Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
El Ministerio Público ratificó que el expresidente Pedro Castillo, junto con Betssy Chávez (ex primera ministra) y Aníbal Torres (entonces asesor de la PCM), participaron en los actos para la preparación del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada este miércoles, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, dio cuenta de las precisiones que realizó la fiscalía respecto a la tesis vinculada a los actos previos, que llevaron a Castillo Terrones a buscar disolver el Congreso e intervenir diversos órganos constitucionales.
Según el informe presentado por la fiscalía, el 6 de diciembre del 2022, a las 21:49 horas, Castillo, Chávez y Torres sostuvieron una reunión en el despacho presidencial, donde coordinaron los presuntos actos ilícitos que desplegarían al día siguiente.
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“Se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario Castillo Terrones, el exjefe de gabinete de (asesores de) la PCM, Torres Vásquez y la ex presidenta del Consejo de Ministros Chávez Chino, en el Despacho Presidencial; quienes se encargaron de coordinar los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conllevó a dar órdenes destinadas a cumplir el plan criminal”, reseñó el juez sobre lo indicado por la fiscalía.
Entre las precisiones, la fiscalía señaló además que los ex ministros de Comercio Exterior, Roberto Sánchez y del Interior, Willy Huerta, registran ingresos a Palacio de Gobierno ese mismo 6 de diciembre.
Como se recuerda, Pedro Castillo cumple prisión preventiva acusado por presunta rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La fiscalía ha pedido 34 años de cárcel por haber preparado y ejecutado un golpe de Estado, a través de un mensaje presidencial, que disponía el cierre del Congreso, la intervención del fiscal de la Nación y otras acciones en contra del orden constitucional.
“El 6 de diciembre del 2022, el exministro de Comercio, (Roberto) Sánchez, ingresó a las instalaciones a las 11:54 y permaneció hasta las 19:03 horas y el exministro del Interior, (Willy) Huerta Olivas, que estuvo presente alrededor a las 17:34, concurrieron a Palacio de Gobierno donde se encontraba el ex jefe de Estado, Castillo Terrones”, indicó el magistrado.
Se informó que la fiscalía también precisó que Castillo Terrones es imputado como “autor” y no “co-autor” del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de grave perturbación.
Los cuatro hechos fueron declarados “subsanados” y “precisados” por el juez Checkley Soria.
El abogado de Pedro Castillo, Luis Medrano Girón, estuvo presente en la audiencia virtual, al igual que el exmandatario, sin embargo no cuestionaron las precisiones en ese momento.
Pedro Castillo dio un mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y un gobierno de emergencia nacional por 100 días. (Foto: TV Perú)
Implicados insisten en pedir el archivo del proceso
De otro lado, durante la audiencia, las defensas de Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Eder Infanzon Gomez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, sustentaron sendos recursos -de excepción de improcedencia de acción- solicitando el archivo del proceso donde son imputados por el presunto delito de rebelión.
En el caso de Chávez Chino, su defensa afirma que no se ha explicado cómo redactar un mensaje y contactarse con los medios o comunicarse con el exministro del Interior se encuentra vinculado al delito de rebelión.
En el caso de Sánchez Palomino, su defensa solicitó el “archivo definitivo” pues, argumenta, que los actos que se le imputan son “incompatibles” con la descripción fáctica del delito de rebelión.
El Congreso de Perú destituyó a Castillo después de que este tratara en vano de disolverlo y declarar el estado de excepción.
Huerta Oliva, a través de su defensa, también argumentó que no se ha precisado qué acción realizó para imputarse el delito de rebelión, ya que únicamente se le ubica en el despacho presidencial donde estuvieron varias personas.
La fiscal suprema adjunta Galinka Meza solicitó que se declare infundado los pedidos y puntualizó que las defensas de los acusados buscan debatir los elementos de prueba a través de un recurso que no lo permite.
Meza precisó que los requerimientos deberán ser debatidos y analizados en el juicio oral, si se lleva el caso a esa instancia.
“No puede ser de recibo los argumentos, dado que ha quedado establecido que los hechos que se le imputan como coautores, por división de roles, están corroborados con los elementos de convicción y que potencialmente son pruebas que deberán ser actuadas en un eventual juicio oral.”
La fiscal remarcó que, a nivel de la Corte Suprema, ya se ha definido que el delito de rebelión, no necesariamente implica el uso de armas, pues basta con que se haya amenazado el bien jurídico del Estado.
Por ejemplo, prosiguió, en el caso de Chávez Chino no solo se ha determinado su participación en la elaboración del mensaje presidencial, sino que estuvo en los actos previos, y tuvo un comportamiento activo para ejecutar las acciones dispuestas por Castillo Terrones: ordenar que se permita el ingreso de manifestantes a la plaza de Palacio, convocar a los ministros de Estado, elaborar el decreto supremo y su intento para huir a la Embajada de México.
Por su parte, el procurador adjunto de la Procuraduría General del Estado, Percy Peñaloza, pidió que se rechace el pedido de los acusados. Remarcó que la Corte Suprema “ya ha establecido con claridad que en una excepción de improcedencia de acción no se puede cuestionar los elementos de convicción”.
La audiencia continuará el próximo 3 de julio del 2024, desde las 3:00 de la tarde. En esta, continuarán exponiendo sus alegatos la defensa de los acusados y el juez determinará si resuelve los pedidos ese mismo día o programa otra fecha para su pronunciamiento.
Mira aquí la audiencia:
