Pedro Castillo: sus argumentos para dilatar votación de la Comisión Permanente y una tensa sesión en el TC

En el fuero parlamentario y solo a horas del desarrollo de la sesión de la Comisión Permanente, uno de los oficios firmados por Castillo y su abogado José Palomino pide que “por equidad” se reprograme la citación. En el escrito dirigido a José Williams, presidente del Congreso, el mandatario argumentó que este miércoles, desde las 9 a.m., participará en una audiencia virtual de apelación en torno a una tutela de derechos que determine si puede ser investigado de acuerdo al artículo 117 de la Constitución.

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En el otro documento aseguró que tiene “la intención de acudir” a la Comisión Permanente, pero antes demandó que se le permita el acceso a información de lo actuado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no le ha sido notificada. Ello en pro de su derecho de defensa y respeto al debido proceso. Asimismo, arguyó que la invitación a la sesión legislativa le fue cursada “recién” el 11 de noviembre.

“La audiencia de tutela de derechos del Poder Judicial es con varios días de anticipación. No puede estar en dos sesiones […] La Comisión Permanente tiene que señalar nueva fecha, ojalá no la haga inmediatamente”, indicó el abogado de Castillo a El Comercio.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, precisó que “todo documento de la subcomisión se le remite a la defensa”. No obstante, no se expresó en contra de la reprogramación planteada por Castillo y señaló que aún no hay fecha para la nueva sesión.

La Comisión Permanente volverá a sesionar este viernes, pero en la agenda no está incluido el caso del presidente.

Al voto en el TC

Mientras tanto, el pleno del TC sesionó este martes y dejó al voto la demanda de hábeas corpus que presentó Castillo con el fin de que se declare nulo el proceso en la subcomisión que busca su inhabilitación y que se le procese por traición a la patria. El recurso plantea que se ordene el archivo definitivo del caso por una presunta vulneración al debido proceso, manifestada en la debida motivación en sede parlamentaria, inexistencia del acto y delito de presunta traición a la patria, la afectación a la libertad de conciencia, entre otros.

Durante los alegatos, Eduardo Pachas, abogado del presidente, subrayó que la denuncia constitucional no toma en cuenta que –durante la entrevista de enero pasado con CNN, en donde su defendido habló de consultar a los peruanos una salida al mar para Bolivia– el jefe de Estado señaló al final: “Yo no estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia […] No es mi intención”.

Por su parte, el procurador del Congreso, Yuri García Cano, sostuvo que la defensa de Castillo no señaló vulneración de requisitos de admisibilidad de la denuncia, que no hay afectación al debido proceso porque aún no hay decisión de fondo y que lo que hace el Parlamento es ejercer su prerrogativa de control político.

La audiencia se tornó tensa cuando ambas partes recibieron cuestionamientos de parte de los magistrados del TC. Al procurador del Congreso se le consultó por el acto concreto para sustentar que hay delito o si acaso la opinión es un ilícito, a lo que el letrado admitió que se trata de un hecho “en grado de tentativa” o “un delito no consumado”, y que “algún acto material no está postulado en el informe final”.

Al abogado del presidente se le cuestionó por los derechos que, a su juicio, estaban siendo afectados y por su postura de adelantarse a un escenario contrario a los intereses de su defendido, considerando además que el Congreso no tiene capacidad jurisdiccional para enviar a la cárcel a Castillo.

Pachas replicó que “los plazos ya se están venciendo, la amenaza es inminente” y sostuvo que se está perjudicando el derecho a la defensa, a no conocer el hecho concreto de presunta traición a la patria, la debida motivación de resoluciones en sede parlamentaria, entre otros.

Impacto

Para el constitucionalista Erick Urbina, un escenario es que el TC declare infundado el hábeas corpus planteado por Castillo, se generaría un precedente a ser “valorado y repetido en próximas situaciones similares, e incluso considerado por el Poder Judicial”.

“En caso el hábeas corpus sea declarado fundado, el Parlamento tiene que hacer caso a la sentencia del Tribunal Constitucional si esta dispone que se anule la denuncia constitucional. Hay antecedentes, como el caso de Alan García [y la ‘megacomisión’ a nivel del Poder Judicial)”, agregó. De darse esta situación, acotó, el presidente podría interponer una nueva demanda de hábeas corpus o amparo para otros casos, como la denuncia constitucional que le interpuso la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, precisó que si la decisión del TC se da luego de que el pleno del Congreso resuelva el caso, se da la sustracción de la materia y el fallo será un criterio a aplicarse a futuro. “El tribunal está viendo si es que se está siguiendo el proceso constitucional previsto, si hay una vulneración de derechos fundamentales, pero no está entrando al fondo del asunto […] El TC podría invocar al Congreso a que corrija si se ha vulnerado algún derecho fundamental, disponer que vaya a fojas cero y que desarrolle a nivel constitucional la figura de traición a la patria, y que el Congreso vea nuevamente el caso”, subrayó y añadió sobre el fundamento del Parlamento que “si no hay acciones, no hay delito”.