferencia con sus abogados, la situación no es una en la que sus derechos fundamentales se hayan irrespetado”, remarcó.
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Los visitantes
Entre los visitantes del ex jefe de Estado figuran los congresistas Katy Ugarte y Pasión Dávila, del Bloque Magisterial; Guido Bellido (no agrupado) y Chávez, de Perú Democrático. Estos dos últimos- de acuerdo a un informe de Inteligencia de la Policía- serían los instigadores de las protestas violentas en el país.
Chávez Chino enfrenta una denuncia constitucional en el Parlamento por ser presuntamente coautora de los delitos de rebelión y conspiración.
Fuentes de El Comercio indicaron que la ex jefa del Gabinete Ministerial estaría manejando las redes sociales de Castillo Terrones, donde se han publicado tres cartas del exmandatario. En la primera calificó de “usurpadora” a la presidenta Dina Boluarte y, en otra, la responsabilizó por el “feroz ataque” a los que se manifiestan en contra del Ejecutivo y Congreso.
Ronald Atencio, uno de los abogados de Castillo Terrones, dijo que no sabe quién administra las redes sociales de su cliente.
“No le he preguntado, no le podría decir”, respondió al ser consultado al respecto.
En comunicación con este Diario, Atencio reconoció que el exmandatario “definitivamente tiene comunicación”. Añadió que la queja de Castillo va por el lado de que él cree que “sufre de una detención arbitraria”.
“Y cuando dice que está incomunicado es porque no tiene un celular, no tiene una televisión, tampoco radio, no tiene cómo conocer lo que está pasando en el país. Y no es que todos podamos reunirnos con él, se ingresa uno por uno. Y muchas veces tenemos que esperar, la defensa termina teniendo pocos minutos con él”, expresó.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Jiménez Mayor advirtió que Castillo y sus aliados están intentando “construir una narrativa de afectación a sus derechos fundamentales” y que este discurso ha tenido acogida en un sector de la región, al recordar el pronunciamiento de México, Colombia, Bolivia y Argentina, donde desconocen a Boluarte como presidenta.
Jiménez dijo que no estaría de más que la Cruz Roja, como lo plantearon desde el Congreso, se reúna con el expresidente.
El también ex jefe de Gabinete Ministerial consideró “desproporcionado” el número de visitas que registra Castillo en apenas seis días de detención preliminar.
“Los congresistas tienen prerrogativas y pueden ingresar a un centro de detención, ojalá también fueran a ver a otros ciudadanos que están recluidos, que vayan al penal de Lurigancho, y no solo a ver al señor Castillo”, manifestó a El Comercio.
Jiménez, además, refirió que Castillo “no es un demócrata” y “busca presionar a las autoridades a través de la convulsión social” para obtener resultados a favor de sus intereses personales.
La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello indicó que el reporte de la Defensoría del Pueblo no solo devela que los derechos fundamentales del expresidente están siendo respetados, sino también que algunos congresistas están abusando de sus prerrogativas para ingresar las veces que quieren a la Diroes.
Agregó que no es función de los parlamentarios fungir de mensajeros de Castillo Terrones, sobre todo, cuando las expresiones del exmandatario azuzan a la población.
“Castillo dio un golpe de Estado, el Ministerio Público dentro de sus facultades deben garantizar que no haya impunidad. Y cabe recordar que él tiene investigaciones por actos de corrupción y tiene que responder”, manifestó a este Diario.
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Más información
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado, indicó que, al penal de Barbadillo, que funciona dentro de la Diroes, actualmente no se ha registrado “ningún nuevo ingreso”. Agregó que el único interno que alberga este centro es el expresidente Alberto Fujimori.
El INPE precisó que el ingreso a un centro de reclusión “se da exclusivamente por mandato judicial y no por una detención policial”.
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